El fiasco de los trenes de Cantabria y Asturias ha sido el detonante de la defenestración de Isabel Pardo de Vera como secretaria de Estado de Transportes, pero no la única razón de su abrupta salida del Ministerio que dirige Raquel Sánchez. La decisión de la que también fue presidenta de Adif de privatizar siete torres de control situadas en aeropuertos críticos de la red aeronáutica española ha resultado determinante en su destitución como ‘número dos’ del departamento.
La orden ministerial aprobada el pasado 9 de febrero para dar curso a la liberalización de las torres de control de los aeropuertos de Bilbao, Málaga, Santiago, Palma de Mallorca, Gran Canaria, Tenerife Sur y Tenerife Norte se ha dado de bruces con el actual contexto preelectoral sin que Pardo de Vera, con un perfil más técnico que político, “supiera medir las consecuencias de una iniciativa que habría desencadenado una huelga de controladores en puertas de las elecciones del 28 de mayo y, por supuesto, abierto una nueva vía de agua en el Gobierno de coalición”, según fuentes ministeriales conocedoras de proceso.
El empeño de la exsecretaria de Estado, obligada a dimitir el pasado 20 de febrero junto al ya expresidente de Renfe Isaías Táboas por el escándalo del deficiente diseño de los trenes destinados a la red ferroviaria de Cantabria y Asturias , es calificado de “extraño” entre las partes conocedoras del proyecto, actualmente en fase de consulta púbica, que, dado el perfil del nuevo secretario de Estado de Transportes, David Lucas, parece abocado a permanecer una temporada larga metido en un cajón ministerial, al menos durante el desarrollo del calendario electoral y mientras se prolongue, a partir del próximo mes de junio, el semestre de la presidencia española de la Unión Europea.
En las semanas previas a su renuncia forzosa, Pardo de Vera se reunió con representantes del ENAIRE, el gestor público responsable del control aéreo nacional, así como con dirigentes de USCA, el sindicato que agrupa a los controladores, para trasladarles su voluntad de acelerar la privatización. Unos y otros argumentaron razones distintas para desaconsejarla.
Según datos manejados por el sindicato sectorial, ENAIRE es uno de los proveedores de servicios aéreos de titularidad estatal “más eficientes, competitivos y rentables de Europa, por lo que no se entiende esta insistencia “en poner en manos de los operadores privados Skyway y Saerco” el control de unos aeropuertos “cuya complejidad podría comprometer la seguridad aérea si acaban en manos privadas”.
La orden ministerial que abre el proceso liberalizador invoca la privatización como una práctica extendida en otros países europeos. Sin embargo, recientemente, las autoridades públicas han retomado el control del aeropuerto de Gatwick (Londres) tras comprobar “las deficiencias de seguridad y la merma en el servicio generadas por una gestión privada incapaz de gestionar un aeropuerto de características tan complicadas”.
Las razones de coyuntura política fueron las principalmente esgrimidas desde el propio gestor aeroportuario. Pero no solo. En este sentido, pesa la experiencia de privatización de 2011, cuando se otorgó el control de trece aeropuertos a las empresas privadas Saerco y Ferronats, distinguida “por una planificación concienzuda que contrasta con las prisas y la improvisación del proyecto actual”.
Es algo que se le expuso a la exsecretaria de Estado, con demasiados “frentes abiertos” para garantizarse una continuidad ministerial definida, según las fuentes consultadas, por un “funcionamiento autónomo”, al margen de la titular de Transportes, Raquel Sánchez. Una suerte de “ministerio paralelo” cuyos detalles escapaban al conocimiento de la ministra.
El rechazo a la implantación del modelo liberalizador sobre las siete torres de control incluidas en la orden ministerial aumenta a medida que se acercan las sucesivas convocatorias electorales. El último ejemplo es el del Ayuntamiento de Málaga, cuyo aeropuerto es uno de los afectados: el pasado jueves, el Consistorio, a iniciativa del PP, se opuso a la privatización del aeródromo en un pleno en que el grupo socialista se abstuvo de secundar las intenciones de una exsecretaria de Estado que ya es historia en el Ministerio de Transportes.