Las exigencias de Carles Puigdemont para permitir la investidura de Pedro Sánchez han embarcado al Gobierno en funciones en una carrera contrarreloj a varios niveles para intentar satisfacer al expresidente catalán. El calendario aprieta y, además de una posible amnistía, la inclusión del catalán, junto con el euskera y el gallego, como idiomas oficiales de la Unión Europea se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el actual Ejecutivo.
Moncloa ya ha trasladado su intención formal a Europa de elevar esta cuestión cuanto antes al más alto nivel. De hecho, pretende tratar el tema el próximo martes 19 en el Consejo de Asuntos Europeos que se celebrará ese día en Bruselas. El representante permanente de España ante la UE es habitualmente la cara visible de nuestro país en estas citas pero, en esta ocasión, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se desplazará hasta la capital comunitaria de manera excepcional para intentar impulsar una discusión y posterior votación favorable. Conseguir el visto bueno de los 27 para oficializar las tres lenguas allanaría considerablemente el camino a un nuevo mandato de Pedro Sánchez.
Albares ha dedicado mucho tiempo a esta cuestión en las últimas semanas y ha tratado de explicar a varios de sus socios que el encaje constitucional de estas tres lenguas en España constituye "un caso muy específico y propio de nuestro país". En este sentido, fuentes del Gobierno lanzan en los últimos días el mensaje de que ningún país se ha mostrado abiertamente opuesto a esta posibilidad aunque matizan, eso sí, que las discusiones del próximo día 19 son una incógnita. La propuesta está presentada formalmente pero a estas alturas aún no está garantizado ni el debate, ni mucho menos la adopción de la misma.
Unanimidad casi imposible
El gran problema para el Gobierno de Sánchez es que esta decisión requiere una aprobación por unanimidad de los 27 Estados miembros y que el optimismo de Moncloa choca con la interpretación de la situación que hacen varios partidos de la oposición. Tanto el Partido Popular como Vox y Ciudadanos se muestran contrarios a la adopción del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales y dan por hecho que varios países, gobernados por miembros de sus familias políticas europeas respectivas, no van a apoyar de ninguna manera esta medida, especialmente aquellos que también cuentan con lenguas minoritarias en sus propios territorios y que no quieren contribuir a generar precedente.
Los casos más evidentes son los de Italia o Polonia, que forman parte del grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR) en el que también está integrado Vox. Fuentes de la delegación europea del partido de Santiago Abascal consultadas por Vozpópuli han sido tajantes al respecto al asegurar que "no hace falta ni que se lo digamos", en referencia a un posible llamamiento a los gobiernos de Giorgia Meloni y Mateusz Morawiecki para que bloqueen esta iniciativa en el Consejo de la UE.
Los países no están dispuestos a favorecer a Pedro Sánchez "por un problema suyo personal y por un requisito que le ha hecho Puigdemont"
Fuentes de la delegación europea del Partido Popular también minimizan las opciones de éxito del Ejecutivo y creen que los países europeos no están dispuestos a ser forzados a tomar decisiones precipitadas para favorecer a Pedro Sánchez "por un problema suyo personal y por un requisito que le ha hecho Puigdemont". Recuerdan, además, que el PSOE ha cambiado de criterio sobre esta cuestión ya que en el pasado ha contribuido con su voto a rechazar medidas similares.
Desde la delegación europea de Ciudadanos, que mantiene un fuerte peso específico entre los liberales europeos del grupo Renew, también coinciden en que la unanimidad en una cuestión tan peliaguda parece poco probable. De hecho, un gobierno liberal, el de Eslovaquia, ha sido el primero en rechazar esta posibilidad por fuertes reticencias que también reconocen países tan importantes como Alemania o Hungría. El miércoles por la tarde, con el propio Albares todavía de gira en la sede de Estrasburgo del Parlamento Europeo, ha sido Suecia el país que ha expresado el rechazo que le genera esta iniciativa.
Traducciones "low cost"
En la Unión Europea existen 24 idiomas oficiales, puesto que el francés, el alemán, el neerlandés y el griego se repiten en varios Estados miembros. Esto significa que existen hasta 552 combinaciones de idiomas posibles. Solo en caso del Parlamento Europeo, la Dirección General de Traducción emplea a aproximadamente 1 140 personas, de las cuales más de 600 se dedican a la traducción, y es uno de los mayores empleadores de este tipo en el mundo. Esta institución cuenta también con 270 intérpretes en plantilla. A estas cifras hay que sumar las del resto de instituciones europeas. Incluir tres lenguas más obligaría a aumentar considerablemente estas plantillas con el consiguiente gasto que esto supondría.
Preguntadas por la financiación de las traducciones en caso de una hipotética luz verde a la oficialidad en la UE de catalán, euskera y gallego, fuentes del Gobierno explican que no se ha llegado a pensar en esta situación ni a plantearse si el coste debería correr a cargo de toda la UE o solo de España. Sin embargo, argumentan que "con las nuevas tecnologías se abarata el coste de las traducciones".
