Del Rivero pide que Brufau y Fainé declaren como testigos en el juicio contra Villarejo

Luis del Rivero pide que Antonio Brufau e Isidre Fainé declaren como testigos en el juicio contra José Manuel Villarejo por el proyecto Wine. El expresidente de Sacyr les incluye en su lista de 48 personas que quiere que testifiquen en la vista oral por el encargo que Repsol y Caixa efectuaron a José Manuel Villarejo en 2011 para espiar a Del Rivero.

Así se desprende del escrito de acusación del empresario murciano, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el marco del cual se reclama que se cite en el juicio a cerca de medio centenar de personas, entre las que se encuentran altos cargos de ambas firmas. Así, además de Brufau y Fainé, quiere que testifiquen exdirectivos de la petrolera que llegaron a figurar imputados como Luis Suárez de Lezo, Joaquín Uris y Juan de Amunátegui, además del exdirector general de Medios de Caixa Antonio Massanell.

El propio Del Rivero, cuya defesa legal ejerce el abogado Jaime Campaner, se incluye en la larga lista de testigos que tendrían que desfilar por la Audiencia Nacional durante el juicio de esta pieza 21 de la macrocausa. Además propone la comparecencia de su mujer, Natividad Martínez Bolívar, su secretaria o el que fuera jefe de Seguridad de Sacyr, Rodrigo Álvarez Vázquez, a quien Villarejo y sus hombres apodaban 'el cid'.

La lista la completan un total de 14 agentes de la Policía Nacional y también directivos que ya declararon como testigos en instrucción. Se trata de Rubén Benavent Aswani (auditor de Caixa), Isabel Moreno Salas (directora de auditoría de Repsol) o Enrique Hernández (jefe del compliance de la petrolera). Finalmente propone también a Vicente Benedito (exsecretario del Consejo de Sacyr) al exdirector general de Pemex Juan José Suárez Coppel y a empleados de la empresa de espionaje de Villarejo.

Se reserva la acción civil contra Caixa y Repsol

Del Rivero solicita que se abra juicio oral contra un total de cinco personas. Se trata de Villarejo (para quien reclama la pena más alta de 18 años de cárcel por delito contra la intimidad y cohecho), su socio en Cenyt Rafael Redondo (8 años de cárcel) además del exjefe de Seguridad en Repsol Rafael Araujo, su homólogo en Caixa, Miguel Ángel Rancaño y el que fuera segundo de Araujo en Repsol, Rafael Girona. Estos tres afrontan una petición de 14 años de cárcel cada uno por el conocido como 'proyecto Wine'.

A diferencia de Anticorrupción, que pide penas más elevadas para los acusados y que Caixa y Repsol sean juzgados como responsables civiles subsidiarios de este encargo, Del Rivero traslada en su escrito que se reserva "expresamente" el ejercicio de la acción civil contra los dos dos entes.

El expresidente de Sacyr asegura en su escrito de acusación que estuvo "completamente monitorizado" por Villarejo y sus socios mientras duró este encargo de espionaje. El mismo arrancó ante el temor por parte de Repsol de que Sacyr, en su acuerdo con Pemex, se hicieran con un tercio del capital de la petrolera. Del Rivero defiende que la operación produjo un impacto "tremendamente positivo" en las cotizaciones en Bolsa de ambas compañías y que lo que se quería era "mejorar la gestión" de la petrolera, que consideraban "infravalorada".

Según sostiene, desde que se hizo público el pacto entre Sacyr y Pemex se produjo una "reacción virulenta" desde las cúpulas de Repsol y Caixa, cuyos directores de Seguridad terminaron contratando a Villarejo para conseguir frustrar la actuación. "Los acusados se concertaron previamente en estos términos aún a sabiendas de la condición de funcionario en activo de Villarejo", insiste.

Contrato verbal y pagos troceados

A partir de entonces Villarejo siguió el modelo de actuación aplicado a otros clientes del Ibex y comenzó a controlar al milímetro los movimientos de Del Rivero y de su entorno más cercano, así como de los socios de Pemex. El comisario fue dando parte a Araujo y Rancaño aunque, según el perjudicado, se cuidaron de no dejar rastro de esta actuación. Por ello la contratación se acordó "verbalmente" y los pagos (cercanos a los 400.000 euros) se trocearon ocultando la verdadera naturaleza del proyecto.

Se produjo una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones de Del Rivero, que estuvo completamente monitorizado durante ese período

Al hilo recuerda los archivos y documentos incautados en el domicilio de Rafael Redondo tras el estallido del caso en noviembre de 2017. El abogado atesoraba carpetas tituladas 'Wine' que contenían la propuesta económica del proyecto, el listado de llamadas interceptadas, además de información de las empresas y el patrimonio de Del Rivero. La Policía constató que Villarejo también buscó trapos sucios de Del Rivero tratándole de vincular a causas de corrupción como el caso Malaya.

Al respecto vincula el encargo de espionaje con el fracaso de la acción sindicada con Pemex, si bien la Fiscalía, en su escrito de acusación, sostiene que el encargo se alargó hasta 2012, una vez materializada su destitución como presidente de Sacyr. El objetivo era controlar las acciones que pudiera emprender como reacción a lo ocurrido. Los propios acusados relataron al respecto en sede judicial que la preocupación en Repsol por la maniobra que preparaba Del Rivero era muy grande y que se temía un asalto muy perjudicial para la petrolera.

La versión de Brufau y Fainé

Los propios espadas de las dos compañías comparecieron en sede judicial tras su imputación en la causa. Tanto Brufau como Fainé se desligaron de la contratación del comisario jubilado. El primero de ellos explicó que ese asunto no es competencia de un presidente y que lo gestionó exclusivamente el área de Seguridad. El segundo, por su parte, dijo que el encargo lo fraguó la petrolera y que él no tuvo nada que ver ni en el contrato ni en la ejecución.

El magistrado terminó archivando sus imputaciones. Aunque la Sala de lo Penal ordenó la reapertura en febrero de 2022 de cara a practicar las diligencias pendientes, el juez volvió a dar carpetazo al asunto y la Sala confirmó el archivo en enero de este año. También se cerró la causa para las compañías como personas físicas en gran parte gracias al compliance de Repsol y al testimonio de su responsable, quien en sede judicial dijo que todos los directivos de la multinacional que entrevistó le confesaron que no sabían que Villarejo era un policía en activo en el momento de la contratación.