La polémica reforma permite a la fiscal Delgado informar a Sánchez de causas

La reforma incluida por el PSOE en la Ley Concursal y que afecta a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, incluye también un cambio de calado en la Carrera Fiscal. La enmienda del grupo parlamentario socialista propone además que la máxima representante del Ministerio Fiscal pueda informar al Gobierno por iniciativa propia de aquellos asuntos especialmente importantes en los que intervenga.

Este cambio legal se incluye entre las disposiciones que recoge la enmienda y permite la posibilidad de que la fiscal general del Estado informe "por escrito" al Gobierno de la actuación del Ministerio Fiscal "en asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y que por su naturaleza y relevancia deba conocer". La reforma apostilla que esta información "podrá venir referida también al funcionamiento de la Administración de Justicia".

Se trata de aspectos que vendrían a modificar el artículo noveno del Estatuto que regula la actuación de la Carrera Fiscal ya que deja "a la propia iniciativa" de la fiscal general la posibilidad de informar al Ejecutivo sobre las diligencias en las que está implicado el Ministerio Público. En su redacción original el artículo noveno precisa que "el fiscal general informará al Gobierno, cuando éste lo interese y no exista obstáculo legal, respecto a cualquiera de los asuntos en que intervenga el Ministerio Fiscal, así como sobre el funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia".

Sin comparecer en el Consejo de Ministros

Además añade que "en casos excepcionales podrá ser llamado a informar ante el Consejo de Ministros"; una referencia que se borra de esta nueva propuesta la cual, según sus autores, busca adaptar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al último informe elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).

Se trata de otro cambio de calado del Estatuto que el grupo parlamentario socialista 'coló' en la enmienda sobre la Ley Concursal, en la que también propone que se le pueda otorgar a la fiscal general del Estado categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo (la más alta de la carrera) cuando se produzca un cese. Estas modificaciones, hechas públicas en la tarde de ayer, provocaron un férreo rechazo de otros partidos del arco parlamentario, así como de la carrera judicial y fiscal.

Dos de las tres asociaciones de fiscales han reaccionado apuntando que la forma de actuar del Gobierno "sugiere cierta urgencia" de proporcionar una salida a la actual fiscal general. Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) alegan que esta propuesta es un "despropósito" que ahonda en la "politización de la Fiscalía". Por su parte, la mayoritaria Asociación de Fiscales lo califica de "inaceptable" y reprocha que impulsen una modificación de este calado sin publicidad y a espaldas a la carrera fiscal y judicial.

Rechazo de los fiscales

En lo que respecta a la modificación que permite al fiscal general informar al presidente del Gobierno de asuntos de especial relevancia, la Asociación de Fiscales precisa que es cierto que el GRECO recomienda clarificar la comunicación entre el máximo representante del Ministerio Público y el Gobierno para garantizar más transparencia y publicidad y que la reforma impone la forma escrita, lo que constituye un avance.

No obstante, avisan que se incluye "novedosamente" que el fiscal general se pueda dirigir por su propia iniciativa al Gobierno para informar, no sólo sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia, sino sobre asuntos concretos que el Gobierno deba conocer. "Esta previsión supone un elevado riesgo de injerencia en la Justicia por el Gobierno por la absoluta ausencia de concreción de supuestos en que se deba facilitar la información, por ejemplo, cuando afecte a los intereses de la nación", replican.