España afronta los rebrotes sin el 'plan B' que prometió el Gobierno

Cuando a mediados de mayo el Gobierno de Pedro Sánchez negociaba a contra reloj la sexta prórroga del estado de alarma, la vicepresidenta Carmen Calvo rectificó lo defendido hasta entonces por el propio Ejecutivo y anunció que Moncloa ya trabajaba un 'plan B' para hacer frente a posibles rebrotes de la covid-19 sin necesidad de recurrir al estado de alarma. 

Una batería de reformas legales que facultaría al gobierno y a las comunidades autónomas para adoptar las medidas restrictivas que hicieran falta para hacer frente a posibles rebrotes del coronavirus sin necesidad de volver a decretar las medidas excepcionales contempladas en el artículo 162 de la Constitución. 

"Salir de la alarma significa darnos a nosotros mismos los instrumentos importantes para poder navegar ante cualquier situación que vuelva a perturbarnos", señaló Calvo el 13 de mayo, sin concretar qué leyes cambiaría el Gobierno para llevar a cabo un 'plan B' al que Moncloa se comprometió en el acuerdo alcanzado con Ciudadanos para aprobar la sexta prórroga del estado de alarma.

Más de dos meses después, y con los nuevos contagios disparados por encima de los 600 casos diarios, no ha habido cambios legales y Moncloa no ha presentado hasta el momento un plan jurídico alternativo. Lo más parecido al 'plan B' que prometió el Gobierno ha sido el 'Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por covid-19', un documento enviado esta semana por Moncloa a las comunidades autónomas como guía a seguir para hacer frente a los rebrotes. 

En ese documento se recoge el marco normativo al que se puede recurrir para adoptar medidas restrictivas frente a los rebrotes. En concreto se citan tres leyes que a día de hoy no han sido modificadas por el Gobierno: la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud; la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública; y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Todas las leyes mencionadas establecen que, para hacer frente a lo rebrotes, las comunidades autónomas podrán tomar las medidas necesarias, por razones de salud, siempre y cuando las restricciones a aplicar sean autorizadas por el poder judicial.

El PP: "No entendemos nada" 

Las tres leyes citadas por el Gobierno en el documento enviado por la, estaban incluidas entre las normas citadas por el líder del PP, Pablo Casado, para defender a principios de mayo que era innecesario prolongar el estado de alarma. Por aquel entonces, el Ejecutivo de Sánchez defendía que ese era "el único instrumento" legal para poder limitar la movilidad entre provincias y evitar la propagación del virus. 

"El documento que han enviado a las comunidades autónomas viene a reconocer lo que llevamos diciendo desde marzo, que existen leyes suficientes que prevén la activación de medidas especiales para afrontar los rebrotes y limitar la movilidad por razones de salud", señalan fuentes del PP a Vozpópuli.  

"El Gobierno tiene competencias para aplicar esas leyes e incluso las puede ampliar con los cambios legislativos pertinentes. Nos están dando la razón en ese documento", añaden las fuentes consultadas.  "Si se niegan a reconocerlo es por razones políticas y porque su intención es aplicar el estado de alarma de nuevo".

El caso de Cataluña y la justicia

Ante el reciente revés de la justicia al confinamiento propuesto en Lérida por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha reabierto el debate sobre la conveniencia de aplicar o no de nuevo el estado de alarma para evitar la propagación del coronavirus. 

Para Guadalupe Sánchez, abogada y gerente del bufete GM LEGAL EXPERTS, la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, permite la limitación de derechos que supone un confinamiento y autoriza, en su artículo 3, "las medidas oportunas para el control de enfermedades de carácter transmisible". 

"Hubiera sido deseable que en estos meses transcurridos desde que se aplicó el estado de alarma se hubiese legislado para modificar las leyes sanitarias. De manera que, al amparo de esos cambios legislativos, y sin que hubiese margen a la interpretación, las propias comunidades autónomas pudiesen limitar derechos, no suspenderlos, siempre con la autorización y supervisión del poder judicial", indica Sánchez. 

La juez de instrucción que frenó el confinamiento propuesto por Torra en Lérida alegó que la Generalitat no había acreditado de forma suficiente las razones para confinar a la población y limitar la libre movilidad, per adujo también que las medidas solicitadas por el gobierno catalán son competencia exclusiva del Estado y sólo cabe acordarlas al amparo del estado de alarma. 

Un argumento con el que discrepan muchos juristas. El Partido Popular también lamenta que el Gobierno no haya modificado la normativa existente para poder blindar a las comunidades autónomas frente a los rebrotes. Fuentes parlamentarias populares dicen no tener constancia de que el Gobierno haya avanzado el 'plan B que anunció Calvo. 

¿Puede limitarse la movilidad sin estado de alarma?

Aplicar el estado de alarma en comunidades autónomas concretas es una de la opciones que baraja el Gobierno en caso de que se descontrolen los rebrotes para poder limitar la movilidad entre regiones. 

"El estado de alarma es la herramienta más razonable para aplicar un confinamiento en todo el país, no cabe duda. Sin embargo, con la ley ordinaria (de Medidas Especiales en materia de Salud Pública) también se puede limitar la movilidad dentro de las provincias de una misma comunidad autónoma", indica la abogada Guadalupe Sánchez.

Destaca que, usando la legislación existente, una de las principales garantías es la intervención del poder judicial para garantizar el respeto a los derechos fundamentales y evitar una excepcionalidad abusiva por parte del Ejecutivo. 

"No hay mayor garantía para los ciudadanos que el tercer poder del estado sea el que entre a autorizar las medidas excepcionales y garantizar que las medidas restrictivas aplicadas contra los rebrotes respeten siempre los derechos fundamentales", sentencia.