Tribunales

El Supremo inhabilita al president Torra por su "contumaz y obstinada" desobediencia

Los magistrados ratifican la condena del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al político catalán, que reconoció no haber hecho caso de las órdenes de la Junta Electoral Central en las elecciones de abril de 2019 

El Supremo inhabilita al president Torra por negarse a retirar pancartas y lazos amarillos
El Supremo inhabilita al president Torra por negarse a retirar pancartas y lazos amarillos Europa Press

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha ratificado la condena por desobediencia del presidente catalán, Quim Torra, que fue inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para ejercer cargo público durante un periodo de un año y seis meses, según indica la sentencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

El tribunal que ha confirmado de forma unánime la condena, que también establece que Torra deberá pagar 30.000 euros de multa, ha sido presidido por Andrés Martínez Arrieta, como magistrado más antiguo de la Sala Segunda; y el ponente de la sentencia ha sido Juan Ramón Berdugo. El resto del tribunal lo han compuesto Antonio del Moral, Susana Polo y Vicente Magro.

Los magistrados, de esta forma, ratifican que desobedeció de forma "contumaz y obstinada" a la Junta Electoral Central, encargada de velar por la neutralidad de los poderes públicos en las elecciones. Además, destaca que Torra es libre de hacer las manifestaciones y actos que reflejen su identidad política, pero no de desobedecer al órgano constitucional encargado de la limpieza de los procesos electorales. Asimismo, la Sala considera que el presidente catalán tuvo una voluntad consciente de contravenir la Ley.

Vulneró la neutralidad

El ponente, el magistrado Juan Ramón Berdugo, destaca además que el ámbito del recurso “no es la exhibición de determinados símbolos o pancartas de una determinada opción política, sino su utilización en periodos electorales desobedeciendo lo dispuesto por la Junta Electoral Central que, en el ejercicio de sus funciones garantiza la transparencia y objetividad de los procesos electorales, prohibió su utilización, con vulneración del principio de neutralidad a que deben sujetarse las administraciones en general, contraviniendo órdenes expresas de aquella Junta Electoral”.

El Supremo resalta, en el mismo sentido, que Torra “en todo momento, con anterioridad, durante y después del juicio oral, no ha negado la exhibición de pancartas y otros símbolos en edificios públicos dependientes de la Generalitat, en especial en la fachada del Palau, y su negativa a cumplir las órdenes de la Junta Electoral Central”, aunque el recurrente alegara que se trataba de órdenes ilegales y que atentaban contra su libertad de expresión.

El tribunal recuerda que Torra, que es presidente de la Generalitat, escritor y abogado, dispone de una preparación y conocimientos jurídicos superiores a la media, hechos que "despejan cualquier duda acerca de la plena conciencia que el acusado tenía sobre los efectos asociados a los acuerdos de la JEC, sin que pueda hablarse de error alguno”.

La Sala considera, finalmente, que la condena por un delito contra la Administración Pública es incompatible con mantenerse en su puesto de presidente de la Generalitat: "Contradice la propia naturaleza de la pena principal establecida por el legislador para aquel delito”, concluye el fallo.

El TSJ catalán

Precisamente, a primera hora de esta tarde el TSJ catalán ha dado por ejecutada la condena de Torra, y por tanto su inhabilitación. Además, le advierte de que no debe ejercer de president: "Requiérase personalmente al penado a fin de que se abstenga del ejercer o llevar a cabo actuaciones propias de los empleos y cargos públicos para los que ha sido inhabilitado, en particular del cargo de president de la Generalitat, [...] y también para que abone y haga efectivo el importe a que asciende la pena de multa impuesta (30.000 euros)".

Precisamente Torra, que reconoció en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que desobedeció a la Junta Electoral Central (JEC), se negó la semana pasada a declarar ante el mismo tribunal en su segunda causa por desobediencia, aduciendo que es víctima de la "represión" al independentismo y que debía regresar cuanto antes a su responsabilidad para atajar la pandemia.

En la vista celebrada en el Tribunal Supremo el 17 de septiembre, la fiscal Pilar Fernández Valcarce defendió la decisión del TSJ catalán de condenar al president por un delito de desobediencia: “Todas estas decisiones de la Junta Electoral Central (JEC) no lo son contra manifestaciones políticas sino en el marco de un proceso electoral”, justificó.

Actuaciones sancionadas

Fernández Valcarce recordó también en su discurso que la ley atribuye a la Junta Electoral Central la competencia para resolver las reclamaciones en los procesos electorales. Y según el artículo 52 de la Ley del Régimen Electoral Central las actuaciones ilegales del presidente catalán deben ser sancionadas.

Quim Torra, a su salida del Supremo.
Quim Torra, a su salida del Supremo.

Asimismo la fiscal especificó, en sentido contrario a lo argumentado por el letrado de Torra, Gonzalo Boye, que las manifestaciones de los lazos amarillos y las pancartas no son actividades políticas: “Es administrativo, no político”, aunque se llevó a cabo “en un marco de actuación político y se hace en un proceso electoral”.

"Un acto político"

Por el contrario, el letrado de Torra aseguró que las pancartas en favor de los políticos presos por sedición no eran más que "un acto político". Así defendió Gonzalo Boye la negativa del presidente de la Generalitat de retirar las pancartas y los lazos amarillos de diferentes edificios del Gobierno catalán durante la campaña electoral de abril de 2019.

En un discurso de alrededor de 20 minutos el letrado consideró que la condena del TSJ de Cataluña por desobediencia “vulneró la libertad de expresión, porque se trata de hechos políticos, se trata de una pancarta: Libertad presos políticos”, recordó.

Boye también justificó la actuación de su cliente ya que considera que es inviolable al ser “miembro del Parlamento de Cataluña, y en ese momento no se le había privado del acta. Algo que le protege de sus manifestaciones”, destacó.

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