El PSOE pide más de 25 años de cárcel para Granados y acusa al PP de lucrarse con Púnica

El PSOE solicita hasta 27 años de prisión para Francisco Granados por su implicación en la trama Púnica mientras que pide que Esperanza Aguirre y el Partido Popular (ambos absueltos del procedimiento) respondan como partícipes a título lucrativo. Además de Granados, la formación socialista solicita penas de cárcel para las siete personas físicas acusadas de un presunto desvío de fondos públicos para las arcas del partido regional.

Así se desprende del denso escrito de acusación que ha presentado el PSOE y al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el marco de la pieza novena del caso Púnica sobre la presunta caja B del PP madrileño. Aunque el magistrado mantuvo el foco en una decena de personas (dos de ellas jurídicas) y archivó la causa para el resto de imputados, el partido socialista pide que hasta un total de 72 personas respondan como partícipes a título lucrativo.

Así, entre los nueve acusados se encuentran el que fuera gerente del Partido Popular de Madrid, Beltrán Gutiérrez; el exconsejero madrileño Borja Sarasola; la exjefa de prensa de Aguirre, Isabel Gallego; el exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás; el informático de la red Alejandro de Pedro; el exdirectivo de Indra Diego Mora y las firmas de De Pedro, EICO y Madiva.

El PSOE reclama las penas más elevadas para el 'conseguidor' De Pedro, para quien pide más de 45 años de cárcel por los trabajos de mejora 'online', y también para Borja Sarasola. El exconsejero afronta una petición de más de 50 años de cárcel por todos los contratos reputacionales de los que se benefició la entonces cúpula del PP regional.

Aguirre y el PP, en el foco

A todos ellos les acusa de cerca de una decena de delitos, entre los que se encuentran: dos delitos electorales por las autonómicas de 2011, cuatro delitos de prevaricación, cuatro de malversación, cuatro delitos de fraude, cuatro delitos continuados de falsificación, tres de cohecho, dos delitos de tráfico de influencias, un delito de revelación de información privilegiada y otro de simulación de contrato.

Al respecto pide que Granados y el resto de acusados en esta pieza clave de Púnica respondan conjuntamente por la "ocultación y superación" de los gastos electorales de la campaña de 2011, así como por haberse financiado presuntamente a través de entes públicos como Fundescam o Indra.

Al margen de esta decena de acusados, el PSOE quiere los 72 diputados autonómicos del PP que resultaron electos tras la celebración de los comicios del 2011 respondan como partícipes a título lucrativo. Aunque Sala de lo Penal desestimó recientemente su recurso y confirmó el archivo de algunos de los ahora señalados (como es el caso de Esperanza Aguirre e Ignacio González), el partido que actúa como acusación insiste en que se beneficiaron de esta trama.

Así, integran la lista los dos expresidentes madrileños además de Cristina Cifuentes (quien también llegó a estar imputada en el caso Púnica), Granados; los antiguos exconsejeros de Educación, Presidencia y Sanidad, Lucía Figar, Salvador Victoria y Manuel Lamela; los exdiputados de la Asamblea de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, Javier Fernández-Lasquetty, José Ignacio Echevarría y Engracia Hidalgo; o la también exdiputada el PP y expresidenta de la CNMV Elvira Rodríguez, entre otros.

El PSOE también pide a la Sala de lo Penal que valore la citación de 65 testigos de excepción para el juicio de esta pieza de la Púnica. Entre ellos propone el grueso de cargos del PP absuelto (incluida Aguirre), además del extesorero de la formación Luis Bárcenas; el exalcalde de Majadahonda que confesó la presunta caja B, Guillermo Ortega; la empleada de una de las empresas de Francisco Correa, Isabel Jordán; empresarios implicados en este circuito (como Óscar Sánchez Moyano y Daniel Horacio); el cerebro de la Púnica, David Marjaliza, y el empresario Javier López Madrid.

La campaña electoral de 2011

En lo que respecta a los comicios de 2011, el PSOE sostiene que la formación conservadora presentó a Esperanza Aguirre mientras que Francisco Granados fue director de campaña. El tesorero del PP declaró un gasto electoral de 3,2 millones de euros, si bien las anotaciones intervenidas al propio Beltrán Gutiérrez habrían puesto de manifiesto un sobregasto electoral así como la existencia de una presunta caja B en el PP madrileño.

"No todos los gastos electorales se recogieron en la contabilidad oficial. El PP y sus líderes en campaña decidieron que el exceso de gasto fuese ocultado mediante facturación ficticia en colaboración permanente con el entramado creado alrededor de sus proveedores de campaña", reza el escrito de acusación. Entre dichos empresarios se encontrarían Óscar Sánchez Moyano, el cual figura además como donante del PP.

Del mismo modo, y al igual que sostienen los investigadores de esta trama, el PSOE apunta a un uso irregular a través de instrumentos de la Comunidad de Madrid, que entonces presidía el PP, como es el caso de Fundescam. Se alega que utilizaron la fundación pública como instrumento para canalizar un desvío de dinero público a las arcas del partido. "Era una mera pantalla para recibir subvenciones", sostiene.

La acusación alude también a informes de la UCO de la Guardia Civil en relación a algunos proveedores de la campaña del PP madrileño, como es el caso del Laboratorio de Almagro. La firma habría realizado servicios electorales por 1,2 millones de euros si bien el partido solo declaró ante la Cámara de Cuentas 137.036 euros.

Los pagos de la Púnica

En relación a los trabajos de reputación online que se encargaron al informático de la trama, Alejandro de Pedro, la acusación sostiene que provocaron un desvío de fondos al costearse con dinero público. El escrito considera acreditado que Isabel Gallego gestionó todos estos trabajos de posicionamiento en la red de los que se beneficiaron Aguirre, González y otros consejeros del partido como Salvador Victoria, Lucía Figar y Borja Sarasola.

Sobre las formas de pago mantienen que De Pedro canalizó a través de sus firmas Eico y Madiva dinero proveniente de la empresa pública 'Canal de Isabel II' a través de contratos adjudicados. Con todo, recientemente la Audiencia Nacional juzgó la pieza relativa a los trabajos de mejora en la red y dictaminó en su sentencia que no veía ilícito porque los trabajos beneficiaron el perfil institucional de los políticos.