La Fiscalía desvela que Illa pagó al proveedor de su megacontrato de 263 millones también con fondos UE

Salvador Illa pagó a su proveedor de confianza en pandemia con fondos europeos, según desvela la Fiscalía Anticorrupción. En plena investigación por los contratos covid, el órgano que dirige Alejandro Luzón trasladó a la Fiscalía Europea que dos adjudicaciones clave de Sanidad se financiaron con fondos de la Unión Europea, al igual que ocurrió con los suministros de Baleares y de Canarias.

Según se desprende del sumario del caso Koldo, al que ha tenido acceso Vozpópuli, Anticorrupción remitió el 11 de julio de 2022 a la Fiscalía Europea que las empresas FCS Select Product S.L y Weihai Textile tuvieron "financiación de la Unión Europea". El primero de ellos se convirtió en el proveedor clave de Illa en el peor momento de la pandemia para el suministro de material sanitario por poco más de 263 millones de euros.

Esta empresa se adjudicó cuatro contratos para suministrar mascarillas, guantes de nitrilo y gafas de protección el 23 de marzo de 2020 por un importe total de 263.126.600 euros. Cuatro días después, el departamento que dirigía Illa a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) firmó otro contrato con la firma Weihai Textile por 10,2 millones de euros para suministrar 500.000 batas desechables.

La actuación de la Fiscalía Europea

Las dos contrataciones se incluían en la denuncia que interpuso el Partido Popular ante la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2022 en relación a todos los contratos 'a dedo' que suscribió el Gobierno de Pedro Sánchez para la compra de material sanitario. La Fiscalía Europea se interesó especialmente por todas las licitaciones que denunció el PP y así lo hizo saber a Anticorrupción, órgano que había asumido las pesquisas.

En la denuncia, que incluyó las exclusivas de Vozpópuli sobre la empresa de la 'trama Koldo', el PP expuso que la empresa seleccionada por el Ministerio de Illa no tenía ninguna experiencia en el sector sanitario y destacó también la cifra de beneficios antes y después de la millonaria adjudicación. Así, pasó de facturar menos de un millón de euros en 2018 a 263,1 millones en el año de la pandemia. Esto supone adjudicaciones por un valor 245 veces superior a su facturación y 84.800 veces superior a su capital social.

Además, advirtió de que la administradora de la empresa, Mayra Dagá Castillo, fue condenada en 2016 por un delito de estafa agravada y expuso que el motivo por el cual Sanidad escogió a este proveedor podría deberse a una posible "relación de amistad" entre los administradores de FCS Select Products e Illa debido a que se conocerían por haber coincidido en el municipio de La Roca del Vallés.

Illa pagó por adelantado

Además, la empresa de confianza de Illa no incluyó en su importe el transporte del material sanitario, ya que todo lo relativo a la logística lo costeó Inditex. Del mismo modo, Sanidad tuvo que adelantar los pagos a esta empresa, a diferencia de lo que ocurrió en otros ministerios. Es el caso de Transportes, donde se congelaron los pagos a la espera de que llegara la mercancía, tal y como se encargó de recordar el propio José Luis Ábalos en su comparecencia tras el estallido de la 'trama Koldo'.

En relación a la segunda firma (Weihai Textile Group), se alertó de que el precio de las batas ascendió a 16,7 euros por unidad, lo que implicaba un coste mucho mayor del que en esas mismas fechas ofrecieron otras empresas. De hecho, la denuncia del PP recordó que entre el 20 y el 27 de marzo de aquel año cerró contratos de compras de batas desechables con Medline International Iberia S.L y con Suministros Hospitalarios S.A por 0,32 y 0,27 euros la unidad, respectivamente.

Del sumario del caso Koldo se desprende que Anticorrupción, en su respuesta a la Fiscalía Europea, incluyó una tabla en la que destacó los cinco contratos de Illa con estas dos empresas que se habrían financiado con fondos europeos. Al respecto cabe destacar que estas diligencias que se siguen en la Audiencia Nacional contra el exasesor de Ábalos y otras seis personas más, han puesto en la picota también los contratos que la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, firmó con Baleares y Canarias.

De toda la documental recabada se desprende que ambos gobiernos -presididos entonces por Francina Armengol y por Ángel Víctor Torres- costearon con fondos de la UE los pagos a Soluciones de Gestión por importe superior a 10 millones de euros. Al igual que ocurre con las licitaciones de Illa, la Fiscalía Europea se interesó por estos contratos de Baleares y Canarias y así se lo hizo ver a la Fiscalía Anticorrupción; órgano que comenzó esta investigación en mayo de 2022.

Baleares y Canarias

El órgano europeo recurrió a Anticorrupción tras recabar la denuncia del abogado Ramiro Grau sobre presuntas irregularidades en los nueve contratos que se adjudicó la firma zaragozana con el Gobierno y dos comunidades del PSOE por 54 millones de euros. Desde ese momento pidió información al Ministerio Público, por ser quien lideraba las pesquisas, y verificó también la competencia del órgano para investigarlo.

Del mismo modo preguntó a diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la UE y, tras ello, ha procedido a abrir una investigación por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. Cabe recordar que la Guardia Civil alerta en sus informes de presuntas irregularidades sobre estos contratos.

En el caso de Canarias por una presunta modificación 'a posteriori' para pagar los contratos con fondos europeos (aún a sabiendas de que las mascarillas eran 'fake') y, en el caso de Baleares, se alertó de que recibieron el pedido antes de firmar el contrato. Igualmente la UCO destaca que de la falta de documentación sobre esta contratación que Armengol recomendó pese a saber que la partida había resultado defectuosa.