La opacidad del Consejo de Transparencia: sin entrevistas ni declaraciones en dos meses

Ni entrevistas ni declaraciones. El nombramiento de José Luis Rodríguez Álvarez al frente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha supuesto un viraje hacia la opacidad en la política oficial de este ente público independiente, que desde su nacimiento en 2014 se había caracterizado justo por lo contrario. Desde la llegada del nuevo presidente, Transparencia ha dejado de realizar valoraciones a la prensa y Rodríguez se ha negado a ser entrevistado por los diversos medios de comunicación que lo han solicitado y en múltiples ocasiones; entre ellos, también Vozpópuli. 

Este cambio en la estrategia de comunicación del CTBG supone un incumplimiento manifiesto de la Ley de Transparencia y contrasta con la política que hasta ahora había aplicado el ente independiente. Fundado con una pretendida vocación aperturista, el Consejo de Transparencia ha contado con altos cargos que no han tenido inconveniente de ofrecer entrevistas para mostrar las virtudes y las carencias del organismo. Así lo hizo este mismo verano el entonces presidente en funciones y hoy subdirector, Javier Amorós, en un encuentro con el diario ABC en el que no dudó en manifestar la falta de medios del CTBG. 

"Somos 22 y deberíamos ser unos 60", decía este pasado mes de julio Amorós desde las oficinas del Consejo de Transparencia, donde se dejó fotografiar por el diario de Vocento junto a la subdirectora Esperanza Zambrano: la atípica estampa de dos funcionarios de carrera abriendo las puertas de una institución pública para hablar sin tapujos de sus problemas. Y ello a pesar de la situación de interinidad que se ha vivido en el Consejo de Transparencia desde el fallecimiento en noviembre de 2017 de su primera presidenta, Esther Arizmendi, quien durante sus dos años en el cargo también realizó diversas entrevistas.

El Consejo de Transparencia, una institución clave 

El nombramiento de José Luis Rodríguez no ha implicado, al menos de momento, la continuidad de esa política de apertura. Casi dos meses después de ser designado oficialmente a propuesta del Gobierno, el nuevo presidente del Consejo de Transparencia ha decidido que su gabinete de prensa no ofrezca declaraciones y personalmente ha rehusado participar en entrevistas para responder a las preguntas que existen acerca del futuro de una institución clave, la única que vela por el efectivo acceso a la información considerada de dominio público frente a las maniobras del partido de turno. 

El Consejo de Transparencia tiene el reto de incrementar sus medios, no solo humanos, sino también económicos para poder sufragar los litigios contra la propia Administración, que cuenta con la Abogacía del Estado

Y no son pocas las cuestiones que tendrá que afrontar Rodríguez en su mandato, limitado a cinco años. El Consejo de Transparencia tiene ante sí el reto de incrementar sus medios, no solo humanos, sino también económicos, puesto que buena parte de sus recursos van destinados a la contratación de servicios jurídicos externos para garantizar la acción judicial del organismo cuando debe litigar contra la Administración, dado que esta siempre está representada por la Abogacía del Estado y es la única forma que tiene el CTBG de procurar el cumplimiento de la legislación.

Sanciones y multas para garantizar la transparencia

Otro de los asuntos que diversos expertos esperan de José Luis Rodríguez es el impulso de una nueva Ley de Transparencia que subsane una de las grandes deficiencias del CTBG: su incapacidad para hacer cumplir la ley mediante sanciones y multas coercitivas. Eso permitiría "castigar los incumplimientos" de las diferentes administraciones, así como "lograr que sus resoluciones se cumplan", indica a este diario Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en transparencia. 

Lejos de mejorar en ese campo, tanto la Administración General del Estado como las administraciones autonómicas han empeorado en términos de opacidad cada año

Lejos de mejorar en ese campo, tanto la Administración General del Estado como las administraciones autonómicas han empeorado en términos de opacidad cada año desde que el Consejo de Transparencia fiscaliza su actividad al respecto. Tal y como publicó Vozpópuli, desde 2015 hasta la actualidad, las administraciones públicas han ido caído más de 30 puntos en el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: en este momento, el 23% de los dictámenes no se llegan a cumplir.

Y ello mientras el número de reclamaciones se ha visto notablemente incrementado y a pesar de que el ente público ha aumentado también el número de contenciosos contra las administraciones públicas, lo que evidencia la necesidad de otorgar al CTBG capacidad sancionadora y de inspección, dado que es el único organismo que carece de ambas. "Las sanciones y multas deberán imponerse no a la Administración incumplidora, cuyos presupuestos pagamos entre todos los ciudadanos con nuestros impuestos, sino a las autoridades y funciones responsables, a su patrimonio personal, como contempla el artículo 48.7 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, cuando la Administración no envía el expediente administrativo al Juzgado o Tribunal", sostiene Blanes. 

Una "lista negra" de administraciones opacas

Miguel Ángel Blanes también considera importante que el CTBG "cumpla con todas las funciones que le atribuye el artículo 34 de la Ley 19/2013, de Transparencia, que no solo se refieren a resolver las reclamaciones presentadas por los ciudadanos en materia de acceso a la información pública: promover la transparencia de la actividad pública; velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en los portales de transparencia; (qué entidades publican información comprensible, fácilmente localizable y en formatos reutilizables, y qué entidades no lo están haciendo); y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno". 

En ese sentido, este experto considera que el Consejo de Transparencia debería "publicar un listado de ministerios y entidades públicas que no están cumpliendo con sus resoluciones". Es decir, una suerte de "lista negra" que ya fue propuesta y publicada por durante el mandato de la presidenta Esther Arizmendi. Sin embargo, el Consejo de Transparencia ha eliminado el documento que recogía dicho 'ránking' y ha dejado de evaluar de ese modo a las diferentes administraciones. 

Por último, Miguel Ángel Blanes también llama la atención sobre la necesidad de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno "dé ejemplo, concediendo entrevistas a los medios de comunicación y efectuando ruedas de prensa en los casos en que sus decisiones sean de interés para la opinión pública".