Tanto a nivel central como en el plano autonómico, y a pesar del afán por la transparencia, las administraciones dan muestras de políticas cada año más opacas. Así lo evidencian los datos facilitados a Vozpópuli por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano público e independiente fundado en 2014 que asiste a los ciudadanos en conflictos de esta materia. 

El CTBG realiza un seguimiento de sus resoluciones, y es este dato anual -el primero se remonta a 2015- el que permite identificar una tendencia por parte de las administraciones. En el último lustro, la administración general del Estado y las administraciones autonómicas han empeorado paulatinamente en términos de transparencia, mientras que a la par se han incrementado las resoluciones que están obligadas a cumplir

La transparencia en España ha caído en más de 30 puntos desde 2015 hasta la actualidad. Mientras que en este momento -con datos actualizados el pasado mes de julio- el cumplimiento de las resoluciones del CTBG por parte de la administración del Estado se sitúa en el 66% de un total de 64 dictámenes, hace cinco años ese mismo porcentaje se elevaba hasta casi rozar el 90%. 

El 87,9% de las resoluciones dictadas en 2015 -131- por el CTBG fueron cumplidas por la administración central. Era el primer año en funcionamiento de este organismo, que también ha incrementado progresivamente el número de resoluciones, que actualmente son más del doble que las emitidas entonces. 

Paralelamente al incremento de resoluciones, su cumplimiento ha ido descendiendo a partir de ese 87,9% del año 2015: 82,5% en 2016 (de un total de 212 resoluciones); 83,9% en 2017 (229); 82,1% en 2018 (288); 70,7% en 2019 (290); hasta llegar al 66% de los 64 dictámenes emitidos este año por el Consejo de Transparencia. 

Autonomías más opacas

Lo mismo ha ocurrido con las administraciones descentralizadas. Las autonomías son también cada año más opacas, según muestran los datos recogidos por el Consejo de Transparencia desde 2016, cuando el grado de cumplimiento de las resoluciones por parte de los gobiernos regionales, que son los encargados de ejecutar los dictámenes que les competen. 

Al igual que ocurre con la administración general del Estado, las autonomías son también cada año más opacas, según muestran los datos recogidos por el Consejo de Transparencia

El grado de cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia ha pasado del 92,2% de 2016, cuando se formularon 119 órdenes a las autonomías, hasta el 52,2% de las 48 realizadas en lo que va de este año. Un importante de retroceso que también en el caso de las comunidades autónomas ha ido en retroceso: 77,6% en 2017 (de 228 resoluciones); 68,4% en 2018 (214); y 71,8% (de 316) en el pasado ejercicio. 

Un nuevo presidente para el Consejo de Transparencia 

El Consejo de Transparencia ha declinado hacer declaraciones al respecto en este momento por la reciente designación de su nuevo presidente tras el fallecimiento de la anterior persona en el cargo, Esther Arizmendi, en 2017. Desde ese año, el puesto ha permanecido vacante, siendo ocupado en funciones por el vicepresidente, Javier Amorós.

El Consejo de Transparencia cuenta con un nuevo presidente, José Luis Rodríguez Álvarez, que pasa a ocupar el cargo que permanece vacante desde 2017, cuando falleció la presidenta Esther Arizmendi

El candidato elegido, a propuesta del Gobierno, es José Luis Rodríguez Álvarez, quien ha contado con el apoyo -por mayoría absoluta- de la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso de los Diputados. Allí, Rodríguez Álvarez compareció la pasada semana para exponer sus propuestas de cara a la nueva etapa que previsiblemente emprenderá dentro de un mes al frente del Consejo de Transparencia.