El presidente del CGPJ y las asociaciones judiciales se reunirán con la Comisión de Venecia por la amnistía

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, mantendrá el jueves a las 15:00 una reunión con la delegación de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa que llegará a España para recabar información sobre la Proposición de Ley de Amnistía.

Una hora más tarde, a las 16:00, pero en la propia sede del CGPJ, la comitiva se reunirá con las cuatro asociaciones judiciales. De esta manera, tanto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces y Juezas para la Demoncracia (JJpD), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) podrán trasladar sus puntos de vista al respecto a la comitiva.

Está previsto que esta delegación también se reúna con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aunque por el momento no ha trascendido dónde se producirá el encuentro ni la hora prevista.

Cabe recordar que la ley todavía está en el aire al no haber sido aprobada en el Pleno del Congreso la pasada semana y que está a la espera de que la Comisión de Justicia redacte un nuevo dictamen antes del 21 de febrero.

Fue el Senado quien pidió que este organismo consultivo del Consejo de Europa examinase la Ley de Amnistía, pensando que para estas fechas ya habría un texto aprobado por el Congreso, pero la decisión de Junts de desmarcarse del Gobierno en la segunda votación dejó todo abierto hasta después de las elecciones gallegas del 18 de febrero.

Los miembros de la delegación que se han trasladado a España son Marta Cartabia, ministra de Justicia italiana durante la etapa de Mario Draghi; el vicepresidente de la Comisión de Venecia, Martin Kujier; el exprimer ministro de Bulgaria Philip Dimitrov; y los juristas Regina Kiener, José Luis-Vargas, Simona Granata-Menghini y Pierre Garrone.

Más reuniones

La Comisión de Venecia tiene previsto reunirse además entre el jueves y el viernes con miembros de grupos parlamentarios, pero también con representantes del Gobierno y con expertos constitucionales en el Centro de Estudios Constitucionales. Su objetivo no será "en ningún caso" entrar a valorar si el texto es o no constitucional, sino analizar si se garantiza la separación de poderes, según precisó el 'popular' Javier Maroto.

En el Congreso, donde aterrizarán también este jueves, la visita estará gestionada por la Comisión de Justicia, que es la que tramita la proposición de ley que presentó el PSOE tras su pacto con los independentistas. Es el mismo procedimiento que se siguió en 2014 cuando otra delegación de la Comisión de Venecia analizó la Ley de Seguridad Ciudadana del entonces Gobierno de Mariano Rajoy, conocida por sus detractores como 'ley mordaza'.

Además de la reunión con los grupos parlamentarios de la comisión, es posible que la visita incluya un encuentro institucional con la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, dado que son enviados del Consejo de Europa.

Bolaños como anfitrión

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, será en el encargado de recibir a la delegación, lo que precisamente le impedirá asistir a la reunión en que el grupo del Parlamento Europeo para vigilar la democracia, el Estado de derecho y los Derechos Fundamentales en la Unión Europea examinará este jueves la situación en España, en una sesión a puerta cerrada.

El objetivo de este grupo es examinar periódicamente los retos que afronta cada Estado miembro en materia de valores democráticos. En esta ocasión, el control a España coincide con la tramitación en España de la ley de amnistía pactada por el PSOE con ERC y Junts para asegurar la investidura de Pedro Sánchez y la mediación recién asumida por el comisario de Justicia, Didier Reynders, entre el Gobierno y el PP para tratar de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Un funcionario sin responsabilidad política

A quien no verán será al secretario general del Congreso, Fernando Galindo, cuyo testimonio el PP veía muy relevante dado que su informe jurídico permitió tramitar la iniciativa. El letrado mayor recordó que es un alto funcionario que no tiene responsabilidad política en la ley, y la Mesa del Congreso, con los votos del PSOE y Sumar, le eximió de comparecer ante la delegación europea.

Eso sí, el Congreso ofrecerá a la Comisión de Venecia toda la información que precie sobre la tramitación de la iniciativa, y ello incluye, si lo estiman pertinente, los dos informes jurídico que se han redactado al respecto, uno al registrarse la iniciativa y otro cuando pasó a la comisión de Justicia.

En el primer informe, redactado por el equipo del secretario general, se advierten dudas de constitucionalidad en el texto del PSOE, pero no tan "palmarias" como para impedir su tramitación. En el segundo, hecho por las letradas de las comisión, se detallan esas sospechas de inconstitucionalidad, aunque se señala que habrá de ser el TC quien se pronuncie en su momento.

Por la tarde la delegación se desplazará al Senado donde será recibida por el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, del PP, y se reunirá con los grupos parlamentarios que lo consideren.

Informe listo para mediados de marzo o antes

La Comisión de Venecia dio a conocer que publicaría su dictamen a más tardar para su sesión plenaria del 15 y 16 de marzo, aunque podría incluso acortar ese plazo. Sobre la mesa tiene una segunda petición, presentada por el presidente de la propia asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, el socialista holandés Tiny Kox, para preparar un estudio más general sobre "los requisitos del Estado de derecho que una amnistía debe cumplir", que también deberá estar listo para mediados de marzo.

Las conclusiones de este órgano consultivo del Consejo de Europa no son vinculantes para los países miembro, pero es considerada una voz autorizada en materia de Estado de derecho, justicia y Derechos Fundamentales. Son precisamente sus estándares los que la Comisión Europea evoca en sus recomendaciones sobre Estado de Derecho cuando reclama a España la renovación urgente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y emprender, inmediatamente después, una reforma del sistema de elección de los vocales para que al menos la mitad sean elegidos por los jueces.

La Comisión Europea también está examinando la norma pactada por el PSOE con Junts y ERC, pero los servicios jurídicos de Bruselas no emitirán su opinión hasta que la ley haya cumplido su tramitación parlamentaria y adopte su forma definitiva, incluidas las enmiendas.