El Partido Popular ha presentado una denuncia contra Rafael Pérez, número dos del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, y contra la nueva directora de la Guardia Civil, María Gámez, por un supuesto delito de prevaricación, según informa este lunes el diario 'El Mundo'.

Los populares acusan al secretario de Estado de Seguridad y a la jefa de la Guardia Civil de haber firmado resoluciones contra el que fuera responsable de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos.

El pasado 25 de mayo, Interior cesó al máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid, por no facilitar información a Marlaska sobre la investigación que su unidad estaba realizando sobre las manifestaciones del 8-M en Madrid y el papel que desempeñó el delegado del Gobierno. Aunque la Audiencia Nacional dio la razón recientemente al coronel y ordenó restituirlo en su cargo.

Veto a su ascenso a general

Interior vetó hace unas semanas el ascenso a general del coronel Pérez de los Cobos, a pesar de haber obtenido la calificación más alta en la evaluación que elabora el Consejo Superior de la Guardia Civil.

Pérez de los Cobos obtuvo la puntuación más alta en la evaluación del Consejo Superior del Instituto Armado, compuesto por todos los generales en activo. Además, el coronel también obtuvo el primer puesto en la cuesta interna que realizan los propios candidatos al ascenso. Sin embargo, Pérez de los Cobos finalmente no fue ascendido al grado de general.

Efecto dominó en la Guardia Civil

El cese de Pérez de los Cobos provocó un efecto dominó en la cúpula de la Guardia Civil y a los pocos días presentó su dimisión el teniente general Laurentino Ceña, Director Adjunto Operativo al que le quedaban unos días para pasar a la reserva. Interior apartó a otro teniente general llamado a sustituir al anterior, el jefe del Mando de Operaciones Fernando Santafé, y ascendió a dos generales de brigada para ocupar los puestos de los dos anteriores.

Mientras, la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) pidió a la Fiscalía que interviniera de oficio para determinar las circunstancias del cese de Pérez de los Cobos, al considerar que el coronel recibió una "orden ilegal"