El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocará un Consejo de Ministros extraordinario en las próximas horas para volver a aprobar los decretos en previsión de que el Congreso los tumbe en la votación de este miércoles, según ha sabido Vozpópuli de fuentes parlamentarias. Fuentes socialistas también apuntan esa posibilidad. El Ejecutivo ultima esta reunión de urgencia para evitar que la caída de las medidas provoque una subida automática del precio de algunos alimentos, así como de la luz y el transporte.
Sánchez apura sus opciones de negociación para evitar un revolcón parlamentario en la primera votación relevante de la legislatura; poco más de un mes después de ser investido. Los siete diputados de Carles Puigdemont (Junts) mantienen de momento su voto en contra de los decretos, evidenciando la debilidad del Ejecutivo y que la mayoría de la que hacen gala PSOE y Sumar no existe como tal mientras Junts per Catalunya esté en la ecuación.
Fuentes oficiales de Ferraz, en su estrategia habitual, comienzan ya a señalar al PP por la más que previsible caída de los decretos. "Ya nos gustaría que los partidos que se dicen de Estado voten a favor de las medidas anticrisis. No tiene mucho sentido que no lo hagan", sintetizan. En el PSOE ya están intentando colocar en la campaña de las elecciones gallegas el golpe que, todo indica, va a sufrir el Ejecutivo.
El Consejo de Ministros extraordinario aprobaría de nuevo los decretos, introduciendo algunas modificaciones pactadas con sus socios separatistas y nacionalistas, con el fin de que la prórroga de estas ayudas, la subida de las pensiones contributivas y el decreto de digitalización de la Justicia -clave para el desembolso de otro tramo de 10.000 millones de los fondos europeos- no queden revocados al publicarse en el BOE.
El viacrucis de los decretos
El viacrucis del Gobierno para convalidar los decretos que aprobó a finales del año pasado ha sido evidente durante toda la semana. Una ceremonia de la confusión que culminó en un intento a la desesperada de, por un lado, pedir ayuda al PP y, por otro, encontrarse en la prensa catalana las filtraciones de Puigdemont sobre sus demandas, incluida la sanción a empresas que hayan abandonado Cataluña por la inseguridad jurídica creada durante el procés.
La sensación de derrota en el Gobierno ha sido evidente desde el inicio del pleno de convalidación, que se está celebrando en el Senado por las obras que tienen lugar en la Cámara baja. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha pedido "sentido de responsabilidad" a los diputados al tomar la palabra. Un sentido y su apelación a no perjudicar a "la gente" que los políticos solo demandan cuando son incapaces de hacer sus deberes.
El Gobierno ha decidido no retirar los decretos, cosa que podía haber hecho a primera hora del miércoles. En su lugar, ha abierto una negociación in extremis con Junts, que sigue en marcha, para intentar salvar la votación a la desesperada.
Derrota de Sánchez a la primera
Una derrota parlamentaria de Sánchez dejaría herida la legislatura a las primeras de cambio, porque evidencia que la mayoría tan sólida que exhibía el PSOE no existe. Además, ha coincidido con el debate de enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía -única agenda que preocupa a Puigdemont- y la negociación de enmiendas parciales a la misma la próxima semana.
El Gobierno se ha abierto a introducir cambios en su propuesta a petición de ERC y Junts después de haberse negado a ello de forma sistemática. Según el propio Bolaños, serán "cambios menores de carácter técnico", pero todavía no se conocen estas modificaciones.
Otro de los factores de este primer debate ha sido Podemos, cuyos cinco diputados ya están emancipados de Sumar en el Grupo Mixto. La formación morada ha rechazado el decreto que recoge la reforma del subsidio por desempleo. Es decir, la única medida que lleva la firma de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Podemos ha aprovechado su primera oportunidad para marcar distancias con el Gobierno, del que ya no forma parte, y dejar claras sus intenciones de hacerle la vida imposible a Sumar durante la legislatura.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que la negativa de Podemos responde más a "politiquería" que al interés general de la ciudadanía, que, en su opinión, van a ver mermados sus derechos si decaen los decretos.
