Publicado: 10/01/2024 04:45
Actualizado: 10/01/2024 10:33
El Gobierno de Pedro Sánchez prepara la derogación del Decreto que aprobó Luis de Guindos en octubre de 2017 para facilitar la salida de empresas de Cataluña, con el fin de contentar a Junts y salvar los tres Reales Decretos-leyes que quiere convalidar en el Congreso este miércoles.
Y eso que en 2018, nada más llegar al poder tras la moción de censura, el Ejecutivo socialista descartó cumplir esta exigencia que planteó de inmediato el Govern de Quim Torra. Entonces lo rechazó en aras de la libertad de empresa y, sobre todo, de facilitar la vuelta de las sociedades.
El Decreto que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy el 6 de octubre de 2017 se hizo para facilitar el cambio de sede social que grandes empresas venían preparando; en concreto, CaixaBank, ante la fuga de depósitos que sufría. Inmediatamente se produjo el traslado de CaixaBank a Valencia, de algunas de sus participadas a Palma de Mallorca, y de Sabadell a Alicante.
El cambio que promovió el entonces ministro de Economía popular en la Ley de Sociedades de Capital facilita la salida de las empresas pero también su regreso. Con todo, el Decreto Guindos se ha convertido en un símbolo, en un trofeo, para los de Carles Puigdemont. Fuentes del Ministerio de Economía trasladaban este martes que lo que preparan es una vuelta al marco preexistente en la Ley de Sociedades de Capital.
El texto original de 2010 establecía que los cambios de sede eran competencia de la junta general de accionistas. El consejo de administración solo podía trasladar la sede social dentro del municipio. En 2015, el Gobierno del PP modificó el artículo 285 para que fuera el consejo de administración el órgano competente. Se dijo que se hacía para facilitar la movilidad de empresas en toda España, aunque ya se interpretó como una forma de facilitar la salida de empresas de Cataluña ante el desafío independentista creciente.
En 2017, el Decreto Guindos refrendó el poder del consejo, de forma que puede cambiar la sede sin convocar junta de accionistas aunque lo establezcan los estatutos, precisamente para que CaixaBank pudiera mudarse.
El propio Puigdemont señaló este asunto en las reivindicaciones que planteó a Sánchez el 5 de septiembre en Bruselas. Aludió al "ahogo sistemático de la economía catalana", del cual es, a su juicio "ejemplo doloroso la estrategia del cambio de sedes empresariales incentivado por un real-decreto de medidas urgentes aprobado por el Gobierno y que todavía está vigente".
En el mismo sentido se ha pronunciado Josep Rius, vicepresidente de Junts, este martes en Ser Catalunya: "Es inaudito que aún hoy ese decreto siga en vigor, porque buscaba perjudicar a la economía catalana".
La negociación entre el PSOE y Junts sobre este asunto no es nueva, ha estado presente en las conversaciones para la investidura. El 7 de octubre Vozpópuli ya publicó que Montero intentaba aplacar a Junts con la derogación de este Decreto.
En el pacto de investidura entre el PSOE y Junts que se hizo público el 9 de noviembre el PSOE se compromete a "facilitar y promover el regreso a Catalunya" de las empresas huidas tras el 1-O de 2017.
Cerca de 3.000 empresas se mudaron de Cataluña entre octubre y diciembre de 2017. Entre las 9.000 empresas que se fueron desde entonces y hasta la fecha, con pocos retornos, hay trece cotizadas en el Ibex, CaixaBank, Sabadell, Gas Natural Fenosa, Cellnex, Abertis y Colonial. También se han ido Catalana Occidente, Applus o Naturhouse.
El Decreto Guindos no afecta a la libertad de empresa pero desde el principio el Gobierno de Quim Torra insistió en que exigía su revocación. En febrero de 2018, el PSOE en la oposición votó con PP y Ciudadanos en contra de una proposición no de ley de PDeCAT en este sentido.
Cuando llegó al poder, en el Ejecutivo de Pedro Sánchez hubo voces discordantes. La entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, declaró que se derogaría, pero fue corregida por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que recordó que el Decreto no sólo facilita la salida de las empresas sino también la vuelta y zanjó: "No se va a hacer".
La entonces vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, lo corroboró y planteó que las empresas tienen libertad para hacer lo que consideren.
No lo veía así la Generalitat. La portavoz del Govern, Elsa Artadi, aseguraba que estaban estudiando medidas jurídicas contra el Decreto de traslado de sedes sociales de empresas. No concretó cuáles pero indicó que supuestamente se habían "violado los derechos de los accionistas" porque fueron excluidos de la decisión.
El Gobierno elude aclarar si habrá sanciones
El Gobierno ha eludido este martes aclarar si va a sancionar a las empresas fugadas de Cataluña como pide Junts. Tanto la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, como el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han repetido en numerosas ocasiones, ante las preguntas de los medios, que "velan siempre por la seguridad jurídica". No han salido de ahí en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes después de que se conociera que Junts exige sanciones para avalar los tres Reales Decretos-leyes que vota este miércoles el Pleno del Congreso.
Junts quiere arrancarle al Gobierno sanciones para las empresas que se fueron de Cataluña pero mantienen producción en la comunidad. Es el punto fuerte de la negociación para Junts, según ha trasladado este martes Josep Rius, en TVE, y ha avanzado La Vanguardia. Se trataría de sancionar a las empresas que sólo se llevaron su sede social, lo que podría afectar a buena parte de las cerca de 9.000 que se fueron desde el 1-O de 2017, empezando por La Caixa y Sabadell.
En este sentido, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha señalado este martes que se estudia una reforma de la Ley de Sociedades de Capital, en concreto de su artículo 9, que estipula que "las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación".
Este artículo ofrece bastante libertad a las empresas. Un endurecimiento de los requisitos como el que apunta Junts sería eludible si no se deroga el Decreto Guindos, además de plantear dudas de legalidad.
Rius también ha planteado que los posconvergentes quieren que haya incentivos fiscales para fomentar el regreso de las empresas a Cataluña y ha pedido deducciones en el Impuesto sobre Sociedades. Esto también es susceptible de no ser legal y constituir ayudas de Estado.
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Pues yo creo que la sede social tiene que estar donde está la sede operativa de la compañía, pongamos de ejemplo la Caixa, su sede social está en Valencia pero la sede operativa está en Barcelona en las dos torres negras de la Diagonal que acogen a todos los directivos y a cientos de empleados. Opino que si la Caixa trasladó la sede social a Valencia está obligada a trasladar también la sede operativa
O volver la sede social a Barcelona. Que elija...
Otra fantasmada de esta cuadrilla de fantasmas. Las empresas que querían irse ya se fueron y es poco o nada probable que ahora quiera irse alguna que todavía no lo haya hecho. Así que este decreto es en la práctica inoperante hoy en día. Esto no es más que otro capotazo, otro postureo de estos trileros, el Puchi y el Fráudez, para vender a sus aborregadas bases que han hecho algo. No sé quién da más asco, si ellos o los que les aplauden porque dar pena, está claro quiénes son los que más la dan.
"las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación".
Efectivamente, y añadan los españoles que compren bienes o servicios a sociedades que radiquen su domicilio fuera de su comunidad son .......(elijan ustedes el adjetivo peyorativo más adecuado).
El problema es que las empresas que salieron de Cataluña por la inseguridad de que el secesionismo creaba al pretender declarar la independencia y salir del euro, ahora se dan cuenta que han dejado de tributar en Cataluña. Al secesionismo le falta 'pasta'. Aparte de sablear al estado via Sanchez, pretenden seguir sableando a las empresas radicadas en Cataluña, ya sea con tributos, ya sea con comisiones, ya sea con 3%.....
Resulta indignante ver como el gobierno de España se humilla y nos humilla a todos en esta legislatura (y desgraciadamente en la pasada): "La mentira nos llevará al poder!!!"
Flaco favor les hace Puchidelmonte a las empresas catalanas vinculándolas a su deriva de la política pseudo-independentista.
Pues como no sufren suficiente ya el "boicot" de ciudadanos españoles a las empresas catalanas y sus productos, ahora solo les falta que les señalen como colaboracionistas necesarios de esta satrapía. Esto seguro que les incrementará las ventas.
Al FELÓN y sus compinches les dará igual, no les quita el poder.
Cualquier Español con 2 dedos de frente sabía que el chantaje iba a ser permanente, hasta Felipe le dijo que por 7 votos no vale la pena pero no, Sánchez con la osadía que le caracteriza (que no audacia) primero ser el presidente y luego ya veremos sobre la marcha cómo trampeamos con esto y aquello, que siendo el presidente es más fácil trampear.