La ley de amnistía tendrá que esperar. El retraso en su tramitación por la negativa de Carles Puigdemont a apoyar el texto ha abierto dos nuevos escenarios. Por un lado, el PSOE busca aire para la campaña de las elecciones gallegas del 18 de febrero. Y, por otro, supone que la ley se aprobará con la Eurocámara cerrada y la Comisión Europea en funciones.
Fuentes parlamentarias explican a Vozpópuli que los plazos es un asunto que preocupa al PP, consciente de que la actual Comisión Europea se ha mostrado extraordinariamente reticente a este proyecto de Pedro Sánchez. Por eso, si la ley se aprueba estando los comisarios en funciones "poco o nada" podrán hacer, según admiten estas fuentes.
Los siete diputados de Junts per Catalunya han votado en contra del dictamen de la ley que salió de la Comisión de Justicia del Congreso hace unos días. El PSOE ha rechazado las enmiendas planteadas por Puigdemont, que pedía amnistiar todos los delitos de terrorismo y alta traición. El Gobierno y el separatismo catalán tendrán que seguir negociando para acordar una ley.
Los nuevos plazos de la amnistía
Más allá del impacto de esta derrota del PSOE para la legislatura, los plazos de aprobación se van alargando. Y lo más probable es que la norma quede ratificada con las instituciones europeas en modo electoral. Los comisarios se quedarían, por tanto, sin margen de maniobra para cuestionar la legislación de un Estado.
El último pleno del Parlamento Europeo está previsto para la semana del 22 al 25 de abril. Las elecciones europeas se celebran entre el 6 y el 9 de junio en todos los países de la Unión. En España serán el 9 de junio. Es prácticamente imposible que las Cortes Generales den el visto bueno a la ley de amnistía antes de esa fecha. A la nueva negociación entre el PSOE y Junts -que las urnas gallegas van a congelar- y la necesidad de convocar otro pleno, se une el paso obligatorio de la ley por el Senado.
El PP controla la Cámara Alta con mayoría absoluta y ha modificado el reglamento para estirar la tramitación de la ley al menos dos meses. Si el Senado la rechaza, como así será, todavía debe volver al Congreso para una votación más.
El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha dado varios avisos al Gobierno de Sánchez por esta ley. Pero su postura oficial en este momento es la de no pronunciarse hasta conocer el texto definitivo. Puede, explican estas fuentes, que esto suceda cuando Reynders esté en funciones y sin capacidad de actuar hasta que se articule una nueva mayoría en el Parlamento europeo. El comisario ha aceptado además la misión de mediar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que acabe su mandato. La primera reunión será este miércoles.
Una nueva Comisión Europea
El retraso de los plazos puede ser crucial para el Gobierno, que enfrenta dos exámenes en la Unión Europea. Por un lado, el de la segura cuestión prejudicial que planteen los jueces al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El TJUE puede paralizar la aplicación de la amnistía si considera que vulnera el derecho comunitario.
Por otro, Sánchez también está sometido a un examen político de las instituciones. La Eurocámara ha llegado a debatir sobre la salud del Estado de Derecho en España, al igual que hizo con otros países como Hungría. "Ese debate no podrá convocarse si la ley se aprueba después de la última sesión plenaria de abril", explican estas fuentes.
El otro as en la manga de Sánchez con estos tiempos es su baza negociadora en la nueva Comisión. Si se cumplen las encuestas, el presidente español liderará el diálogo de la socialdemocracia europea para formar el nuevo Gobierno de las instituciones. Y, según explican otras fuentes comunitarias, tendrá la capacidad de tejer complicidades para buscar un nuevo comisario de Justicia que "no le ponga las cosas difíciles".
