Objetivo de PSOE y PP: 210 diputados para volver a controlar las instituciones del Estado

Pedro Sánchez y Pablo Casado han convertido un pésimo comienzo en una "buena relación personal", reconocen, fruto de un interés común: la vuelta de España a una suerte de bipartidismo beneficioso tanto para PSOE como para PP, que empezará tras las elecciones generales del 10 de noviembre si logran una mayoría de tres quintos de los diputados (210) para controlar la elección de las principales instituciones: Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Defensor del Pueblo, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y RTVE, entre otras.

Incluso podrían llevar a cabo algún tipo de reforma de la Ley Electoral (LOREG), que ambos propugnan para acabar con la inestabilidad en España. Pero esto último está por ver porque, mientras Casado propone a Sánchez incrementar de 350 a 400 el número de diputados para primar al ganador con 50 escaños, los socialistas prefieren importar el sistema vasco o asturiano: si hay bloqueo, al final es investido lehendakari el candidato del partido más votado. 

Además de la ventaja del PSOE para reeditar un gobierno de izquierda en enero y la mejora sustancial del PP después de haber bajado el 28 de abril en las urnas hasta el peor resultado de su historia, los sondeos también pronostican otra cosa: que socialistas (123) y populares (66) sumarán bastante más que los actuales 189 diputados.

"Muy probablemente", se admite a Vozpópuli desde los dos cuarteles generales, sumarán por encima de esos mágicos 210 escaños - tres quintos del Congreso- necesarios para renovar las instituciones. De ser así, no necesitarían ya ni a Ciudadanos ni a Unidas Podemos ni partidos nacionalistas para su puesta en marcha; otra cosa es que los pactos a los que llegue el candidato a la Presidencia del Gobierno si no logra mayoría absoluta y se ve obligado a ceder puestos.

El asunto ha sido objeto de conversación discreta entre Sánchez y Casado en las cuatro reuniones que han mantenido hasta la fecha, se reconoce, y el acuerdo tácito es ver qué ocurre el 10N y, si lo logran, que la renovación de esos órganos institucionales bloqueados desde hace años, sea "rápida"; en los meses posteriores a la formación de gobierno en enero, a poder ser, y con ello acabarán cuatro años de inestabilidad institucional contagiada desde la política, dicen.

El Tribunal Constitucional y el CGPJ serán las primeras renovaciones institucionales que se lleven a cabo una vez que el nuevo Gobierno tome posesión allá por el mes de anero

Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha expirado su mandato. Lleva en funciones casi un año, desde diciembre de 2018, esperando que los partidos se pongan de acuerdo en la elección de los ocho vocales que tienen que eligir Congreso y Senado -de los veinte en total- entre juristas de reconocido prestigio.

Si PP y PSOE logran 210 escaños o más -así eligieron en 2013 al Poder Judicial presidido ahora mismo por Carlos Lesmes-, se pondrán manos a la obra inmediatamente; no digamos si, al final, Pedro Sánchez es investido con la abstención del PP porque el acuerdo de izquierdas con Unidas POdemos se va definitivamente al traste.

En ese caso, lo más probable, según fuentes políticas y judiciales, es que recuperen el nombre del actual presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, presidente del tribunal que está juzgando el procés. Ya intentaron convertirle en presidente del CGPJ y del Supremo hace un año, recién desalojado de la Moncloa Mariano Rajoy, pero a última hora él dio marcha atrás tras verse como mera correa de transmisión de los dos grandes partidos.

Todos en funciones

Otro tanto ocurre con el Tribunal Constitucional. En noviembre acaba el mandato de cuatro magistrados, entre ellos el presidente, Juan José González Rivas, y las Cortes tendrán que elegir a sus sustitutos, pero a partir de enero.

No obstante, el caso más sangrante es el de defensor del Pueblo. Tras la dimisión de Soledad Becerril, en julio de 2017, no hubo relevo y desde entonces ejerce el cargo en funciones quien era su adjunto, el socialista Francisco Fernández Marugán. Como ha informado este periódico, Sánchez está pensando en ofrecer ese cargo a la ex alcaldesa de Madrid Manuela Carmena o al ex ministro y candidato del PSM a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo.   

En cuanto a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), el mandato de su presidente, José María Marín Quemada, de su vicepresidenta y de tres consejeros venció el pasado lunes tras seis años de mandato, aunque continuarán en funciones. Lo mismo que en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) -cinco miembros-, donde su presidente, Fernando Martí, están en funciones desde diciembre de 2018, lo mismo que el vocal Fernando Castelló, cuyo mandato expiró en junio.