La Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) se ha convertido en fiel guardaespaldas de Pedro Sánchez. Su última decisión, tomada en cuatro días -con fin de semana de por medio-, ha consistido en archivar la denuncia del PP contra Pedro Sánchez por no ausentarse del Consejo de Ministros en el que se aprobó el rescate de 500 millones de euros de Globalia, empresa patrocinadora de los actos del Africa Center, para el que trabajaba su mujer, Begoña Gómez.
La institución pública, que dirige Flor López Laguna desde 2007, dio por cerrado el caso en 48 horas hábiles, pese a disponer de 30 días para elaborar su contestación. La OCI optó por archivar la denuncia tras preguntar exclusivamente a la Secretaría General de la Presidencia, dependiente de Félix Bolaños.
"Se ha solicitado de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno que informe si la Sra. Gómez tenía intereses en las entidades afectadas por las decisiones correspondientes a las sesiones del Consejo de Ministros... se señala que la cónyuge ni ha tenido relación laboral o profesional alguna que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración en dichas entidades", se lee en el oficio remitido por la OCI al PP este lunes, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Esa explicación, con la que el organismo de López Laguna ha despachado el caso, fue remitida antes al Partido Socialista que al Partido Popular, que era quien había interpuesto la denuncia -Cuca Gamarra y Estaban González Pons, en concreto-. Este último acontecimiento ha llevado al Partido Popular a plantearse una denuncia contra la OCI, como ha podido saber este periódico por fuentes directas.
No es la primera vez que la Oficina de Conflictos de Intereses asume el rol de escudero de Pedro Sánchez. Este mismo ente también hizo la vista gorda con las publicaciones editoriales de Sánchez, una actividad que le reporta lucrativos beneficios mientras conserva todo el poder de la Moncloa.
Dejación de funciones
El líder del PSOE cobra al año más de 90.000 euros al año por su labor de presidente. Su residencia, viajes, Falcon y comidas se sostienen con dinero público. Y a mayores, se ha embolsado, como mínimo, 60.000 euros por los libros publicados con el Grupo Planeta. En la documentación que obra en exclusiva en poder de Vozpópuli, la OCI asegura que el presidente del Gobierno "no precisa de autorización de compatibilidad para la publicación de su obra 'Tierra firme', pudiendo, además, obtener beneficios derivados de dicha publicación".
El ente público alude a que la actividad editorial del presidente Sánchez no es habitual, pese a que ha publicado dos libros en 5 años -más que muchos escritores profesionales-. Tampoco le parece problemático que cuente con un contrato editorial firmado con una multinacional como Planeta, que posee a alguno de los principales grupos de comunicación de este país.
La documentación de la que dispone este medio constata, además, que la Oficina de Conflictos de Intereses no ha comprobado si el presidente está dado de alta en la Seguridad Social como autónomo, algo que se le exigiría a cualquier español para poder publicar libros con tales ganancias.
La Seguridad Social estipula de manera clara que "los escritores de libros" deben estar incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA): un autónomo es "aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas”.
Sin embargo, la institución al servicio del Ministerio de José Luis Escrivá "no considera ni necesario ni oportuno dirigir consulta alguna a la Tesorería General de la Seguridad Social en relación a la actividad creadora del Presidente del Gobierno".
Por si fuera poco, tampoco se ha comprobado en el caso de Irene Lozano, que cobra 97.000 euros anuales como directora de Casa Árabe, labor que compagina con la redacción de los libros que le dicta Pedro Sánchez. Ni el contrato de Planeta con Sánchez, ni este último con Irene Lozano se han hecho públicos, ante el atronador silencio de una Oficina de Conflictos de Intereses que solo ha elevado 10 expedientes administrativos en la última década.
