La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, está bajo asedio por el 'caso Koldo'. Quien fuera presidenta de Baleares durante la pandemia afronta días decisivos para su futuro político una vez ha trascendido que su gabinete adquirió a la empresa de la trama, Soluciones de gestión y apoyo a empresas, mascarillas por un importe de 3,7 millones de euros a sabiendas de que eran inservibles para fines sanitarios.
El equipo de Armengol niega que hubiera "estafa". Pero según se suceden las informaciones, los nervios crecen. Y Moncloa, según las fuentes consultadas en el núcleo duro del presidente del Gobierno, empieza abrir la puerta de salida a la política balear en previsión de nuevas revelaciones del sumario. El mensaje que lanzan es que no se protegerá a nadie.
Lo cierto es que el PSOE sigue defendiendo que ha cumplido el cupo de asunción de responsabilidades políticas con la expulsión del exministro José Luis Ábalos del partido y su aterrizaje en el Grupo Mixto en el Congreso. En la federación balear defendieron este lunes a su secretaria general. El portavoz socialista en el Parlamento regional, Iago Negueruela, dijo que es "delirante" contemplar como verdad la posibilidad de que Armengol estuviera al corriente o hiciera seguimiento del expediente de la compra de mascarillas a la empresa de la trama de Koldo García. Y en Ferraz también se la defiende. Por ahora.
El señalamiento a Ábalos
La portavoz de la ejecutiva federal, Esther Peña, respaldó a la presidenta del Congreso de los Diputados justo después de que el PP pidiera su dimisión. En Ferraz creen que la reclamación de Génova "no tiene ningún fundamento" porque el nombre de Armengol no aparece en el sumario ni en la investigación. Pero en Moncloa son más prudentes y esperan que la Justicia haga su trabajo. Mientras, el entorno de Armengol se esfuerza en protegerla. Y responsabiliza al Ministerio de Transportes, cuando estaba al frente el propio Ábalos, del contacto con la empresa del 'caso Koldo'.
El entorno de la expresidenta balear asegura que ese contrato, como todos, es "validado” por el gobierno autonómico, pero se excusa en que no hubo tiempo para revisar el detalle de todos los contratos y, menos aún, para uno por valor de 3,7 millones de euros ya que hay muchos con una partida económica mayor que tuvieron que ser escrutados con más cuidado.
El equipo de Armengol defiende que no tiene constancia de haber hablado con alguno de los implicados del caso Koldo. Y niegan haber recibido presiones del Ministerio de Transportes para contratar con la empresa de la trama. “Esos días llegan tropecientas llamadas y estábamos bajo máxima tensión. Te llegan 30 o 40 llamadas de teléfonos que no tienes grabados”, explica.
Las pesquisas de la UCO
La investigación de la UCO de la Guardia Civil sobre la trama Koldo está salpicando a las administraciones públicas que adjudicaron contratos con esta empresa. Y en el caso del Ejecutivo de Armengol, al igual que el resto, se tramitó por el procedimiento de negociado sin publicidad y con carácter de emergencia. Los investigadores constatan que se efectuaron dos pagos, uno de ellos por importe de 3,7 millones de euros para el suministro de un millón y medio de mascarillas FPP2 y otro por importe de 56.715 euros por la gestión del flete de transportes desde la capital hasta Palma de Mallorca.
La primera de las irregularidades que destaca la UCO al respecto es que las mascarillas llegaron a Baleares el 27 de abril, pese a que la declaración de la tramitación de emergencia del contrato se solicitó dos días después, siendo el 4 de mayo cuando se produjo la resolución del órgano de contratación en la que se autorizaba la adjudicación.
La Fiscalía Europea decidió abrir este lunes una investigación en relación a los contratos que el gobierno de Francina Armengol, pero también el del canario Ángel Víctor Torres, suscribieron con la trama Koldo. El ente argumenta que tras recibir una denuncia de un particular en relación a los contratos de mascarillas, y verificar su competencia, ha decidido iniciar una investigación por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. El órgano investigará un total de cuatro contratos que Soluciones de gestión firmó con Canarias y un quinto con Baleares por poco más de 10 millones de euros al haberse costeado, en parte, con fondos europeos. El órgano explica en una nota que se requirió información a la Audiencia Nacional y también a diferentes agencias encargadas de gestionar la financiación con la UE.
