Publicado: 28/03/2019 05:15
Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía investigan, por orden del juez del caso Tándem, al menos cuatro "maniobras de intoxicación informativa" presuntamente desarrolladas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo contra Pablo Iglesias y Podemos, según se desprende del sumario del procedimiento, al que ha tenido acceso de forma parcial Vozpópuli.
La formación morada presentó el pasado 11 de octubre un escrito de 17 páginas en el que reclamaba al magistrado a cargo del caso, entonces Diego de Egea, que investigara diferentes vínculos del "clan policial mafioso" -según la definición del ministerio público- con periodistas, ante la posible existencia de una "ramificación" de la "organización delictiva" en los medios de comunicación.
Una providencia firmada por el juez De Egea accedió a la petición de la Fiscalía anticorrupción. Y así se procedió a investigar de forma secreta las relaciones comerciales, acuerdos o datos concretos que relacionen a Cenyt, la empresa de Villarejo, "con la colaboración de periodistas o medios de comunicación", según el escrito de 23 de octubre del ministerio público.
"Intoxicación informativa"
La Fiscalía también reclamaba que se analizaran los posibles pagos u otro tipo de contraprestaciones, vinculados a noticias relacionadas con dichos proyectos de "intoxicación informativa", "filtración de datos reservados" o "manipulación mediática". Por ello, la Policía investiga si Villarejo está en el origen de la publicación de informaciones sobre mensajes privados del líder de Podemos, que habrían sido robados del teléfono de la militante de Podemos Dina Bousselham, y del Informe PISA (Pablo Iglesias SA) sobre la presunta financiación venezolana e iraní del partido.
Los agentes también analizan si el excomisario maniobró para que se publicara una noticia sobre una presunta transferencia de 272.000 euros del régimen de Nicolás Maduro en el paraíso fiscal caribeño de San Vicente y Granadinas. Y la publicación de un informe de los servicios secretos cubanos, facilitado por un confidente, que confirmaba el mencionado pago de la dictadura venezolana. Tres de las cuatro informaciones bajo sospecha fueron publicadas en OKDiario, cuyo director es el periodista Eduardo Inda. La cuarta, referida al Informe PISA, también la publicaron otros periódicos.
Mariló Montero
Según explican fuentes del caso a Vozpópuli, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, investiga si Villarejo -al acceder al teléfono de Dina Bousselham- fue la fuente que entregó a OKDiario los mensajes sobre la noticia: Iglesias sobre Mariló Montero: "La azotaría hasta que sangre. Soy marxista convertido en psicópata". Esta información tendría su origen en un mensaje de Iglesias en un chat de la red de mensajería Telegram con varios dirigentes de Podemos. El clan policial pudo haber accedido a su contenido tras conseguir el teléfono móvil de Bousselham, que en 2016 denunció el robo de su terminal, según adelantó el diario Público.
La segunda presunta "intoxicación informativa" desarrollada por Villarejo contra Pablo Iglesias y su partido es la elaboración y difusión del denominado Informe PISA (Pablo Iglesias SA). Este documento fue utilizado por el pseudosindicato Manos Limpias para interponer una querella contra varios dirigentes del partido en el Tribunal Supremo, aunque no fue admitida a trámite. El 12 de enero de 2016, el periódico dirigido por Inda publicó una información sobre este dosier: "La Policía descubre que la dictadura iraní ha dado 2 millones de euros a Iglesias y su entorno desde 2013", en el que acusa a Iglesias de recibir dinero ilegalmente de los Gobiernos de Venezuela y de Irán.
"Eugenio Pino"
"Las noticias posteriores en otros medios de comunicación han determinado que dicho supuesto informe aparece por vez primera en la Dirección Adjunta Operativa, dirigida en ese momento por Eugenio Pino, quien da traslado del mismo a la UDEF, quien a su vez y sin realizar ninguna diligencia investigadora lo remite al Tribunal de Cuentas", según explica Podemos al juez. Desde la formación morada, pretenden conocer la actuación del exjefe de la Policía -imputado en la causa- en la supuesta filtración.
La tercera supuesta "manipulación mediática", tal y como define estas filtraciones el ministerio público, es la información del supuesto pago de 272.000 euros por parte de la dictadura de Nicolás Maduro a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de San Vicente y Granadinas. Podemos relata que en la declaración de Inda tras ser demandado, este "aportó unas manifestaciones ante notario de un presunto confidente venezolano de la policía española quien aseguraba que la orden de pago era auténtica", explica este partido, que sostiene que esta declaración no es verídica.
En la vista también declaró el comisario principal Eugenio Pino, "quien testificó que existía algún tipo de informe policial proveniente de la propia DAO que había investigado estos pagos", indica Podemos. Desde el partido, sin embargo, subrayan que "nadie ha visto aún dicho informe policial".
La cuarta filtración que Podemos ha pedido al juez que se investigue es la publicación de una información sobre un supuesto dosier de los servicios secretos cubanos que, según OKDiario, confirmaría el pago de los 272.000 euros del Gobierno de Maduro.
Residencia en España
Por eso, Podemos pide al magistrado que investigue si entre la documentación intervenida a Villarejo consta el presunto dosier "aportado por el ciudadano venezolano Carlos Alberto Arias", quien pudo haber sido beneficiado con una autorización de residencia en España concedida el 11 de abril de 2016 por la circunstancia excepcional de "apreciadas razones de colaboración con las autoridades policiales".
El 13 de mayo de 2016, el confidente declaró ante un notario que desde febrero del mismo año estaba colaborando "como informador con la policía española". Dijo haber facilitado documentos sobre el dinero que ha aportado Venezuela al Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), a Podemos y sus dirigentes. Iglesias sería uno de los beneficiados, con un ingreso en una cuenta de Euro Pacific Bank de las Islas Granadinas.
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