No sabemos a quien se encomendará Salvador Illa esta Semana Santa, pero desde que estalló el 'caso Koldo' y volvieron a primera plano sus adjudicaciones durante la pandemia, el exministro de Sanidad vive su particular vía crucis. El último en forma de querella por parte del grupo parlamentario Vox, adelantada por Vozpópuli, ante el Tribunal Supremo por contratos que ascienden a más de 600 millones de euros de dinero público. Entre los contratos más sospechosos de Salvador Illa se encuentra una adjudicación de 5 millones de euros a una asesoría fiscal para traer hisopos, que se utilizan para tomar muestras de la covid-19.
Como se desprende del contrato, se firmó por la vía de emergencia ´-negociado sin publicidad- el 17 de abril de 2020. El Ministerio de Sanidad destinó más de cinco millones de euros (5.124.000€) a Value and Bro SL para que suministrase reactivos y 700.000 hisopos para tomar muestras de coronavirus. Del total, 2,5 millones de euros se pagaron por adelantado.
El objeto social de esta compañía poco tiene que ver con la importación de material sanitario: "asesoramiento legal, laboral y tributario". En sus cuentas de 2018 registró un activo de 3.519 euros y unas ventas de solo 4.300 euros. Además, Value and Bro carecía de empleados en plantilla y contaba con un capital social de 4.000 euros.
Como administradora única figura la abogada Paola Martínez Ledesma. La compañía tiene su domicilio social en Málaga. Su papel consistió en intermediar con la compañía china Guangzhou Bioway Medical Technology para traer el pedido. Esta adjudicación es una más de las incluidas en la querella de Vox contra el líder del PSC, Salvador Illa. El partido de Santiago Abascal pide a la Sala Segunda del Supremo que le abra causa por los delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.
Value and Bro también hizo negocio con la Diputación provincial de Málaga, si bien las cifras están lejos de las asignadas por Sanidad. En este caso, la adjudicación se llevó a cabo un mes antes que la de Sanidad, el 23 de marzo de 2020, y tuvo un coste de 64.000 euros para las arcas públicas. La diputación malagueña confió en esta empresa sin experiencia para traer 53.000 mascarillas, 3.000 batas, guantes y diverso material.
Mascarillas a un despacho en Chipre
Como ha venido desvelando este periódico, las adjudicaciones por parte de Sanidad a empresas que nada tenían que ver con la actividad sanitaria era una tónica habitual bajo el mandato de Salvador Illa en lo peor de la pandemia.
Un buen ejemplo de ello son los más de 9 millones de euros que Sanidad concedió a un despacho de abogados de cuatro empleados con sede en Nicosia (Chipre) para traer mascarillas quirúrgicas a principios de 2020. De acuerdo con la información consultada por Vozpópuli, el Ministerio de Sanidad pagó por las mascarillas de esta compañía, Danbury Enterprises, un 3.500% más que lo que pagaba en el mismo período a las empresas españolas.
Illa compró 13 millones de mascarillas quirúrgicas a este despacho de abogados chipriota a un precio por unidad de 70 céntimos. Mientras, en el mismo período de tiempo, empresas españolas (que sí estaban especializadas en importación de material sanitario y cuyo transporte era más barato) como Suministros Hospitalarios las vendían en aquel momento a 2 céntimos la unidad. Es decir, 35 veces menos que el despacho de abogados con sede en Nicosia.
Otro caso muy sonado, y que se encuentra en manos de la Fiscalía Europea, son más de tres millones de euros a Hyperin Grupo Empresarial, una compañía especializada en la fabricación de yesos a la que se confió la adquisición de 144 respiradores de ventilación mecánica invasiva, los que utilizaban los pacientes de covid más graves. Ninguno terminó llegando a suelo español.
En 2021 el Gobierno admitía que esta empresa le debe al Estado 1,8 millones de euros en material que se pagó y nunca se adquirió.
