El Gobierno cederá aeropuertos y puertos a Cataluña en la ley anticrisis

El Gobierno de coalición cuenta ya con un nuevo arma de negociación de cara a sus socios parlamentarios, en especial los catalanes. El PSOE y Sumar se han puesto de acuerdo para impulsar una serie de enmiendas en el proyecto de ley anticrisis para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania y Oriente y la sequía, entre las que aparece una disposición transitoria que facultaría a las comunidades autónomas para asumir el control de infraestructuras hasta ahora estatales, como los aeropuertos y los puertos.

Estas enmiendas se han redactado cuando la Generalitat reclama la gestión de El Prat. La semana pasada, Maurici Lucena veía "prácticamente imposible" que Barcelona-El Prat pase a manos de la Generalitat como Rodalies. En la presentación de su plan estratégico 2022-2026, el presidente de Aena aseguraba que "nunca se ha dado el debate" con el Govern sobre una transferencia del aeropuerto catalán.

Por su parte, el PNV ha dicho, en boca de su candidato a las elecciones vascas, Imanol Pradales, que priorizan la llegada de la gestión de los puertos y los aeropuertos vascos, señalando como primer paso el cambio de manos de la gestión del aeropuerto alavés de Foronda.

En concreto, las fuerzas del Gobierno de coalición han comenzado a tramitar la incorporación de una norma transitoria en materia de aeropuertos de competencia estatal que permitiría a las comunidades autónomas desclasificar como aeropuertos de interés general previo informe del mismo gobierno regional, si bien fuentes de AENA remarcan que la norma aludiría a los "no integrados en la red" de la empresa participada por el Estado. El Prat, por tanto, quedaría fuera de las aspiraciones de los independentistas; tampoco se vería afectado Foronda. Sí, por ejemplo, el de Lérida o el de Castellón.

"Los aeropuertos de interés general, existentes o ya proyectados, no integrados en la red de aeropuertos de interés general gestionada por Aena, S.M.E., S.A. conservarán esa condición. No obstante, previo informe de la comunidad autónoma correspondiente, podrán ser descalificados como aeropuertos de interés general", reza una de las enmiendas del PSOE y Sumar que ha podido cotejar Vozpópuli.

Nuevos aeropuertos

Otra de ellas apunta paralelamente a la modificación de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, con una nueva y más compleja redacción del artículo cuarenta y tres, relativo a las autorizaciones para la construcción de nuevos aeropuertos en España. Hasta ahora, este artículo limitaba el marco a una "autorización previa, de acuerdo con las condiciones que determine el ministerio de Fomento".

La enmienda de PSOE y Sumar mantiene reservada a la estatal Aena la promoción de aeropuertos de interés general, pero ahonda en los requisitos para la promoción de aeropuertos fuera de la citada esfera, incidiendo en que, "en cualquier caso, la promoción de nuevos aeropuertos civiles que sean competencia de la Administración General del Estado requerirá autorización del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible". En todo caso, de acuerdo a esta posible disposición, "la autorización tendrá carácter discrecional".

"Para otorgarla deberán ponderarse aspectos sociales, medioambientales y económicos, entre estos, la solvencia del promotor y la viabilidad del proyecto. En todo caso deberá quedar acreditado que el nuevo aeropuerto es compatible con la planificación aeroportuaria del Estado; con la red de aeropuertos de interés general gestionada por Aena, S.M.E., S.A.; con la estructuración, ordenación y control del espacio aéreo; con la red de carreteras del Estado; con la red ferroviaria de interés general y con el sistema portuario de titularidad estatal", enuncia la enmienda.

"Esta autorización es independiente de las que, en virtud de otras normas, deba obtener el promotor antes o después de construir el aeropuerto, ni prejuzga el resultado de estas".

Autonomía para el Puerto de Barcelona

Otra de las enmiendas, en este caso, de ERC, concede mayor autonomía a la Autoridad Portuaria de Barcelona, que se desliga del Ministerio y de Puertos del Estado, a través de una relajación de los requisitos y umbrales para que su contratación sea revisada.

Se modifica la disposición adicional trigésima novena la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que queda redactado como sigue: "El régimen jurídico de los contratos que celebren Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias será el establecido en esta Ley para las entidades del sector público que, siendo poderes adjudicadores, no tienen la consideración de Administración Pública, excepción hecha del régimen de autorizaciones que establece el artículo 324 de esta ley, que no resultará aplicable".