"¿Qué prefiere Pedro Sánchez que hagamos?". Esa fue la pregunta que se hizo Alberto Núñez Feijóo cuando, el pasado martes, el Consejo de Ministros, contra todo pronóstico, dio luz verde a un nuevo decreto ómnibus troceado a la medida de Carles Puigdemont. 

Una semana antes, el grupo popular había propinado al Gobierno la mayor derrota parlamentaria de lo que llevamos de legislatura con su rechazo a un texto que contenía una amalgama de medidas de lo más variopintas: desde la revalorización de las pensiones hasta el regalo para el PNV de un palacete en París valorado en doce millones, entonces línea roja infranqueable para el PP. Ya no. 

Desde que naufragó el decreto ómnibus en el primer Pleno del año, la política española se ha instalado en la contienda del relato. El quién tiene la culpa como madre de todas las batallas. El Gobierno, que en el minuto uno tenía en su mano la opción de aprobar un nuevo decreto para salvar el grueso de las medidas sociales, como las bonificaciones al transporte, decidió jugar al despiste con un único fin: erosionar a la oposición. Y la oposición se lanzó a la calle hasta con una recogida de firmas para escenificar que ellos, por mucho que diga la izquierda, sí están del lado de los colectivos afectados por la derogación del decreto. 

Finalmente, el martes, tras un armisticio en las maltrechas relaciones entre el PSOE y Junts -verdadero causante de que el Gobierno se llevara semejante varapalo en el Hemiciclo-, la Moncloa aprobó un nuevo decreto. Y el líder del PP esperó a leer la letra pequeña para decidir el sentido del voto. En realidad, su decisión era insignificante. Se trataba de una postura simbólica, porque esta vez no será necesaria la bancada popular para garantizar que la norma llega a buen puerto.

Visto de arriba a abajo el texto publicado en el BOE, Feijóo decidió apoyarlo. A pesar de que volvía a incluir la prebenda para el PNV. Un movimiento estratético que hasta sus más cercanos colaboradores admiten que es "difícil" de explicar y que responde al interrogante inicial. "Lo que pretendía Sánchez era estar todo el día diciendo que el PP vota en contra de los pensionistas o de los damnificados por la DANA".

En los últimos días, el Gobierno, los líderes territoriales del PSOE y hasta los sindicatos, que todavía hoy mantienen una manifestación para el domingo, han salido en tromba a culpabilizar al PP del naufragio del escudo social. Y en Génova temen que la campaña de lluvia fina acabe calando. Especialmente, en un nicho de votantes no menor: los pensionistas. Unas doce millones de personas. Ahí es nada. "Si llegamos a decir que votamos en contra, la campaña entre los jubilados iba a ser tremenda", concede un mando destacado del partido, que alaba el volantazo de su jefe.

Encuestas internas

Después de mandar al patíbulo el primer decreto, que entremezclaba unas ochenta medidas en 140 páginas, los populares se centraron en explicar el por qué de su posición para así fijar una cronología favorable a sus intereses ante la parroquia electoral. No obstante, según aseguran ahora algunos dirigentes -eso sí, con encuestas internas en la mano-, el ciudadano de a pie tan sólo se estaba quedando con un titular: "El PP vota en contra de la revalorización de las pensiones". Y eso, en términos políticos, podía acarrearles un fuerte desgaste que incialmente negaron. 

Los motivos que esgrimió el PP para votar en contra del primer decreto ómnibus fueron tres: la cesión del inmueble parisino a los nacionalistas vascos, por la que montó en cólera; la inclusión de medidas fiscales y la prórroga de la paralización de los desahaucios. Para sacudirse de toda culpa, los populares desplegaron toda su artillería. Además de la citada recogida de firmas, registraron proposiciones de ley en la Cámara Baja y una moción en el Senado que quedó en papel mojado antes incluso de ser votada en un Pleno extraordinario el martes.

Además, Feijóo tendió la mano a Sánchez una y otra vez para consensuar un nuevo decreto que no fuera ómnibus. A lo que distintos ministros dijeron que no se podía. Los populares se afanan a la recogida de cable de Sánchez para justificar que no han sido ellos quienes han cambiado de opinión. Que el sí es consecuencia del paso atrás del Gobierno. Así escribió Miguel Tellado en su cuenta de X: "Sánchez volvió a mentir, otra vez. Y volvió a rectificar, otra vez. Y el decreto que no se podía "trocear" se troceó por orden directa de Waterloo cuando Puigdemont permitió celebrar el Consejo de Ministros. Para el PP, por encima de todo, están los españoles. Para el Gobierno, sólo su subsistencia y el cálculo político. Sí a la política que sirve". 

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