Aragonés acusa al CNI ante el juez de haberle espiado mientras negociaba con el PSOE

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha ratificado en el juzgado la querella que presentó por el caso Pegasus, y en su declaración ha atribuido al CNI el espionaje telefónico que sufrió, según explicado fuentes presentes en la sala. Además, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que levante el secreto por ser "una obligación moral".

Después de testificar durante alrededor de una hora, Aragonès ha ratificado su querella "con el objetivo de que se sepa toda la verdad sobre el espionaje" y de que ningún ciudadano vuelva a ser espiado, según él, con motivo de su ideología.

Ha añadido que levantar el secreto de las actuaciones del CNI, como ha pedido el instructor, es imprescindible y "una obligación moral de todas las instituciones públicas involucradas", y en concreto lo ha calificado como una obligación ética y moral del Gobierno hacerlo.

Aragonès ha explicado al juez que detectó el espionaje en julio de 2020 a raíz del informe de Citizen Lab que lo alertó de que había "varios indicadores de compromiso" en su teléfono y que a causa de esto el Govern ha retirado todos los móviles de las reuniones del Consell Executiu, han indicado las citadas fuentes.

A raíz de este aviso, encargó un informe pericial que detectó infecciones desde 2018 hasta marzo de 2020 y que habían llegado a su móvil a través de mensajes SMS que él no detectó en el momento, cuando era vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía.

Las infecciones que Aragonès ha denunciado coinciden con momentos de la política catalana en los que participó, como la formación del Govern que encabezó Quim Torra al levantarse el artículo 155 de la Constitución, las negociaciones de los presupuestos catalanes y para la investidura de Pedro Sánchez tras la moción de censura a Mariano Rajoy y la mesa de diálogo.

Además, fuentes presentes en la declaración han señalado que los últimos días de los que Aragonès tiene constancia de que fue espiado coinciden con el inicio del confinamiento por la pandemia de coronavirus, cuando la comunicación por teléfono se maximizó.

Por su condición de testigo, Aragonès estaba obligado a responder a las preguntas de todas las partes: el juez le ha interrogado sobre qué tipo de datos cree que pudieron verse afectados y en qué contexto político se produjeron, y el fiscal le ha preguntado si tiene constancia de que la información se haya filtrado.

Paz Esteban, en enero

En cambio, no ha acudido ningún representante de la Abogacía del Estado, que pidió aplazar la declaración como investigada de la exdirectora del CNI Paz Esteban por motivos de agenda -se hará el 26 de enero- y no ha designado a ningún sustituto para presenciar la declaración de Aragonès.

Por su cargo, Esteban está sometida al secreto oficial y por tanto estará obligada a no contestar ninguna pregunta a menos que el secreto se levante antes, algo que el Consejo de Ministros puede hacer parcialmente, han indicado fuentes judiciales.