Guardias civiles y policías nacionales no han sido capaces de alcanzar un acuerdo sobre el reparto de los 247 millones de euros anunciados por Fernando Grande-Marlaska para su equiparación salarial. Sindicatos y asociaciones han debatido, sin éxito, sobre cómo distribuir esta cuantía entre los diferentes cuerpos. La decisión queda ahora en manos del Ministerio del Interior.
Como contó Vozpópuli, fuentes de ambos cuerpos habían señalado hace una semana -cuando se celebró la anterior reunión entre las dos partes- la dificultad para alcanzar un acuerdo. Los sindicatos policiales pedían un 47% de esos 247 millones, mientras que las asociaciones de la Guardia Civil pedían un 60%. La Secretaría de Estado de Seguridad emplazó a unos y otros a celebrar una nueva reunión, celebrada este lunes, para alcanzar un acuerdo. Fuentes presenciales detallan que dicho acuerdo no se ha producido.
La tensión entre sindicatos y asociaciones es palpable. Los 247 millones corresponden al tercer tramo que el Ministerio del Interior tenía pendientes de abonar sobre el acuerdo de equiparación salarial. En los anteriores dos repartos se produjeron algunas modificaciones respecto al porcentaje de distribución que se había alcanzado en un inicio. Al ser el último trozo del pastel, policías y guardias civiles reclaman las cuantías que consideran necesarias para su mejora salarial, aunque las pretensiones de unos y otros son incompatibles.
Los argumentos
Los policías nacionales aducen que en los últimos años se han incorporado nuevos agentes a sus filas, por lo que el reparto hay que hacerlo entre más bolsillos. También consideran que los guardias civiles cuentan con otras retribuciones al margen de sus salarios, como las residencias en las casas cuartel. Los miembros del Instituto Armado, por su parte, tiran de calculadora y aseveran que sus sueldos son más bajos y que sus retribuciones por productividad son son sensiblemente inferiores a las de los policías.
Sin un acuerdo posible, será el Ministerio del Interior el que tenga la última palabra sobre cómo se repartirán los 247 millones de euros. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska pisa el acelerador y se ha marcado el mes de septiembre como el horizonte deseado para culminar con el desembolso, que tendrá efectos retroactivos hasta el pasado 1 de enero.