Los policías y guardias civiles de Cataluña se han movilizado para atajar la campaña que desde la Generalitat y algunos medios locales están desplegando contra ellos después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de obligar a la Generalitat a retomar la vacunación por la covid-19 de estos colectivos al resolver que habían recibido un trato discriminatorio.
Según ha podido saber Vozpópuli, el secretario general del Sindicato Unificado de Policías (SUP), Luís Mansilla, ha presentado dos denuncias por delito de odio contra la revista 'La Tira', de la provincia de Gerona, y contra el diario 'La Mañana', de Lérida, ante las Fiscalías de Gerona y Lérida, respectivamente. La Fiscalía de Lérida ha aceptado a trámite la denuncia por una viñeta en la que se ve una esvástica nazi en la porra de un agente de la Policía Nacional.
De la viñeta, publicada el pasado 28 de abril en el número 28.431 del rotativo, se interpreta, según la denuncia, que el agente está agrediendo al médico para que le vacune con la connivencia de un juez y un símbolo nazi en el mango de la porra que se aprecia si se amplia la imagen o en un ejemplar original.
"No puede estar amparada por la libertad de expresión porque se injuria gravemente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e incita al odio hacia este colectivo", argumenta Mansilla en su denuncia.
Según su escrito, los delitos que se pueden subsumir del dibujo son los de los artículos 504, 505 y 510 del Código Penal relativos a injuriar o amenazar gravemente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (artículo 505), así como a fomentar, promover o incitar, directa o indirectamente, el odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo por razón de pertenencia en ese grupo (artículo 510).
Estos delitos pueden comportar penas de prisión de dos a cuatro años así como multas de seis a doce meses. "Tenemos indicios racionales para iniciar una investigación al respeto. Llega un punto en que no podemos permitir más campañas en contra de nosotros", explica el secretario general del sindicato policial a Vozpópuli.
"Fuerzas de ocupación"
La segunda denuncia, presentada este martes en la Fiscalía de Gerona, es por el epígrafe que define a las dependencias conjuntas de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el municipio de Camprodon como "Fuerzas de ocupación españolas".
Esta definición aparece publicado en el apartado de servicios de la revista gratuita 'La Tira'. Tanto en su versión en papel como digital e incluye el teléfono y dirección de este servicio municipal.
Lejos de rectificar, en la cuenta de Twitter de la revista afirman que "hay que decir las cosas por su nombre" y que "cualquier organismo del Estado son fuerzas de ocupación".
En la denuncia se pide que se bloquee el acceso a dicha publicación si se sigue permitiendo este contenido susceptible de incurrir en un delito de injurias e incitación al odio.
Vacunas disponibles
Después de la decisión de la Justicia catalana de retomar la vacunación a los agentes de estos dos cuerpos policiales en Cataluña, el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, aseguró que esta resolución judicial retrasaría la inmunización "de la gente de 70 años".
La oposición política, con Ciudadanos al frente, tachó de "inadmisible" sus declaraciones y posteriormente la veracidad de esta afirmación fue puesta en entredicho ya que la propia Generalitat lanzó una campaña de promoción de "vacunas disponibles" para esa franja de edad. La concejal de Barcelona pel Canvi en el Ayuntamiento de Barcelona y diputada en el Parlament, Eva Parera, denunció de "mentira" y lamentó que "nadie dimita" por ello.
La Policía Nacional y Guardia Civil está en el punto de mira de los principales líderes independentistas desde su intervención del el 1 de octubre de 2017 para frenar el referéndum ilegal.
Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat huido a Waterloo, también vinculó estos dos episodios para criticar que se les vacunara y le tildó de "privilegiados" pese a haber "agredido" a los votantes del 1-O. Antes de la sentencia del TSJC, la Generalitat había vacunado menos del 10% de guardias civiles y policías mientras que el 80% de los agentes de los Mossos habían recibido la vacunación.
Ahora, desde el Sindicato Unificado de Policías han decidido llevar ante los tribunales esta campaña en su contra para defender sus derechos y cortar, según añaden en un comunicado, este tipo de "arengas que generan odio".
