Pedraz descarta más pruebas y ultima la causa contra Fainé y Caixa por la compra del BPI

La investigación penal abierta contra Isidro Fainé, Gonzalo Gortázar y CaixaBank por la compra del BPI toca a su fin. La Audiencia Nacional acaba de respaldar la decisión del magistrado Santiago Pedraz de no prorrogar la causa que arrancó hace ahora tres años por un presunto quebranto a la entidad catalana de 687 millones de euros con la adquisición del banco portugués. De este modo, el procedimiento enfila ya su recta final a falta de incorporar una pericial del Banco de España en relación a esta operación.

En la nueva documental adherida al sumario, y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la Sala de lo Penal tumba las pretensiones de los querellantes de seguir investigando estos hechos al considerar que ya no quedan más diligencias que practicar sobre este asunto. Según precisan los magistrados, no se puede mantener viva una causa sin proponer qué pruebas practicar exactamente porque ello implicaría una investigación prospectiva. Por ello, aprueba el criterio adoptado por Pedraz el 16 de julio y respaldado por la Fiscalía.

Del mismo modo, tampoco ven pertinente solicitar más documental a The Bank of East Asia (BEA) por su implicación en este proceso de compra del BPI. En concreto, las acusaciones -que denunciaron pérdidas millonarias con la OPA de Caixa al banco luso- solicitaron a Pedraz que requiriera al BEA el contrato en exclusiva para la explotación de carteras de seguros, así como los documentos sobre el acuerdo que el conglomerado con sede en Hong Kong alcanzó con el fondo Elliot. A su juicio, este material arrojaría luz a los hechos que investiga la Audiencia Nacional desde 2018 por delitos societarios, abuso de mercado y administración desleal.

Sin embargo, ni el instructor ni la Sala comparten ese criterio. Tras haber escuchado a todos los querellados en sede judicial y haber requerido toda la documental de las operaciones, la Sala entiende que lo que se pide no tiene "relación real" con lo que se investiga. El magistrado José de la Mata arrancó la causa por unos hechos que se remontan al año 2015 y en los que se incluyen también un sospechoso préstamo de 400 millones al banco angoleño BFA. Por ello entienden que las diligencias que ahora se proponen de asuntos relativos a 2021 "desbordan el ámbito" de la causa.

La compra del BPI

La misma tenía por objetivo esclarecer si, tal y como denunciaron dos querellantes, CaixaBank sufrió un perjuicio de 687 millones de euros al adquirir BPI. Al respecto apuntaron a una serie de operaciones irregulares en cuyo foco se encuentra el contrato de permuta entre la entidad y su accionista para entrar en el banco luso. La querella inicial (que se dirigió también contra el presidente del BEA, David Li, y el exdirector general de medios de la entidad Antonio Massanell) recogía que el 'roto' al banco se produjo al transmitirse el capital a Criteria a un precio fijo, en vez de reflejar las subidas en la cotización de las acciones. El perjuicio cifrado fue de 654,7 millones de euros.

No obstante, De la Mata ya advirtió en su auto inicial que los hechos que son objetivo de investigación se remontan al 2007, cuando Caixa (presidida entonces por Fainé) entró en el Consejo de Administración del Bank East of Asia. El banquero catalán -cuya imputación en el caso Villarejo ha sido recientemente archivada- ingresó en el consejo dos años después. Este movimiento provocó que su posición en China se viera potenciada, teniendo en cuenta que es uno de los principales bancos de Honk Kong y que ya en 2009 contaba con más de 37.000 millones de euros en activos.

En diciembre de 2015 Caixa firmó un contrato de permuta con Criteria para vender su participación del 17% en la entidad hongkonesa. Los accionistas querellantes denunciaron que el valor de la acción pactado y reflejado en el contrato era fijo y, por lo tanto, no se benefició del incremento que se produjo cuando se empezó a plantear en el mercado una posible OPA. La plusvalía latente, según denunciaron los accionistas, fue de poco más de 370 millones de euros. En su hecho relevante a la CNMV, Caixa garantizó que la venta del 9,9% de las acciones propias para financiar la compra de BPI no causaría un perjuicio al patrimonio administrado.

Sin embargo, la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella apuntando a un quebranto que afectaba no solo al banco sino también a todos sus accionistas y asegurando que la operativa que se impulsó no era baladí, sino "de gran trascendencia económica" para Caixa, especialmente por el momento de "aguda crisis bancaria". Además denunció que los minoritarios no pudieron beneficiarse de un segundo impacto alcista de las acciones debido al presunto abuso de información privilegiada y de posición dominante como accionista de control que habría impuesto Criteria.

"Mantener viva la instrucción"

Del mismo modo la causa ha investigado también un préstamo que Caixa concedió a BFA (Banco Fomento de Angola) coincidiendo con la operación de compra de la entidad lusa. Los investigadores sospecharon que el crédito de 400 millones de euros a BFA se negoció en contraprestación a que Isabel Dos Santos (hija del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos y una de las mujeres más ricas del país) no obstaculizara la entrada del banco que presidía Fainé en el BPI, entidad de la que era segunda accionista.

Al respecto, los denunciantes sostienen que las diligencias propuestas al magistrado servirían precisamente para averiguar exactamente cuál fue el perjuicio derivado de la operación de permuta entre Caixa y Criteria. Frente a esta tesis , la defensa de Gortázar (querellado por su condición entonces de consejero delegado a quien rendía Cumplimiento Normativo) insiste en que la investigación ha desmentido los extremos recogidos en la querella y que los accionistas han ido modificando su acusación con el único fin de "mantener viva la instrucción".

La Audiencia Nacional zanja el debate y respalda a Pedraz asegurando que las diligencias propuestas por las acusaciones (relativas a la venta del BEA) están fuera de contexto y de la investigación penal, de la que lo único que queda es incorporar la pericial encargada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 al Banco de España.