La no abstención de la mujer de Pumpido frustra el plan conservador para renovar el TC

El Pleno extraordinario del CGPJ celebrado este martes para elegir a sus candidatos al TC volvió a evidenciar la fractura que existe en el órgano de gobierno de jueces. Los vocales conservadores intentaron sin éxito que saliera adelante la votación de sus dos nombres, aunque ni los suyos ni el progresista lograron los votos necesarios. Para el bloque mayoritario hubiera sido clave que se abstuviera Clara Martínez de Careaga, mujer del magistrado Cándido Conde-Pumpido.

De hecho, este fue el punto inicial de un Pleno que se prolongó poco más de tres horas y que terminó sin resultado positivo. Al comienzo de la reunión el bloque conservador expuso sus motivos por los que esta vocal, de corte progresista, se tenía que apartar de la votación. Alegaron que su abstención era clave no solo por la motivación expresada sino porque, con un vocal menos, la mayoría exigible para nombrar a los magistrados hubiera sido de 10 votos y no de 11.

Precisamente, 10 votos fueron los que obtuvieron los dos candidatos de los conservadores: el presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, César Tolosa, y el magistrado de esta Sala Pablo Lucas. La propuesta de los progresistas, el también magistrado del alto tribunal José Manuel Bandrés, tampoco prosperó ya que obtuvo siete votos. Cabe destacar que el que sí se retiró de la votación fue el progresista Enrique Lucas al tratarse del hermano de uno de los candidatos al Constitucional.

Conde-Pumpido, en el foco

La mayoría de miembros del CGPJ era consciente de que, para que salieran sus nombres, tenía que apartarse la esposa de Cándido Conde-Pumpido. Sin embargo, el reclamo no prosperó porque la bancada progresista entiende que no había motivo alguno para que la vocal no pudiera votar estas candidaturas. El resultado final de la votación fallida es la prolongación del bloqueo en un Tribunal Constitucional que esta misma semana tumbaba la tramitación de la reforma de Pedro Sánchez.

La vocal Clara Martínez de Careaga no puede participar en el nombramiento de la persona que puede decidir que su marido (Conde-Pumpido) sea nombrado presidente del TC

Al término del Pleno, el vocal José María Macías formuló un voto particular al que se sumaron cuatro vocales más, también de sensibilidad conservadora. "Sostengo que el Pleno se constituyó indebidamente con la participación de la vocal Clara Martínez de Careaga. Es notorio que la vocal está casada con el magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que es un candidato posible para ser nombrado presidente del TC", reza el voto.

El documento se ampara en las causas de abstención que contempla el artículo 580 de La Ley Orgánica del Poder Judicial. Sostiene que la jurista debería haberse apartado de esta deliberación porque "no puede participar en el nombramiento de la persona que puede decidir que su marido sea nombrado, o no, presidente del TC y quinta autoridad del estado". "Como gráficamente ha expresado un vocal, no puede elegir a los electores de su marido", razona. La vocal, por su parte, también anunció formulación de voto particular, en su caso concurrente.

La reforma de Sánchez

Sea como fuere la votación no prosperó y se perdió la primera gran oportunidad para renovar el Tribunal Constitucional. Precisamente el bloque conservador aceleró con los trámites tras hacer público el Gobierno que, junto con la derogación del delito de sedición, incluiría una enmienda para cambiar las normas con las que el CGPJ elige sus candidatos al TC.

El objetivo de esta reforma que ha paralizado el Constitucional era que el Gobierno pudiera nombrar a sus propuestas para el tribunal de garantías aunque, en paralelo, marcaba también las reglas en las votaciones del CGPJ. El texto -que ahora se tramitará como proposición de ley en el Congreso- propone un cambio del actual sistema de tres quintos por el de mayoría simple, da un plazo máximo a los vocales para acatar el trámite y amaga con actuaciones penales contra los que no lo cumplan.

En vista de los cambios y de que se esperaba una aprobación exprés, los vocales conservadores pidieron Pleno extraordinario y pusieron sobre la mesa sus dos candidatos. De hecho, el Pleno de este martes se convocó inicialmente para votar a los elegidos de esta parte del CGPJ. Sin embargo, antes del comienzo se adhirió al orden del día la proposición de Bandrés.

El resultado demuestra la escisión que existe en el Consejo y devuelve al punto inicial las negociaciones para sacar adelante este trámite. Así pues continúa la polémica que se remonta al pasado año, cuando el Gobierno les quitó las competencias para efectuar nombramientos. Los socios del Ejecutivo retiraron la facultad que tenía el Consejo por Ley, lo que ha provocado que decenas de cargos en la cúpula de la Justicia no se puedan renovar.

Se mantiene el bloqueo en el TC

En verano del año pasado el Ejecutivo se vio obligado a corregir su reforma legal al comprobar que se aproximaba el vencimiento del mandato de cuatro miembros del TC, de los que dos compete renovar al CGPJ y dos al Gobierno. La única posibilidad de nombrar a los suyos e inclinar el TC hacia una mayoría progresista era la de devolver al CGPJ su facultad de efectuar nombramientos, pero solo en lo que al Constitucional se refiere.

Por ello corrigieron su decisión y además pusieron fecha límite al CGPJ para nombrar a sus candidatos: el 13 de septiembre. El entonces presidente, Carlos Lesmes, convocó un Pleno el 8 de septiembre y dejó claro que no permitiría sublevaciones; quería que los vocales nombraran. Pero todos estos virajes unido a las continuas críticas del Gobierno al Poder Judicial llevaron al sector mayoritario del CGPJ a plantarse. Finalmente ni hubo acuerdo en la fecha establecida ni en las semanas siguientes.

El bloque conservador ralentizó las negociaciones y dejó claro que el tiempo en la elección la marca el Consejo y no el Ejecutivo. Los progresistas, por su parte, presionaron para avanzar. Dieron una lista de nueve candidatos y a principios de noviembre eligieron a Bandrés como su única alternativa. Precisamente este nombre no es aceptado por los conservadores que, como ha quedado patente en el Pleno de este martes, ninguno le dio su voto. Ahora las negociaciones quedan en punto muerto a la espera de movimientos por algunas de las partes.