El informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la reforma del PSOE y Podemos que limita sus competencias alerta de que va más allá de la imposibilidad de seguir haciendo nombramientos mientras sigan en funciones. El texto es un documento elaborado por su Gabinete técnico, que pone de manifiesto los fallos del articulado. Advierten de que “es patente la falta de coincidencia entre la voluntad” de ambos partidos “y la voluntad de la ley” ya que la limitación de sus funciones afecta también a otras materias que les son propias.

“Esta mayor dimensión del alcance de las restricciones que se establecen en la Ley de reforma respecto de las competencias ordinarias del Consejo, puede llevar, de atenerse a la literalidad de la Ley y a las consecuencias que se derivan de ella, a la indeseable consecuencia de la atrofia y paralización de este órgano constitucional”, dice el documento de 65 folios al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez sacaron adelante una reforma legal de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impide al Consejo seguir nombrando plazas clave en la carrera judicial. Entienden que, de esa forma, se fuerza la renovación de un órgano que permanece en funciones desde diciembre de 2018 por la falta de acuerdo de populares y socialistas. 

Los letrados contestan a eso que “la ley de reforma no puede encontrar su justificación en servir de medio para favorecer la renovación”. “No es función de la norma servir de instrumento para la consecución de las mayorías parlamentarias necesarias para la renovación, sino regular un determinado régimen jurídico aplicable a una concreta situación”, defienden los expertos.

Los planes del Gobierno

La reforma analizada fue la alternativa que impulsó el Gobierno por medio de sus grupos en el Congreso de los Diputados tras las críticas a su plan inicial. Consistía en rebajar el límite de apoyos parlamentarios necesarios para renovar el CGPJ, cuyos vocales se eligen en Las Cortes. La intención del Ejecutivo era poder desbloquear la situación sin necesidad de pactar con el principal partido de la oposición como se venía haciendo desde hace décadas. Las críticas a este plan llegaron incluso desde los ámbitos europeos, que ya han lanzado varios avisos a España sobre la necesidad de salvaguardar la independencia judicial.  

“El aparente designio del legislador (PSOE y Podemos) es cercenar las facultades del Consejo para llevar a cabo nombramientos discrecionales” y que de ese modo no se pueda “hurtar” esa función al próximo Consejo, según resume el texto. Pero añade que “la voluntad de la ley, una vez surgida la norma, cobra autonomía respecto de la voluntad del legislador y se muestra más expansiva”. “No se limita a dichos nombramientos, sino que incluye otras diferentes”, alertan los letrados.

Recuerdan que “hay numerosas atribuciones, competencias y funciones del Consejo que aparecen dispersas a lo largo del articulado de la LOPJ, y, por extensión, en los reglamentos que la desarrollan”. De este modo, "se da a la limitación competencial una mayor dimensión de la que resulta de la exposición de motivos” (de la reforma impulsada por los partidos del Gobierno). 

El Consejo puede verse privado de la posibilidad de ejercer sus facultades en los distintos ámbitos de su competencia que nada tienen que ver con el nombramiento de cargos

Alertan por tanto que el Consejo puede “verse privado de la posibilidad de ejercer sus facultades en los distintos ámbitos de su competencia, que nada tienen que ver con el nombramiento discrecional de cargos judiciales, y que en nada comprometen ni vinculan al Consejo entrante”. 

Este informe fue encargado por el propio Consejo General del Estado a su Gabinete Técnico, que dirige Eduard Fontán, para que de una manera independiente emitiese un dictamen. El presidente del órgano se lo ha hecho llegar a todos los vocales, que se pronunciarán sobre su contenido en el Pleno del próximo jueves. La mayoría de ellos eran partidarios de seguir haciendo nombramientos siempre que recabasen un amplio consenso entre las distintas sensibilidades de las institución.

Por otra parte, a petición de cinco vocales se ha incluido en el orden del día de esa reunión un punto sobre la petición de colaboración a la Red Europea de Consejos de Justicia para que examine y se pronuncie sobre la reforma. También sobre la comunicación a la Comisión Europea en el marco de la preparación del informe sobre el Estado de Derecho 2021 y sobre el examen de los mecanismos de defensa de la independencia judicial ante la limitación de las competencias del CGPJ.