Publicado: 22/03/2022 04:45
Actualizado: 30/05/2022 21:23
Nuevo frente abierto en el caso Neurona. Una de las acusaciones que litiga en este procedimiento abierto contra Podemos ha cuestionado la figura del perito que escogió el partido político para validar los trabajos encargados a la consultora mexicana. En concreto pone en tela de juicio su imparcialidad en este análisis y le acusa de ocultar en su currículum que trabajó para una empresa investigada en la Audiencia Nacional por estar detrás del espionaje al fundador de WikiLeaks Julian Assange.
La Asociación de Juristas Europeos Pro Lege arremete contra la persona escogida por Podemos para acreditar la realización de los trabajos de campaña elaborados por Neurona. La validez de este encargo se ha convertido en prueba nuclear de la causa ante las sospechas del magistrado Juan José Escalonilla de que la formación pudo haber inflado el precio de este servicio contratado para los comicios de 2019. Por ese motivo, el juzgado encargó una pericial en paralelo a Podemos, que también ha procedido a valorar estos trabajos para demostrar que el pago de más de 360.000 euros de fondos electorales corresponde a un servicio real.
El partido que lidera Ione Belarra ha aportado tres informes: uno realizado por la empresa 5R y los otros dos por Areani Consulting. Podemos encargó a esta firma una pericial sobre los trabajos de Facebook y otra sobre Telegram. Aunque la formación valida su trabajo, la acusación popular lo pone en tela de juicio por la figura de su administrador, Ramón Devesa. En su currículum se presenta como experto que acumula años de experiencia en coordinación de equipos de seguridad, pero la acusación popular sostiene que no ha acreditado "ninguno de sus conocimientos".
La empresa que espió a Assange
En un escrito remitido al juzgado y al que ha tenido acceso Vozpópuli, Pro Lege insiste en que no aporta ningún título oficial ni certificación de sus conocimientos que demuestren su dominio en esta materia. Frente a ello, sostiene que oculta alguna información clave que debería saber el juzgado, como por ejemplo que en el pasado trabajó para Undercover Global S.L (UC Global). Según sostiene, se trata de una firma que está siendo investigada en la actualidad en la Audiencia Nacional por el presunto espionaje a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres.
Los hechos se impulsaron en este órgano a tenor de una querella que interpuso el despacho Ilocad (del que es dueño Baltasar Garzón y que defiende a Assange) contra UC Global y algunos de los empleados de esta firma. La acusación popular sostiene que en dicha empresa "ya se pudo saber que carecía de los conocimientos mínimos de los que presumía" ya que algunos clientes presentaron quejas sobre su "mala praxis". Al respecto adjunta el correo enviado por uno de los clientes en los que expresaba su queja por la calidad de los trabajos contratados. En dicha comunicación reprocha que pidieron credenciales del perito y que les avisaron de que no dispone de estudios en universidad ni especialización alguna.
Vínculos con Rafael Correa
Además, la defensa letrada de Pro Lege sostiene que también ha omitido que trabajó para el expresidente de Ecuador Rafael Correa a través de esta mercantil. "(Es un) personaje político vinculado estrechamente con Podemos y sus líderes. Por lo tanto, su presunta objetividad e independencia están seriamente comprometidas, o son totalmente inexistentes, tal y como explicamos a continuación", explica. Por ello se hace eco de un tuit publicado por el propio Correa el 27 de septiembre de 2019 en el que confirma que UC Global le proporcionó seguridad en los primeros años de su mandato si bien luego terminó espiándole a él y a su familia.
Del mismo modo la acusación popular del caso Neurona recuerda que también es un "hecho notorio" la "relación íntima" que existe entre Correa y Podemos y recuerda los contratos "por una importante cantidad de dinero" del exmandatario ecuatoriano a Kinema, la sociedad de Podemos, con el objetivo de asesorar a ciudadanos ecuatorianos en España.
También siembra la duda en lo relativo al primero de los contratos con la empresa 5R Personal & Corporative Services. Destaca el escrito que la firma está administrada por un antiguo empleado de UC Glboal (de ahí el vínculo entre todas las mercantiles contratadas) y también por otra persona del entorno de Izquierda Unida. Añade que, desde su constitución en septiembre de 2019, presta servicio informático para Podemos y su entorno junto con Ramón Devesa. Al hilo recuerda una información publicada por este medio el pasado 4 de agosto, según la cual, se encargó a esta mercantil una auditoría tras despedir al equipo de informática del partido.
Dudas sobre Neurona
Los vínculos entre las dos firmas contratadas llevan a Pro Lege a concluir que existen indicios suficientes para sospechar que los informes de parte aportados por Podemos al caso Neurona "los realizó la misma persona", en referencia, Ramón Devesa. "Esto no solo sería así por lo que ya se ha expuesto en anteriores apartados, sino porque si observamos las carátulas de ambos informes, el formato y disposición deja entrever que es muy factible que quien ha redactado los informes es la misma persona", expone Pro Lege.
También se pronuncia sobre una de las últimas peticiones formuladas por el juez en relación a los más de 1.400 archivos presentados para Podemos para probar los trabajos de Neurona. La defensa legal del partido, investigado en esta causa como persona jurídica, aportó hace dos años estas evidencias (entre ellas, vídeos, documentos, billetes de avión y de hotel) para demostrar que empleados de la consultora mexicana se desplazaron a España para realizar los trabajos contratados.
El instructor Escalonilla, que investiga si se cometió delito electoral con esta contratación, volvió a requerir en febrero a la formación morada los archivos entregados al constatar que no coincidía el análisis policial con el de Podemos. El partido respondió que este desfase de cifras se debe a que del total de 3.236 archivos aportados, prácticamente la mitad eran archivos de control que no contenían metadatos ni información útil, motivo por el cual había que eliminarlos del balance final. La acusación también pone en tela de juicio esta explicación y dice que "hay que descartarla de plano" ya que una pericial debe tener en cuenta todos los ficheros empleados. Sin distinción.
La causa está pendiente de incorporar el peritaje encargado por el juzgado en noviembre para valorar los servicios ofrecidos. Se trata de una prueba determinante ya que, aunque el juez acredita que se han realizado algunos servicios contratados (como 48 vídeos para Facebook) hay otros que sospecha que los habrían sacado adelante los propios trabajadores del partido. La prueba encargada pretende poner negro sobre blanco sobre esta cuestión nuclear del procedimiento que nació en julio de 2020 ante las sospechas de que se habría podido desviar dinero de la coalición para esta consultora mexicana.
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