La ministra de Igualdad, Irene Montero, espera rematar su mejor mes en el Ejecutivo desde el arranque de la legislatura. En Podemos aseguran que en el plazo de dos semanas, la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, también conocida como la Ley del 'solo sí es sí', llegará al Consejo de Ministros para su aprobación. En el arranque de la legislatura, Montero se enfrentó a la vicepresidenta Carmen Calvo y al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quienes acusaron a la dirigente de Podemos de haber redactado un texto impreciso y al borde de la inconstitucionalidad.

Ese primer rechazo de la ley de solo sí es sí, que adelantó en exclusiva Vozpópuli, fue recibido con enorme enfado por parte de Irene Montero y su equipo, que esperaba empezar su etapa en el Gobierno con una nueva ley que llevara el nombre de la ministra. Pablo Iglesias intervino hasta tildar al ministro Campo de machista. La polémica se frenó tras una comida reservada entre el líder de Podemos y el propio Sánchez, que paró la primera crisis interna pocos días antes del estallido de la pandemia.

Un año después, Montero tuvo que asumir una batería de opiniones negativas sobre la nueva ley, provenientes sobre todo del Consejo General del Poder Judicial. En el pasado febrero, el organismo cuestionó dos puntos centrales de la normativa: el consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación. El dictamen crítico (pero no vinculante) no asustó a la ministra, aunque la Moncloa intervino para perfeccionar el documento. En ese momento, Carmen Calvo empezó a aflojar su posición tras detectar la intención de la Moncloa de seguir con la iniciativa.

En "fase de análisis"

En el Gobierno reconocen que la ley está en "fase de análisis", pero que su llegada al Consejo de Ministros puede ser inminente. Podemos asegura que en el plazo de dos semanas Irene Montero podrá presumir de otro éxito político después de la aprobación de la Ley Trans, que la ministra ha calificado de "histórica". En la presentación de esa ley, Montero elogió al ministro Campo, pero ignoró a la vicepresidenta Calvo, a demostración de que la relación entre la número dos de Podemos y la número dos de Sánchez es mejorable.

Aunque en Podemos prefieren no hablar de pulso o victoria de Montero sobre Calvo, es cierto que la remodelación del Ejecutivo que planea aprobar Sánchez en las próximas semanas ha generado cierta preocupación e incluso difundido los rumores sobre una posible salida de Calvo. La socialista se opuso con todas sus fuerzas a la Ley Trans, que calificó de "riesgo para 47 millones de personas". Sánchez, sin embargo, se ha decantado por respaldar a Montero, al igual que ocurrirá con la Ley de Libertad Sexual.

Ley Montero

La nueva Ley de Libertad Sexual, que podría pasar a llamarse Ley Montero, pretende que todas las violencias sexuales sean violencias machistas. Una de las claves es que ya no se tratará de que la víctima oponga resistencia sino de que diga que sí solo cuando quiera mantener relaciones sexuales. Y se entenderá que no existe consentimiento cuando la mujer no haya manifestado "libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto". Las penas van de uno a cuatro años de cárcel.

Otra novedad atañe al "acoso ocasional", no penado hasta ahora y que se convertirá en delito leve. El acoso ocasional consiste según el ministerio de Igualdad en el acoso callejero que se produce en la vía pública (por ejemplo, el piropo), y en recintos privados como los conciertos, discotecas o bares. Se considerará acoso ocasional aquellas “expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria”.

Aunque la ley destaca que siempre será necesaria una denuncia del afectado, lo que deja, por ejemplo en el caso de los piropos, a la persona que lo recibe decidir si es acoso o no. En el caso del stalking, o acoso reiterado, la normativa simplifica su tipología, dejando más márgenes a las víctimas para denunciarlo.

Otro punto delicado de la normativa atañe a la presunción de inocencia. En su dictamen, el CGPJ centró su crítica también en este aspecto, puesto que concluyó que existe un problema de pruebas en el anteproyecto de ley de Irene Montero. "Se estarían alterando de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia", advirtió el informe. De cara a los próximos días habrá que ver si y cómo el Gobierno ha integrado estos apuntes del CGPJ, o si al Consejo llegará un documento más parecido al que presentó Montero en marzo de 2019, entre duras críticas de los ministros socialistas.