Los condenados del 'procés' pedirán la absolución al Supremo tras la derogación de la sedición

Los líderes secesionistas del 'procés' están preparando sus peticiones para solicitar la absolución al Tribunal Supremo después de que éste les condenara por orquestar la independencia de Cataluña. Los independentistas Jordi Sànchez, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ya están meditando los recursos para su absolución una vez se apruebe la reforma de la sedición este jueves.

Así lo adelantó El Confidencial y confirman fuentes de las defensas a Vozpópuli, las cuáles explican que se informara del movimiento de manera oficial toda vez que se formule la petición al alto tribunal. La misma se hará efectiva en cuanto entre en vigor la derogación del delito de sedición este jueves 12 de enero; momento en que se espera también que el Tribunal Supremo se dirija a los condenados para pedirles criterio en relación a la condena impuesta en octubre de 2019.

Los condenados plantean presentar de manera individual escritos con las mismas razones para su defensa ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Cabe recordar que el alto tribunal condenó a los líderes del procés con los delitos de sedición en concurso medial con malversación y también con desobediencia para tres ellos. El Gobierno indultó a los nueve condenados con prisión pero les mantuvo las inhabilitaciones.

Sedición y malversación

Por ese motivo los abogados de los principales condenados, con el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras a la cabeza, pedirán la absolución de sus clientes amparándose en la derogación del delito de sedición. En el caso del líder de ERC, en el que existe concurso medial con la malversación, se podría apelar a la posibilidad de dejar sin efecto este segundo tipo penal, la malversación, al considerar que el troncal, la sedición, ha decaído.

Como alternativa a la petición de absolución, se podría reclamar una rebaja del delito de la malversación que le impuso el Supremo teniendo en cuenta que éste ha reducido la pena máxima de prisión a los cuatro años para los casos en los que los funcionarios públicos desviaran dinero pero no se apropiaran del mismo.

Los líderes del procés condenados únicamente por el delito de sedición (como es el caso del expresidente de la ANC Jordi Sànchez, el exlíder de Omnium Cultural Jordi Cuixart, o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell) lo tienen más fácil ya que apelarán directamente a la absolución para que decaigan las inhabilitaciones.

¿Qué pasa con Puigdemont?

A todo ello hay que añadir la situación de los procesados huidos como son el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín o Clara Ponsatí además de Marta Rovira. La derogación de la sedición abre un horizonte incierto en relación a las órdenes internacionales de detención para los huidos ya que ahora el magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, tiene que decidir si reactiva las euroórdones o las deja caer. En caso de hacerlo deberá estudiar por qué delito se les reclama, teniendo en cuenta que desde este jueves no existe la sedición en nuestro Código Penal ya que queda reemplazada por la figura de desórdenes públicos agravados.

A la causa del Tribunal Supremo hay que añadir un frente más para los líderes del procés: la que se ha investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalua (TSJC) por el 1-O y la posterior declaración unilateral de la independencia. En este procedimiento están a punto de sentarse en el banquillo dos históricos de ERC José María Jové y Josep Lluis Salvadó. Ambos fueron procesados por delito de malversación, por lo que la entrada en vigor de su rebaja les beneficiará de cara al juicio pendiente de celebrar.

La Fiscalía General del Estado aún tiene que unificar los criterios para saber cómo actuar ante los casos que se puedan revisar con la reforma de la malversación. Algo que, como explica El Periódico, retrasaría el juicio contra los dos exdiputados de ERC encausados por haber malversado durante el 'procés'. En el caso de Jové, la jueza instructora concluyó que participó en "actos ilícitos para conseguir la correspondiente financiación en el previsible supuesto de que los votos favorables a la independencia en el ilegal referéndum fuesen superiores a los negativos". Mientras, el actual presidente del puerto de Barcelona, como exsecretario de Hisenda, habría partícipado desde el ámbito tributario.