El Tribunal Constitucional (TC) afronta fracturado el estudio el 2 de octubre de la ley del Gobierno que impidió al CGPJ efectuar nombramientos y que está llevando al Tribunal Supremo al borde del colapso. A falta de estudiar las dos ponencias relativas a los recursos de PP y Vox, el sector minoritario del tribunal de garantías da por hecho que se impondrá la mayoría progresista y se validará la norma que ha levantado ampollas en el Poder Judicial.
Así lo consideran fuentes del TC consultadas por Vozpópuli, las cuáles apelan a la importancia de esta cuestión. El presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, ha convocado Pleno monográfico para abordar la reforma que impide al órgano de gobierno de jueces efectuar nombramientos ante la complejidad y el interés general que suscita.
La magistrada progresista María Luisa Balaguer ha redactado la ponencia del recurso de Vox, mientras que el conservador César Tolosa estudiará el interpuesto por el Partido Popular. Los escritos, que se analizarán en el Pleno del 2 de octubre apuntan a direcciones contrapuestas, de manera que la ponencia de Balaguer será contraria a la admisión y respaldará la decisión del Gobierno mientras que la de Tolosa apoyará el recurso de los populares.
"El ánimo es defender la Constitución"
Las fuentes consultadas explican que el texto de Balaguer que se someterá a estudio determina que al CGPJ le corresponde la toma de decisiones de la gestión administrativa. La magistrada progresista defenderá la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impulsaron los dos socios de gobierno ante la falta de acuerdo con el Partido Popular para renovar un órgano que lleva desde diciembre de 2018 caducado.
Balaguer apelará en su texto a la nula referencia en la Constitución de la actividad del órgano de gobierno en funciones y al hecho de que sus facultades (entre las que se encuentra la de nombrar a la cúpula del Poder Judicial) pueden verse controladas en situaciones anómalas como la que se ve vive en la actualidad.
La ley de Sánchez es contraria a la Constitución porque supone desnaturalizar al CGPJ. Se impide su natural funcionamiento Fuentes del sector conservador
Frente a su criterio se encuentra el del magistrado César Tolosa. El conservador respaldará lo plasmado en el recurso de los diputados 'populares' y determinará que la reforma que limita las funciones del CGPJ es inconstitucional. Al respecto defenderá que la Carta Magna otorga una serie de funciones al órgano de gobierno de jueces y que no se le puede retirar esta facultad pese a estar en funciones.
La minoría conservadora entiende que este asunto es determinante y que con la reforma que todo apunta que avalará el TC se está vulnerando lo estipulado en la Constitución. Al respecto se precisa que la Carta Magna creó el órgano de gobierno de jueces para que el Ejecutivo no tuviera injerencia directa en los asuntos que atañen al gobierno de los jueces. Básicamente, se les dio potestad para actuar en la inspección de jueces, en el régimen disciplinario y la provisión de destinos.
La reforma que aprobó Pedro Sánchez -y que luego enmendó parcialmente para poder renovar el TC- retira una de estas funciones que la Constitución otorga al CGPJ. "Esto no se puede hacer. El Poder Judicial es permanente", rezan las fuentes consultadas por este medio. Las mismas añaden que el ánimo del bloque minoritario es "defender la Constitución" frente a esta ley, que, según indican, "impide el natural funcionamiento" del CGPJ.
Consecuencias de la ley
La reforma, que la cámara baja aprobó en marzo de 2021, paralizó los nombramientos que llevaba a cabo el órgano en funciones. Hasta el momento, el Consejo -que tiene atribuida la potestad de nombrar a la cúpula del Poder Judicial- había sacado adelante cerca de 80 estando en funciones. Sin embargo, la entrada en vigor de la ley impidió que el órgano, de mayoría conservadora y presidido por Carlos Lesmes, siguiera efectuando nombramientos.
Más de dos años después, el balance es negativo tanto en tribunales superiores de Justicia como en audiencias provinciales, aunque la peor parte se la lleva el Tribunal Supremo. El propio presidente en funciones de este órgano, Francisco Marín Castán, advirtió en el discurso de apertura del curso judicial que el Supremo está "en una situación crítica, casi de respiración asistida".
En total hay 23 vacantes por nombrar. Todas las Salas acusan la jubilación o deceso de magistrados, si bien la de lo Contencioso tiene hasta 11 vacantes por cubrir. Entre los sillones vacíos pendientes de nombrar se encuentran el del presidente (figura que dejó vacante Carlos Lesmes tras su dimisión), del vicepresidente (tras la jubilación de Ángel Juanes) y los presidentes de dos Salas del alto tribunal.
La consecuencia directa de este bloqueo es un retraso en los tiempos de respuesta de la Justicia dado que los magistrados vigentes asumen más ponencias para resolver, lo que se traduce en una mayor carga de trabajo. Por ello, Marín Castán emuló a su predecesor y reiteró la petición de un acuerdo entre los principales partidos políticos para desbloquear la situación actual
Contrarreforma del CGPJ
Así pues se trata de una reforma legal clave para el Ejecutivo, aunque se espera que pase el filtro del tribunal de garantías con el respaldo de los 7 magistrados progresistas que lo integran en la actualidad frente a los 4 de corte conservador. Con todo, este último bloque llevará a debate la contrarreforma de la ley que impulsó Pedro Sánchez para poder renovar el TC e inclinarlo hacia la actual mayoría progresista.
El Ejecutivo enmendó parcialmente su reforma legal y permitió al CGPJ en funciones nombrar únicamente a sus dos candidatos al TC para así poder propone a los dos suyos y poder renovar estos cuatro magistrados, ya que la ley indica que se renueva por tercios. Los minoritarios del TC lo entienden como una nueva injerencia al CGPJ pero esta vez porque beneficiaba a sus intereses.
