Más ETA que yihadismo en las propuestas sobre terrorismo de los partidos

El terrorismo ocupa un espacio muy desigual en los planes de los principales partidos que concurren a las elecciones a juzgar por sus programas electorales, en los que hay más referencias a ETA que al yihadismo. Podemos obvia el tema, el PSOE lo despacha en pocas alusiones sin profundizar. El Partido Popular promete recuperar la dispersión de etarras y evitar los homenajes mientras Ciudadanos pide que puedan votar en sus lugares de origen los “exiliados vascos y navarros”.

Por su parte, las medidas de Vox incluyen aplicar la cadena perpetúa, desoír las sentencias de Estrasburgo y castigar a aquellos que negociaron con ETA en nombre del Estado. Mientras desde la mayoritaria Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) han solicitado a estas formaciones reunirse para transmitirles sus inquietudes y un decálogo de 25 medidas. Fuentes de este colectivo aseguran que los únicos partidos que todavía no les han contestado son Vox y Podemos.

PSOE

El programa electoral del PSOE (297 páginas) contiene alusiones indirectas al terrorismo como la eliminación la reforma legal del PP de limitar la instrucción judicial. Entiende la formación socialista que eso beneficia a los acusados de delitos graves como el terrorismo. Hay otras directas como cuando cita que ETA ya está disuelta y se centra en el yihadismo abogando por reforzar el pacto antiterrorista y trabajar en un “enfoque integral” (coordinación entre cuerpo policiales).

El partido en el Gobierno defiende impulsar a nivel europeo el debate sobre nuevas formas de delincuencia como el terrorismo internacional, una estrategia común contra la radicalización yihadista y presta especial atención a la situación en el Sahel. Aboga por apoyar a los países del Norte de África en su lucha contra los grupos terroristas que actúan por la zona. Las propuestas son más teóricas que prácticas.

En materia de víctimas, el PSOE defiende medidas para ampliar las indemnizaciones y facilitar el acceso a este tipo de ayudas del Estado. También promete la creación de un “registro de afectados por el terrorismo” para fortalecer las medidas de memoria y reconocimiento a las víctimas.

PARTIDO POPULAR

El Partido Popular presenta un programa electoral (102 folios) con seis medidas concretas (432-437) para combatir el terrorismo. Se comprometen a reformar el Código Penal para impedir los homenajes a etarras, mantener la política de dispersión frente a los acercamientos que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez e impulsar el esclarecimiento de los crímenes sin resolver.

Desde hace años las fuerzas de seguridad cuentan con unidades dedicadas en exclusiva a investigar los atentados sin autor conocido. La Audiencia Nacional cuenta con un fiscal especial para esta materia, Marcelo Azcárraga. Esos trabajos han dado como resultado el esclarecimiento de 10 atentados con 12 víctimas mortales en España desde 2011, según los datos actualizados de la AVT.  

El partido que lidera Pablo Casado garantiza emplearse en apuntalar el relato de la derrota de ETA y la atención a las víctimas a las que dice que recordarán “en cada punto de España donde se hayan producido”. Habrá memoriales en todos los municipios en los que gobierne el PP y tendrán en cuenta la condición de víctima a la hora de optar a beneficios sociales.

Promoverán la Carta Europea de Derecho de las Víctimas “para eliminar trabas que puedan dificultar su protección”.Se comprometen a reforma la ley para que los presos terroristas que quieran optar a salidas de la cárcel tengan que colaborar de manera “efectiva para esclarecer los crímenes que aún quedan impunes”. La Ley General Penitenciaria (artículo 72.6) ya recoge este criterio, pero el PP propone una redacción nueva.

También quiere que las acciones de ETA sean considerados como crímenes contra la humanidad para evitar su prescripción. Los delitos por terrorismo no prescriben desde la reforma del Código Penal de 2015, pero esto solo afecta a los atentados cometidos desde esa fecha. Las leyes penales no se pueden aplicar retroactivamente salvo que sean más favorables al preso.

Sobre el terrorismo yihadista, el PP se limita a prometer un incremento de medios destinados a su combate sin precisar dónde y cuántos. También a “actualizar” el Pacto antiterrorista y “revisar” la Estrategia de Prevención de la Radicalización para “adecuarla a las nuevas amenazas”. Asimismo garantiza “agilizar los trámites de expulsión de aquellos ciudadanos extranjeros que alienten la radicalización y el extremismo”.

CIUDADANOS

Ciudadanos aborda la cuestión en el apartado de Seguridad y Defensa del programa. Sin referirse expresamente al terrorismo promete ampliar la prisión permanente para los delincuentes más peligrosos y “cerrar el agujero legal” para acceder al tercer grado penitenciario (solo acudir a prisión a dormir). Sí se refiere, en cambio, a la atención a las víctimas del terrorismo empezando por un a reforma legal “para mantener viva su memoria y garantizar su derecho a la justicia y a la reparación”.

Esa reforma pasa por castigar los homenajes a etarras con multas y retirada de subvenciones a las administraciones que los promuevan. También garantizan impulsar el esclarecimiento de los “379 casos de ETA que todavía siguen sin resolver” (la AVT cifra el dato en 307) e instarán a la persecución de los etarras huidos. Muchos de ellos tienen sus delitos prescritos e incluso decenas han regresado al País Vasco desde el cese de los atentados.

La formación naranja recupera una vieja iniciativa impulsada en su día por el PP de reconocer el derecho al voto en sus lugares de origen a los ciudadanos vascos y navarros que se vieron obligados a huir a otras partes de España por la presión de ETA y su entorno. El Gobierno de Rajoy ya puso en marcha esta iniciativa al inicio de su mandato y reunió para ello a una comisión de expertos. En 2015, tras años paralizado, derivó el plan a su grupo parlamentario y desde entonces no se han conocido avances. La mayor dificultar era establecer los criterios para optar a este derecho a partir de un sentimiento, el miedo, muchas veces difícil de probar.

El partido que lidera Albert Rivera zanja la cuestión del yihadismo en un párrafo:  “Avanzaremos en el Pacto Antiyihadista y reforzaremos la vigilancia sobre la radicalización fundamentalista para evitar atentados en nuestro país. Dotaremos de más medios y de las últimas tecnologías a nuestros agentes, y reforzaremos la coordinación entre todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para combatir la radicalización y el terrorismo yihadista”.

PODEMOS

En el programa electoral de Podemos (105 folios) no aparece la palabra terrorismo ni yihadismo. Tampoco ETA, Daesh o Estado Islámico. Las alusiones a las víctimas refieren a las agresiones racistas, machistas o delitos sexuales. En materia de memoria la formación morada se centra en revocar decisiones de tribunales franquistas o la guerra civil, perseguir a responsables de crímenes durante la dictadura o medidas como retirar las medidas al policía Billy el Niño acusado de torturas. Durante meses el Ejecutivo de Sánchez ha  buscado, sin éxito, la forma de poder retirarle esos reconocimientos -que le aportan una pensión vitalicia mensual- de forma legal.

Vox

Vox no ha presentado un programa electoral como tal. Mantiene en su web un documento de 33 páginas titulado “100 medidas para la España viva”. Es el mismo con el que se presentaron a las elecciones andaluzas. Casi al final hay un apartado sobre “libertades y justicia” en el que incluyen varias medidas referentes al terrorismo. También hay más alusiones a ETA que al yihadismo.

Combinan medidas que de alguna forma ya existen -la creación de un Centro Memorial de las víctimas del terrorismo- con otras como “depuración de responsabilidades a quienes, desde el Estado o desde las fuerzas de seguridad, hayan negociado y pactado con terroristas”. No especifica qué tipo de responsabilidades. Que se sepa, hasta el pasado Ejecutivo de Mariano Rajoy, todos los Gobiernos anteriores entablaron contactos con la banda.

En su intento de dar máximo protagonismo a las víctimas, defiende que sean escuchadas en las distintas fases del procedimiento, y también en la ejecución de la sentencia. Desde 2015 el Estatuto de la Víctima reconoce el derecho, con independencia de que hayan sido parte en el proceso penal, a que se les notifiquen las decisiones adoptadas por el juez de vigilancia penitenciaria y a recurrir algunas de ellas, por ejemplo la libertad condicional. La AVT, que introdujo la enmienda que posibilitó esta cuestión en el Estatuto, considera que se quedó corta y sigue solicitando que las victimas puedan recurrir todas las decisiones adoptadas por el juez de vigilancia penitenciaria.

La formación liderada por Santiago Abascal defiende una ley que impida “de forma efectiva" los homenajes a los etarras y medidas para honrar la memoria de todas las víctimas, “desde los colegios hasta el último de los organismos oficiales”. Algunas comunidades autónomas como Madrid o La Rioja ya contemplan instruir a los alumnos en lo que fue el terrorismo de ETA. Las víctimas piden que se amplíe a toda España de forma uniforme a partir de las unidades didácticas elaboradas por el Centro Memorial. El Gobierno vasco presentó hace meses una serie de cinco vídeos que fueron retirados por la ausencia de consenso.

El partido aboga por lo que llaman una “desarticulación efectiva” de ETA -algo que ya se da por hecho en las fuerzas de seguridad- e incluyen a “sus satélites mediáticos y financieros” sin especificar a qué medios se refieren. También se comprometen a investigar todos los crímenes de la banda sin resolver. VOX dice que modificará de la ley para eliminar la prescripción de los crímenes de terrorismo separatista e islamista. Si depende de VOX, las condenas por terrorismo acarrearán inhabilitación de por vida para cargo público y abogan por recuperar la cadena perpetua.

Los condenados por terrorismo no podrán acceder a beneficios penitenciarios, ni tampoco serán aplicadas las sentencias a su favor que emitan los tribunales europeos como fue el caso de la derogación de la doctrina Parot por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) que abrió la puerta de la cárcel a decenas de terroristas en 2013 y también a varios condenados por violación.