Los 11 magistrados del Tribunal Constitucional que llevan reunidos desde primera hora de la mañana para decidir si paralizan o no la tramitación de la reforma del Gobierno han decidido únicamente que el asunto se avoque al Pleno. El total de los seis magistrados conservadores más el vicepresidente Juan Antonio Xiol han inclinado la balanza en una votación que se ha saldado con siete votos a favor y cuatro en contra de que sea el Pleno y no la Sala Segunda la que se pronuncie sobre este asunto.
Fuentes del tribunal de garantías confirman a Vozpópuli que ese ha sido el único de avance de un cónclave que ha comenzado poco después de las 10.00 horas. En más de cuatro horas de reunión solo se ha votado este punto, por lo que los 11 miembros del Constitucional han acordado hacer un receso para comer y continuar a las 17.00 horas. Será entonces cuando se decida primero se admite o no el recurso del PP, segundo si estiman la personación de PSOE y Podemos y finalmente las recusaciones de dos magistrados planteadas por los socios de Gobierno.
Se vaticina un cónclave especialmente largo y complejo no solo por la relevancia de la materia, sino también por la profunda división que existe ahora mismo en el Tribunal Constitucional. En estos momentos, el total de los seis magistrados conservadores es partidario de aprobar la ponencia de Enrique Arnaldo, favorable a paralizar la tramitación de la reforma de Pedro Sánchez en el Senado. Por otro lado se encuentran los cinco miembros progresistas, que están en contra de la admisión del recurso del PP.
A todo ello se añade una cascada de escritos que en las últimas horas han presentado el Partido Popular y los dos socios de Gobierno. PSOE y Podemos tratan por todos los medios de que no se paralice la tramitación de la reforma en las Cortes. La formación morada incluso ha anunciado que planteará una cuestión prejudicial ante la Justicia europea en su empeño porque se abstengan el presidente del tribunal de garantías, Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez.
Batería de escritos del PSOE y Podemos
Además, Felipe Sicilia también se ha sumado a la causa. El diputado socialista ha registrado un escrito ante el Constitucional en el que solicita personarse, en su condición de presidente de la Comisión de Justicia del Congreso. Frente al criterio del PP, que alega vulneración de derechos en la tramitación de la reforma, Sicilia valida el acuerdo alcanzado en la Mesa de la Comisión y dice que “se desarrolló de acuerdo con todas las previsiones constitucionales”.
Precisamente este el núcleo sobre el que pivota todo el recurso de la formación conservadora. Los populares abrieron la vía del Constitucional el miércoles alegando que se vulneraron sus derechos con la tramitación de la proposición de ley. Por tanto lo que estudia ahora el Constitucional no es el contenido de la norma, sobre la que se podrá interponer recurso de inconstitucionalidad, sino se vulneraron los derechos de los diputados.
El PP pone el foco en dos enmiendas adheridas por el PSOE a la reforma del Código Penal. Se trata de dos textos que modifican la forma en la que se ha elegido hasta el momento en el CGPJ a los candidatos al TC y también la retirada de la facultad que gozaba el Constitucional de examinar la idoneidad de los futuros miembros.
Estudio de las recusaciones
El Partido Popular esgrime que se trata de cambios determinantes que se pretenden aprobar por la vía de urgencia, sin escuchar a los órganos consultivos y adheridos a una proposición de ley que nada tiene que ver con este tema ya que se basa en la derogación de la sedición. Al respecto aluden a doctrina del TC que haría decantar la balanza a su favor, como ocurrió en 2011. Entonces, el Tribunal Constitucional dio la razón al PSOE, que recurrió la tramitación en el Senado de la Ley de Arbitraje que aprobó el Gobierno de Aznar y que incluía dos enmiendas que nada tenían que ver con el fondo del asunto.
Cabe recordar que el presidente Pedro González-Trevijano convocó de urgencia el Pleno el miércoles y citó a todos sus miembros el jueves a primera hora. El objetivo era resolver sobre el asunto antes de que se abordara por la tarde en el Congreso, pero lo tuvo que suspender a primera hora de la tarde. El motivo reside en la negativa a los cinco vocales progresistas del Constitucional a votar sobre el recurso.
Este ala planteó la necesidad de estudiar a fondos los escritos presentados debido a la complejidad del tema y a la trascendencia del mismo, ya que es la primera vez que el tribunal estudia si paralizar la tramitación parlamentaria de una norma. Así pues, advirtieron de que no votarían sobre las medidas cuatelarísimas y obligaron al presidente a suspenderlo ya que no había el quórum mínimo de magistrados que necesitaba para convocarlo.
Frente a ellos se encuentran los conservadores. El todavía bloque mayoritario advierte de la urgencia de la medida cautelarísima y quiere deliberar sobre la misma sin más demora. Sin embargo, uno de los aspectos más cruciales en este momento es la resolución sobre las recusaciones a dos magistrados conservadores planteadas por Podemos y PSOE.
Sostienen que deben apartarse porque la aprobación de la norma les afecta directamente en tanto implicaría su salida del tribunal y sustitución por los candidatos del Gobierno. Pretenden también que se aparten antes de debatir para así conseguir un tribunal de 9 miembros con mayoría progresista que desestimaría de plano el recurso del PP. D nuevo en este punto también hay fractura: los progresistas avalan esta petición pero el bloque conservador insiste en que primer se debe resolver la medida cautelarísima.
