Publicado: 19/06/2020 04:45
El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Lezo, Manuel García Castellón, ha reclamado a la constructora OHL que le aclare por qué un contrato de su filial mexicana de 3 millones de euros (3,4 millones de dólares), que está bajo sospecha, fue negociado desde España por Javier López Madrid, yerno del presidente de la compañía, Juan Miguel Villar Mir, según consta en un auto de 16 de junio, a cuyo contenido ha tenido acceso Vozpópuli.
En concreto, el instructor exige a la constructora que justifique "los motivos por los que la negociación de ese contrato fue realizada por Javier López Madrid, quien supuestamente no tenía funciones ejecutivas en OHL ni en Constructora de Proyectos Viales de México (CPVM) -la filial mexicana de la compañía- en aquellas fechas". Igualmente, pide que aclare los motivos por los que unos servicios, que supuestamente contrataba la filial mexicana, se negociaron desde España, prosigue la resolución.
Sobre la transferencia de 3,5 millones de dólares realizada el 3 de noviembre de 2010, el togado también tiene interés en que la empresa de Villar Mir le explique por qué envió desde España fondos, como si fueran un préstamo, a su filial mexicana, que después usó el dinero para pagar a la luxemburguesa Lendir Investments.
Pago de comisiones
Así, los fondos que presuntamente se utilizaron "para financiar el pago de comisiones", especifica el auto de García Castellón, salieron de España el 4 de noviembre de 2010. La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil especifica que la matriz española de OHL concedió un préstamo a su filial mexicana, Constructora de Proyectos Viales de México, que transfirió el dinero a una cuenta abierta en el banco UBS SA en Ginebra (Suiza), a nombre de la sociedad de Luxemburgo Lendir Investments SA. Unos días después esta última sociedad envió 718.648 euros a SIA Capital SL, presidida por Javier López Madrid.
El magistrado solicita la información a la constructora después de que se lo reclamaran los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El propio García Castellón, que asegura que trata de determinar la naturaleza de los pagos de la filial mexicana de OHL a la firma luxemburguesa, pretende recabar de la multinacional española los contratos y las facturas del contrato sospechoso que vincula a la filial mexicana y a Lendir Investments. También pide el nombre de la persona que autorizó los abonos de dinero.
El juez también requiere a la constructora que aporte informes o correos electrónicos que acrediten que Lendir Investments prestó servicios a Constructora de Proyectos Viales (OHL-México), al mismo tiempo que le pide que identifique al empleado que seleccionó a la firma luxemburguesa para la realización de estos trabajos.
En la contabilidad
Asimismo, el auto exige a la compañía que le indique como se reflejó el gasto en la contabilidad de su filial mexicana, "y si mas tarde fue compensado por algún ingreso contable desde España, tal y como parece desprenderse de los correos analizados, identificando si finalmente fue OHL Concesiones (España) quien asumió ese gasto contable", prosigue la resolución, que también reclama que se señale al responsable de esta operación financiera.
Finalmente, el juez exige a la multinacional española que le entregue el informe de autoría que la compañía encargó a la consultora Baker and Mackenzie, con la intención de "investigar las posibles regularidades o ilicitudes cometidas por parte de sus responsables o empleados relacionadas con los hechos a que se refiere la presente pieza separada".
Esta información la reclama el instructor en el marco de una causa que abrió el 14 de marzo de 2018 tras recibir un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que según explica la Fiscalía, aporta indicios "reveladores de la existencia de una práctica generalizada de abono de comisiones a funcionarios públicos por parte de responsables del Grupo OHL en relación con la adjudicación de determinadas obras públicas para su ejecución por dicho grupo en todo el territorio nacional", concluye un escrito del ministerio público de 19 de mayo.
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