Los expertos dudan sobre la efectividad de la reforma legal para juzgar crímenes franquistas

La reforma de la Ley de memoria democrática promovida por los partidos de Gobierno para poder juzgar crímenes del franquismo está envuelta en dudas legales, por el conflicto con la Ley de Amnistía de 1977 y varias sentencias recientes. El intento de PSOE y Unidas Podemos para investigar y juzgar los delitos cometidos durante la dictadura podría quedar en nada.

Según esta enmienda, presentada a la ley de memoria democrática, se pretende evitar la "impunidad" sobre los "crímenes de lesa humanidad" cometidos durante la dictadura franquista. La pretensión de los partidos del Gobierno y algunos de sus socios es sortear la ley con una amplia interpretación del derecho internacional y humanitario en España.

Sin embargo, hace menos de dos meses que el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de amparo del histórico dirigente comunista Gerardo Iglesias por presuntos delitos de lesa humanidad durante la dictadura franquista atribuidos a un policía.

Iglesias, miembro del Partido Comunista y de Comisiones Obreras, presentó el 1 de junio de 2018 una querella contra un funcionario policial al que le imputaba la comisión de delitos de lesa humanidad en los años 70, en el marco de la persecución por el Estado de los disidentes políticos. La querella fue rechazada en todas las instancias hasta llegar al Constitucional que también la inadmitió por la "atipicidad de las conductas denunciadas, la prescripción de los posibles delitos entonces sancionados y la validez de la Ley de Amnistía".

Atipicidad de las conductas denunciadas, la prescripción de los posibles delitos entonces sancionados y la validez de la Ley de AmnistíaAuto del TC sobre la querella de Gerardo Iglesias

Expertos dudan de la efectividad

Algunos juristas consultados también dudan que la reforma promovida por el Gobierno vaya a tener alguna implicación legal. El principal obstáculo para que dichos crímenes pasen por el juzgado es el principio de irretroactividad que impide juzgar delitos pasados con leyes actuales.

Aunque los asesinatos y torturas cometidos durante la dictadura sean considerados crímenes de lesa humanidad, fuentes jurídicas consultadas por El periódico de España califican el debate sobre la reapertura de los crímenes franquistas como "ficticio", porque la Constitución garantiza la no retroactividad.

Otros expertos como Fabián Salvioli, relator de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, sostiene que la ley debería dejar claro que la amnistía no se pueda aplicar a esta tipología de crímenes. "Los Estados tienen la obligación de hacer rendir cuentas por crímenes de esta magnitud. En Alemania se acaba de juzgar a una persona que participó en los campos de concentración y tiene 101 años”, ha señalado en declaraciones a El País.

Bolaños: la Ley de Amnistía sigue vigente

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves que lo que hace la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno, y las enmiendas pactadas entre PSOE y Unidas Podemos, no es derogar ni dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977 sino todo lo contrario, porque lo que hace es ratificar su vigencia y reafirmar que se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales.

Por ello, Bolaños ha admitido que cuando la nueva norma entre en vigor, la situación jurídica en España seguirá siendo exactamente la misma que ahora, que es la que hay desde 2002, cuando se ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y se estableció que la ley debía aplicarse siguiendo el derecho internacional.

"Ningún cambio. Lo que se va a poder hacer cuando entre en vigor la ley es exactamente lo mismo que desde 2002", ha enfatizado, en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha reconocido que las dificultades que existen ahora para juzgar los crímenes del franquismo seguirán siendo las mismas, y que tienen que ver, a su juicio, con la irretroactividad de la legislación penal.