PSOE y Podemos pactan limitar la Ley de Amnistía de 1977 para juzgar los crímenes del franquismo

Unidas Podemos y PSOE han pactado dejar sin efecto parte de la Ley de Amnistía de 1977 al declarar dentro de la Ley de Memoria Democrática que los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura que se cometieron durante el franquismo no gocen del amparo de la normativa de amnistía promulgada en 1997. Además, extenderán hasta 1982 las víctimas del franquismo y retirarán hasta 33 títulos nobiliarios de cargos del régimen como Calvo Sotelo o Primo de Rivera.

Concretamente, la redacción consensuada en este punto, mediante una enmienda, recoge que "todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977 de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el derecho internacional humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".

Además, las formaciones han acordado que el Valle de los Caídos vuelva a la denominación original de 'Cuelgamuros' y que las víctimas de la dictadura tengan derecho al resarcimiento de los bienes incautados, así como de las sanciones económicas impuestas por el régimen de Francisco Franco. También se amplía la consideración de víctimas en el periodo de Transición (hasta 1982).

Por otro lado, según han explicado desde el espacio confederal, se suprimen los títulos nobiliarios concedidos a 33 personalidades del régimen franquista, como los ducados de Primo de Rivera, de Franco, Mola, Calvo Sotelo, así como marqueses de Queipo de Llano, Arias Navarro, Alboran, Somosierra o Casa Cervera, entre el listado establecido.

Impulsar la investigación de crímenes franquistas

Los dos socios de coalición han pactado el contenido de una treintena de enmiendas al articulado del proyecto de ley de Memoria Democrática y estipulan que los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y torturas no prescriben.

Una modificación que supone un guiño a ERC, dado que el grupo republicano persigue la derogación de la conocida como Ley de Amnistía al considerar que exoneraba a altos dirigentes de la dictadura franquista.

De esta forma, PSOE y Unidas Podemos estipulan que debe aplicarse el derecho internacional vigente en materia de delitos de lesa humanidad y demandan que el fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática aborde la investigación de los hechos que tuvieron lugar con ocasión del "golpe de estado, la guerra y la dictadura".

Busca la "verdad judicial" aunque no haya sanción

El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha comparecido ante los medios en el Congreso, junto a la diputada Martina Velarde, para explicar el alcance de las propuestas consensuadas con el PSOE, que mejoran "sustancialmente" el proyecto normativo.

De esta forma, ha detallado que se estaba produciendo una "anomalía tremenda" de la aplicación de la Ley de Amnistía, que pese a ser una "conquista" de las fuerzas democráticas que permitió sacar de las cárceles a pesos del régime, nuca debió ser utilizaba como "excusa" para la "impunidad" de esta serie de crímenes, obviando la legislación internacional.

Por tanto, esta adición da "sustento legal claro" a la investigación de personas directamente implicadas en dichos crímenes de personas que directamente participaron en su comisión, citando por ejemplo el caso de ministros del régimen.

Eso sí, Santiago ha admitido que ese efecto es "limitado" dado que es difícil que pasado 40 años del régimen pueda haber responsables vivos, recordando también que en caso de haberlos existe un tratamiento "atenuado" desde el punto de vista penal por motivos de edad.

Sin embargo, ha defendido que es importante alcanzar una "verdad judicial", aunque no sea posible sanción, que aporte un "efecto reparador" a las víctimas y puedan ver que no hay "víctimas de primera y de segunda" en materia de crímenes contra derechos humanos.

De esta forma, ha aseverado que era la "última oportunidad" de España para aportar esta aclaración a la Ley de Amnistía, que sigue vigente, y confía en un acuerdo conjunto con los socios parlamentarios del Ejecutivo para aprobarla durante su tramitación en el Congreso.

Nacionalidad para brigadistas internacionales

Otro punto que recogen las enmiendas es la ampliación del censo de víctimas del franquismo para incorporar a las personas supervivientes, en reivindicación de los colectivos memorialistas, a las víctimas de la Transición (de 1978 a 1982).

Además, los descendientes de los brigadistas internacionales podrán solicitar la nacionalidad española y se creará una oficina de víctimas de la dictadura y un Centro de Memoria Democrática con participación de las víctimas y sus organizaciones.

Santiago ha detallado que era incomprensible que no existiera esta oficina para un colectivo tan extenso como los represaliados del franquismo, de forma idéntica como ocurre con las víctimas del terrorismo, y ha apuntado que se incorporará un banco de ADN para identificar y localizar a víctimas enterradas en cunetas, así como casos de los denominados 'bebés robados'.

A su vez, reclaman que los retratos u otras representaciones artísticas de personas vinculadas a la represión franquista no podrán mostrarse "ni en lugares representativos ni en áreas de acceso al público", además de vehicular un procedimiento para la revocación de las distinciones honoríficas en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En materia educativa, se garantiza el "derecho a la investigación histórica de los crímenes del franquismo" frente a posibles alegaciones sobre el derecho al honor de personas ya fallecidas que hubieran participado en los mismos y se añade una referencia a la necesidad de introducir estos contenidos en los libros de texto y materiales curriculares.

Respecto a la concreción del procedimiento para la declaración de nulidad de las sentencias represivas del franquismo o el desarrollo reglamentario de las medidas que se contemplan, el grupo parlamentario de Unidas Podemos trabajará para llegar a un "amplio acuerdo con todas las fuerzas progresistas que permitan una puesta en práctica ágil y eficaz".