El exnúmero dos de Interior no se opone a investigar a Cospedal, pero sin reabrir Kitchen

Francisco Martínez se niega a reabrir el caso Kitchen. El que fuera secretario de Estado de Seguridad bajo el Gobierno de Mariano Rajoy ha pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que no dé validez a los últimos audios aparecidos en prensa sobre el espionaje a Luis Bárcenas en pleno caso Gürtel. Sostiene que es una prueba ilícita y que, de investigarse, debería ser siempre en unas diligencias separadas del caso Villarejo.

Martínez, que está procesado por su presunta implicación en el encargo, se pronuncia de esta forma sobre las grabaciones desveladas el pasado mes de mayo por El País y que salpican a María Dolores de Cospedal. La exsecretaria general del Partido Popular, a quien el juez libró del caso Kitchen, pidió al comisario jubilado parar la publicación de la "libretita" de Bárcenas, en referencia a sus apuntes contables sobre una presunta caja B en el PP.

La aparición de estas grabaciones llevó al PSOE -que ejerce la acusación popular- a solicitar al juez que investigase estos extremos. Ya en septiembre, la Fiscalía Anticorrupción se adhirió a la solicitud, al considerar que son de una "relevancia indudable" y que vendrían a demostrar la implicación no solo del Ejecutivo de Mariano Rajoy, sino también del propio PP en el encargo para sustraer a Bárcenas la documentación sobre una financiación opaca.

No se puede reabrir Kitchen

Sin embargo, el magistrado del caso Villarejo se negó por completo no solo a dar pábulo a estas nuevas pruebas, sino también a reabrir Kitchen. Manuel García Castellón razonó que esta pieza ya se ha investigado y que no se pueden retrotraer ahora a la fase de diligencias. Tanto es así que abrió la puerta a que Anticorrupción, si lo considera oportuno, se querelle contra Cospedal al margen de esta macrocausa de espionajes.

Una postura que ahora respalda Francisco Martínez. El que fuera 'número dos' del Ministerio del Interior explica en un nuevo escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli, que no se puede volver a la fase de investigación en tanto existe un auto firme de procedimiento abreviado. Se refiere al que dictó García Castellón en julio del año pasado y que le dejó al borde del banquillo junto con el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y una decena de exaltos mandos policiales, entre ellos José Manuel Villarejo.

"La retroacción de las actuaciones a la fase de instrucción resultarían contrarias a Derecho", reza su defensa, la cual añade que lo que no pueden hacer las acusaciones es distorsionar las pruebas para "enmascarar" una investigación. Cabe recordar que tanto el PSOE como Podemos recurrieron ante la Sala de lo Penal la decisión del juez de no reabrir las diligencias, de manera que ésta tendrá la última palabra sobre si reabrir o no Kitchen para investigar los audios de Cospedal.

Audios "de dudoso origen"

"La reanudación de la instrucción y práctica de nuevas diligencias tras la firmeza del auto de continuación del procedimiento abreviado queda proscrita bajo nuestro ordenamiento", reza Martínez. Además, añade que reabrir otra vez la pieza séptima del caso Villarejo vulneraría los derechos de todos los implicados que terminarán sentándose en el banquillo ya que se verán sometidos a dilaciones indebidas.

Las grabaciones no tienen garantía alguna de autenticidad. Son de dudoso origen y evidente ilegalidad

A todo ello añade que los nuevos audios de Kitchen -entre los que se incluyen también grabaciones entre Martínez y Villarejo- constituyen una prueba ilícita que vulnera sus derechos. Cuestiona además su origen (divulgado en su mayoría por el analista Alvise Pérez en su canal de Telegram) y reprocha a la Policía que transcriba el contenido de estos audios en los que se le implica "sin haber realizado la mínima comprobación de la realidad" de los mismos.

"Teniendo en cuenta lo anterior, cabe reseñar que nos hallamos ante unas grabaciones de conversaciones sin garantía alguna de originalidad ni autenticidad, al ser por completo desconocida la fuente originaria de las mismas. En definitiva, se trata de grabaciones de dudoso origen y evidente ilegalidad que no cumplen los requisitos necesarios para su incorporación al proceso", reza su abogado.

De esta forma Martínez se niega a que se reabra la investigación que salpica a la excúpula policial del Gobierno de Rajoy y apuesta por seguir los trámites que terminarán con la apertura de juicio oral. El juez instructor García Castellón también quiere agilizar el proceso. De hecho, tras negarse a investigar los audios de Cospedal, dio un plazo de diez días a las acusaciones para que presenten sus escritos. A petición de las partes lo amplió otros 20 días más.

La investigación, abierta en 2018, se centró en indagar el encargo que recibió la policía patriótica de sustraer a Luis Bárcenas todas las pruebas que escondía sobre la presunta caja B del Partido Popular. El juez procesó a los implicados apuntando a la existencia de un encargo que salió del Ministerio del Interior y del que estaba al tanto el exdirector adjunto de la Policía Nacional Eugenio Pino.

Cospedal, libre de Kitchen

Con todo, las anotaciones recogidas en los diarios de Villarejo en relación a sus encuentros con Cospedal y con su marido, Ignacio López del Hierro, provocaron la imputación de ambos. Tras interrogarles, el magistrado terminó archivando la causa para ambos por falta de pruebas, pero Anticorrupción se opuso asegurando que había indicios más que suficientes que apuntaban a la implicación del PP en el encargo que se costeó con fondos reservados del Estado.

Por ello solicitaron a la Sala de lo Penal que revocase la decisión de García Castellón y practicara diligencias que se habían quedado en el tintero, tales como recabar documentación policial sobre la captación de colaboradores para este encargo, además del que fuera chófer de la familia Bárcenas-Iglesias.

También consideraron oportuno citar al exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó y averiguar a qué persona pertenecían los números de teléfono aportados por Villarejo. El comisario habló de unos terminales que, según dijo, era los que utilizaba para dar cuenta directamente a Rajoy de los avances de la bautizada como operación Kitchen. Con todo, no solo recurrió Anticorrupción, otros procesados en la causa hicieron lo propio ante la Sala, si bien los magistrados desestimaron sus peticiones y respaldaron al juez instructor.

En el banquillo de los acusados se sentarán, además de los arriba mencionados, el exDAO Pino; el que fuera jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas; el exjefe de la UCAO Enrique García Castaño; el inspector jefe Andrés Gómez Gordo (en el momento de los hechos jefe de Seguridad de Cospedal durante su etapa como presienta de Castilla-La Mancha), los también inspectores jefe Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz y Sergio Ríos Esgueva, el exchófer de Bárcenas que acabó 'captado' por la brigada parapolicial.