El juez salva a Cospedal del espionaje a Bárcenas y envía al banquillo a la excúpula de Interior

Fin de la investigación por la 'trama Kitchen'. El magistrado Manuel García Castellón ha dado el primer paso para sentar en el banquillo a los implicados en el operativo impulsado desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer a Luis Bárcenas documentos sobre la caja B del PP. El magistrado aprecia indicios de delito para el exministro Jorge Fernández Díaz, su 'número dos' Francisco Martínez y la excúpula policial. Por contra libra del banquillo a María Dolores de Cospedal y su marido Ignacio López del Hierro, según informan fuentes jurídicas a 'Vozpópuli'.

Se trata de la séptima pieza de esta macrocausa que llega a su fin tras más de 30 meses de pesquisas. El instructor abrió diligencias en noviembre de 2018 a tenor de un informe de Asuntos Internos tras analizar los audios incautados a Villarejo en su domicilio en Boadilla del Monte. Los agentes constataron conversaciones mantenidas con otros protagonistas de la causa, como Sergio Ríos Esgueva, en relación a este espionaje para el que se le captó en calidad de confidente.

Más de dos años y medio después, el instructor considera que hay indicios para juzgar a un total de 11 personas por su implicación en este encargo que se costeó con fondos reservados del Estado. De este modo procesa al exministro y el exsecretario de Estado y actúa además contra Villarejo; el exDAO de la Policía Nacional Eugenio Pino; el exjefe de la UDEF José Luis Olivera; el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas; el exjefe de la UCAO Enrique García Castaño (alias El Gordo); el inspector y otrora jefe de seguridad de Cospedal en Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Gordo; los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez y Ríos Esgueva.

Por el contrario, archiva las diligencias para la exsecretaria general del PP, su marido y su exjefe de gabinete José Luis Ortiz. Se trata de las tres últimas personas imputadas en esta causa por las alusiones de Villarejo en su agenda y las revelaciones en sede judicial del exchófer de Bárcenas. Ahora el juez concluye que su imputación como autores intelectuales de este encargo fue “resultado de una inferencia voluntarista sin fundamento en indicio alguno". El cuarto archivo es para Enrique Olivares, el falso cura que asaltó la casa de los Bárcenas.

"Abuso de funciones"

El magistrado considera que estos hechos, que arrancaron en julio de 2013, son constitutivos de delito de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación. En su auto, de 70 páginas, el instructor del caso Tándem realiza un pormenorizado relato de esta operación que atribuye en primer lugar a Fernández Díaz. Según indica, "con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud" encargó al exsecretario de Estado de Seguridad la "misión" de quitarle a Bárcenas las pruebas que pudieran perjudicar al PP en plena investigación por sus papeles y la trama Gürtel.

Martínez asumió la coordinación de la operativa y el exDAO Eugenio Pino su planificación y desarrollo. Pino, por su parte, encargó la operación a Villarejo y éste se apoyó en García Castaño. El objetivo inicial fue la captación del chófer de Bárcenas (y persona de máxima confianza del matrimonio) para conseguir sustraerle sus papeles. El propio chófer -que cobró una media de 2.000 euros mensuales en ese tiempo- así lo confirmó a los investigadores, si bien dijo que creía que era legal, que el PP lo sabía y que la finalidad era acotar la fortuna oculta en Suiza.

El magistrado apunta que, pese a las órdenes de Interior, el objetivo de Villarejo y sus socios sería quedarse con ese material sensible para extorsionar a cargos públicos o responsables del Ministerio que dirigía Fernández Díaz. También da por hecho que la brigada parapolicial se quedó con esta documental que Bárcenas guardó en el taller de su esposa Rosalía Iglesias mientras él estuvo en prisión provisional por la trama Gürtel. El también exsenador así lo precisó en esta pieza en la que figura como perjudicado. Según dijo, cuando salió de la cárcel y acudió a este estudio del barrio Salamanca se dio cuenta de que le faltaba parte del material.

Fiscalía pidió imputar a Cosidó

"Ninguno de los funcionarios señalados realizó, pese a su condición de agentes de la autoridad, acción alguna para denunciar o evitar el desarrollo de esta operación de cuya ilicitud eran conocedores", dice el magistrado el cual implica en la trama Kitchen a la Unidad de Asuntos Internos y a Martín Blas. De este último dice que sabía que utilizaron fondos reservados del Estado. De hecho, con cargo a estos fondos García Castaño obtuvo el material empleado para volcar el contenido de los móviles que se sustrajeron a Bárcenas. El juez precisa que el descontrol con el uso de estas partidas no solo sirvió para financiar la trama Kitchen sino también para el enriquecimiento personal de algunos de los policías.

De este modo el magistrado considera que los indicios recabados son suficientes para dejar el asunto en manos de la Sala de lo Penal, que será la que se encargue de abrir juicio oral. Su decisión choca con la mantenida por el Ministerio Público o algunos de los imputados que pidieron seguir prorrogando la causa en aras a esclarecer más detalles sobre las órdenes de este operativo parapolicial.

De hecho, Anticorrupción solicitó recientemente una batería de diligencias entre las que se encuentra la citación como investigado del exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó y del exnúmero dos de la UCAO Mariano Hervás. Igualmente también propuso que se requiriera a Asuntos Internos para que identificase los datos relativos a los cinco números de teléfonos aportados recientemente por Villarejo y que, según dijo, era los que empleó para tratar la operación Kitchen con Mariano Rajoy.

El magistrado responde que se trata de números de los que "no hay rastro alguno" en la causa y avisa que esa diligencia (que implicaba también un requerimiento al Partido Popular por el uso del dispositivo) es "impertinente". "Adelantamos que (las peticiones) deben ser desestimadas al entender este instructor que son innecesarias, inútiles y, en algún caso además impertinentes y ausentes de toda fundamentación, más allá de una hipotética voluntad de prolongación de la pieza", sentencia el juez.