Juristas arremeten contra los ideólogos de la amnistía: "Saben que la norma caerá en Luxemburgo"

Mientras la bancada socialista de la Comisión de Justicia bloquea la comparecencia de expertos en el Congreso para valorar la viabilidad constitucional de la amnistía, diferentes instituciones y representantes del Poder Judicial siguen pronunciándose sobre el texto pactado con los independentistas catalanes. Este martes, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid ha celebrado una jornada en la que juristas, magistrados y profesionales del sector han podido debatir sobre todo lo que rodea a esta propuesta legislativa.

Los puntos centrales del coloquio han sido valorar la futura ley de amnistía desde la perspectiva constitucional y su encaje dentro del derecho comunitario. Sobre esta misma cuestión ha versado la intervención de Jaime Lozano, vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial quien ha puesto de relieve los escollos con los que se encontrará la norma en Europa.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha defiende que "la ley es contraria a los principios propios del Derecho y que caerá en Luxemburgo". Sobre esta cuestión ha subrayado que es algo que los artífices del texto, actualmente en manos de la Comisión de Justicia, conocen y que, mientras llega una resolución por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sánchez y los suyos seguirán jugando al juego de las negociaciones que ha llevado al secretario general del PSOE a la Moncloa.

El vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial ha desplegado una serie de argumentos con los que los jueces cuentan para poder frenar la amnistía tras su aplicación. Así se recoge en la guía divulgada por parte de este colectivo para ayudar a los jueces competentes a plantear recursos de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales ante el TJUE. El documento, publicado hace unas semanas por la plataforma, se ha elaborado con el objetivo de facilitar el trabajo a los magistrados. Entre sus más de sesenta páginas, se encuentra la fórmula para evitar que Carles Puigdemont vuelva a España.

No obstante, la guía publicada por el colectivo de juristas se elaboró antes de que Sánchez y sus socios firmaran sus enmiendas transaccionales con los partidos independentistas. Por lo que ahora, los jueces tendrán que lidiar con las modificaciones incluidas en el artículo 4 de la proposición de ley de amnistía. ERC y Junts pretenden blindar la vuelta de expresidente catalán acordando "el inmediato alzamiento de cualesquiera medidas cautelares", tras la entrada en vigor de la ley.

Lozano, sin embargo, añade que la "ingeniería fina" que componen los artífices de la amnistía no podrán evitar que el juez instructor pueda plantear una cuestión prejudicial, incluso, sobre este aspecto de la norma. De manera, que antes de aplicar la amnistía será el TJUE quien tenga la última palabra.

"La ley no es automática al final va a tener que ser un juez el que diga que se aplica. Si el magistrado tiene dudas debe dar traslado a las partes por si consideran que es procedente plantea una cuestión prejudicial al TJUE. Y de esta manera ver ver si se puede aplicar conforme al derecho Europeo", añade. El magistrado del TSJ de Castilla-La Mancha ironiza sobre la creación por parte del Gobierno de una lista de amnistiados para que la norma sea de aplicación inmediata.

¿Por qué la amnistía choca con el derecho europeo?

Posteriormente, Jaime Lozano ha enumerado y desarrollado cuatro principios básicos para defender que la amnistía que plantea Sánchez no se ajusta a las normas comunitarias. En primer lugar plantea que "atenta contra el derecho de libre circulación y establecimiento de la UE"; partiendo de la base de que la amnistía parte del 'procés' que con la declaración unilateral de independencia vulneró el derecho de establecimiento en Cataluña de empresas y ciudadanos.

En segundo lugar, el derecho a enjuciar delitos como la malversación que, si finalmente se demuestra que durante el 'procés' se uso fondos europeos, amenaza con tumbar la amnistía en Luxemburgo. No obstante, si Europa permite amnistiar este tipo de delito -aunque se haga sobre fondos nacionales- "el mensaje que se manda de que la malversación puede ser perdonada", sentencia.

Seguidamente, el magistrado ha hecho alusión al informe de los letrados de la Comisión de Justicia en el que se expone que amnistiar el terrorismo choca de frente con lo recogido en los Tratados de la UE. La directiva del año 2017 "obliga a cada país que en sus códigos penales se establezcan sanciones y penas efectivas y suficientes".

Finalmente, el experto ha añadido que "aunque la amnistía es una cuestión interna (de carácter nacional), si la norma pretende cursar una euroorden para que traigan a un hombre amnistiado, ahí Europa puede entrar a decir si la ley es o no compatible para emitir o no una euroorden".