El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dejado en libertad con medidas cautelares al que fuera chófer de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, y a otras tres personas detenidas en el marco de la causa abierta por el presunto cobro de comisiones millonarias con contratos de mascarillas en plena pandemia. Todos ellos se han acogido a su derecho a no declarar al encontrarse la causa bajo secreto de sumario.
Fuentes jurídicas confirman a Vozpópuli que este jueves han desfilado por sede judicial Koldo García; su hermano Joseba, el empresario y presidente del Zamora C.F Víctor de Aldama y el empresario vasco, Íñigo Rotaetxe, implicado en esta trama. Se trata de cuatro del total de 20 personas detenidas en el operativo de este miércoles en el marco del cual se produjeron hasta 26 registros en diversos puntos de España.
En el caso de Koldo García y de Víctor de Aldama, el juez le ha dejado en libertad con las medidas cautelares de prohibición de salir de España, retirada de pasaporte y obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado. Para Íñigo Rotaetxe se acuerda la prohibición de salir del territorio y retirada del pasaporte, mientras que Joseba García ha quedado en libertad sin cautelares.
Aunque el magistrado ha terminado la ronda de interrogatorios antes de las 10.30 no ha sido hasta las 14.00 horas de la tarde cuando los cuatro detenidos han abandonado las dependencias judiciales. Lo han hecho ante un gran revuelo mediático y sin responder a las preguntas de los periodistas. En el caso de Koldo García ha salido con el rostro cubierto y muy por detrás del resto de los tres detenidos.
Los contratos de la pandemia
La Guardia Civil explotó una operación que se venía investigando en la Fiscalía Anticorrupción desde mayo de 2022. El Partido Popular denunció la concesión de una serie de contratos a la empresa Soluciones de Gestión a raíz de las exclusivas de Vozpópuli sobre estas adjudicaciones 'a dedo' en lo peor de la pandemia.
En concreto, Anticorrupción abrió diligencias por tres contratos por importe superior a los 40 millones de euros que esta empresa zaragozana suscribió con el Ministerio de Transportes y con el Ministerio del Interior para suministrar mascarillas FPP2. El primero de ellos se adjudicó por Puertos del Estado por importe de 24,2 millones de euros; el segundo por ADIF por 12,5 millones y el tercero a la Secretaría de Estado de Seguridad por 3,47 millones.
Precisamente este miércoles la Guardia Civil se personó en las dependencias del Ministerio del Interior para tomar declaración como testigo al 'número dos' de Fernando Grande-Marlaska. El motivo reside en que el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, fue quien cerró el acuerdo para adquirir cerca de un un millón de mascarillas con nivel de protección FFP2 para el Ministerio del Interior.
El estallido de la operación se produce tras meses de investigación secreta en la Fiscalía Anticorrupción. Tal y como informó este medio, el órgano que dirige Alejandro Luzón fue cerrando todas las líneas de investigación abiertas por la compra de material sanitario y denunciadas tanto por el PP por el PSOE. A finales de septiembre solo se mantenía abierta esta que afectaba a la empresa zaragozana vinculada a Ábalos. Ante los indicios de la presunta comisión de delito, Anticorrupción interpuso querella en la Audiencia Nacional. El Juzgado Central de Instrucción número 2 asumió las diligencias por presunto delito de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
De 0 a 53 millones
De las pesquisas realizadas por el Ministerio Público se habría acreditado indiciariamente la existencia de una organización con epicentro en el chófer de Ábalos que habría cobrado comisiones millonarias con estos contratos adjudicados a dedo en los primeros compases de la pandemia.
Las investigaciones también se centran en las cuentas de esta empresa de Zaragoza que se adjudicó los tres contratos de suministro de mascarillas sin contar con experiencia previa en el sector sanitario. De acuerdo con las cuentas de la firma, pasó de ingresar 0 euros a registrar 53 millones en el ejercicio en el que firmó las tres adjudicaciones con el Gobierno.
