Anticorrupción mantiene el foco en el proveedor de Ábalos por el pelotazo de las mascarillas

Un año y medio después de que Anticorrupción comenzara a investigar los millonarios contratos covid del Gobierno, el foco se estrecha sobre la firma zaragozana vinculada a José Luis Ábalos. De todas las líneas abiertas por el Ministerio Fiscal, algunas se han derivado a la Fiscalía Europea y otras se han archivado, si bien la que afecta a Soluciones de Gestión sigue adelante para vislumbrar si hay o no indicios de delito.

En concreto la Fiscalía estudia los contratos públicos que concedió el Gobierno de Pedro Sánchez y que desveló este medio. La pyme zaragozana pasó de no tener ingresos a facturar 53 millones de euros en 2020 gracias a los conciertos tramitados de urgencia y negociados sin publicidad.

El Partido Popular denunció ante el Ministerio Fiscal esta licitación al tratarse de una sociedad que no se dedicaba al sector sanitario y que abultó su facturación gracias a los acuerdos covid. En concreto, los 'populares' señalaron a cinco empresas vinculadas con Pedro Sánchez, Nadia Calviño y Salvador Illa que facturaron más de 300 millones de euros.

Cinco empresas bajo sospecha

A tenor de la denuncia, la Fiscalía Anticorrupción abrió cinco diligencias separadas en abril del año pasado. Fuentes fiscales confirman a Vozpópuli que más de un año y medio después, la relativa a Soluciones de Gestión sigue su curso en este órgano. El resto han terminado archivadas o bien derivadas a la Fiscalía Europea o a los tribunales.

Entre las que se terminaron zanjando se encuentra la relativa a los contratos a la asiática FCS Select Products (que facturó 263 millones de euros en material sanitario) y Member of the Tribe. Lo mismo ocurrió con Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A (ahora Beedigital) de la que el marido de Nadia Calviño es director de marketing; y con Industrias Plásticas Playbol; esta última vinculada a los padres de Pedro Sánchez.

Soluciones de Gestión firmó contratos millonarios con los Ministerios de Transportes, Interior y Sanidad, pese a no tener experiencia en el sector sanitario y contar con cinco trabajadores

En el caso de esas dos últimas empresas se investigó no solo las adjudicaciones a 'dedo' en plena crisis por la covid, sino los fondos europeos y otras subvenciones y avales concedidos en ese tiempo. Tras analizar toda la documentación bajo sospecha, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, archivó las diligencias apelando a la "palmaria ausencia de elemento incriminatorio alguno" y al hecho de que cumplían los requisitos para acceder a las ayudas públicas.

El gran 'pelotazo' de las mascarillas

Frente a ello, Anticorrupción sigue analizando los cinco contratos que la pyme Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L firmó con el Ejecutivo en plena pandemia. El primero de ellos lo desveló este medio el 14 de abril de 2020 y lo firmó el Ministerio de Transportes. El departamento que entonces dirigía José Luis Ábalos pagó 24 millones de euros por mascarillas que repartió entre el resto de compañías estatales, Aena o Correos.

Llamó la atención que se tratara de una sociedad dedicada a la ejecución de proyectos en África y sin experiencia directa en venta de material sanitario. Pese a ello, repitió 'pelotazo' con contratos similares con Adif, órgano que también dirigía Ábalos, y que le compró cinco millones de cubrebocas por 12,5 millones de euros. Tras éste se cerró un tercer contrato con el Ministerio de Interior por 3,48 millones de euros y otros similares en Canarias y Baleares.

Además, a todo ello se suma que esta compañía -que apenas contaba con cinco trabajadores- fue una de las elegidas en un 'megaconcurso' público de más de 2.000 millones de euros para suministrar material sanitario. Al respecto el PP expuso en su denuncia que su actividad empresarial no tenía que ver con la venta de mascarillas y que faltaba comprobación de solvencia de la firma.

También se hizo eco de la facturación desvelada por este medio y que pasó de 0 euros en 2019 a 53,13 millones un año después. Por ello pidió que se investigaran los hechos por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos.

Triunfo ante la Justicia

La investigación sigue ahora bajo control de Anticorrupción a la espera de decidir si archiva las diligencias o, por contra, acredita los indicios de delito e interpone querella. En este tiempo el entonces administrador de Soluciones de Gestión, José Ángel Escorial Senante, ha llevado ante la Justicia algunos artículos e informaciones que apuntaban a un presunto pufo de este contrato, pero los tribunales han fallado en su contra en varias ocasiones.

La primera de ellas se produjo a comienzos de año cuando el Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid respaldó un artículo que le tachaba de "comisionista". Su autor, Ramiro Grau, fue absuelto al considerar el tribunal que el artículo era fruto de una "actividad crítica". Pero el fallo fue más allá y expuso que era "ciertamente noticiable" la adjudicación del contrato y su volumen de negocio en 2019 de 0 euros.

Del mismo modo, en julio otro juzgado declinó condenar a ese abogado por vulnerar su derecho al honor con un artículo que apuntaba al "chanchullo" de las mascarillas. En este caso, la sentencia también entró en el fondo del asunto y dijo que no veía delito al asociar la pyme aragonesa con un "destacado responsable político", en referencia a Ábalos.

Las otras causas de mascarillas

Con todo, Anticorrupción no solo ha investigado las adjudicaciones denunciadas por el Partido Popular. Esta misma Fiscalía abrió diligencias por el contrato de 1,5 millones de euros que la Comunidad de Madrid firmó con Priviet Sportive, empresa vinculada al hermano de Isabel Díaz Ayuso. En paralelo, la Fiscalía Europea asumió la parte de las pesquisas relativas a una presunta malversación ante la sospecha de que se podrían haber desviado fondos comunitarios. Los dos órganos terminaron archivando las pesquisas.

No pasó lo mismo con la investigación que nació en este órgano relativa a los contratos de emergencia que firmó el Ayuntamiento de Madrid con una firma asiática. En este caso, la Fiscalía actuó contra los intermediarios Luis Medina y Alberto Luceño, por haber cobrado seis millones de euros en comisiones con esta transacción.

El juzgado abrió causa y, tras investigar los hechos, ya ha dado el primer paso para enviarles al banquillo. La Fiscalía pide 9 años de cárcel para Medina y 15 para Luceño por los delitos de estafa agravada y falsedad en documento mercantil.