El CGPJ da 10 días al número dos de Justicia para que responda por sus acusaciones al juez que imputó a Puigdemont en Tsunami

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado tramitar la solicitud de amparo del magistrado Manuel García Castellón tras las declaraciones del número dos de Justicia, Antonio Julián (Tontxu) Rodríguez, en las que apunto que el magistrado de la Audiencia Nacional interfería en la negociación política al imputar a Carles Puigdemont en el caso de Tsunami Democràtic. Además, le da 10 días para que efectúe las alegaciones pertinentes.

El magistrado pidió amparo al órgano de gobierno de jueces ante la gravedad de las acusaciones del secretario de Estado de Justicia y también de la portavoz del Govern de la Generalitat de Cataluña, Patricia Paja. El instructor expuso que de las declaraciones de ambos cabía inferir la intención de influir en el procedimiento judicial así como de inquietarle o perturbarle en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

El asunto se remonta a principios de la semana pasada cuando el magistrado, que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, imputó por delitos de terrorismo al líder de Junts, Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otra decena de personas.

Acusado de prevaricar

El magistrado actuó de oficio tras incorporar el informe clave de la Guardia Civil que apuntaba a la implicación de todos ellos en las actividades que diseñó Tsunami Democràtic en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a doce líderes del procés.

Las imputaciones se produjeron en paralelo al cierre de la negociación entre el PSOE y Junts sobre la amnistía, cuestión determinante que permitió desencallar la investidura de Pedro Sánchez. Al respecto, el 'número dos' de Pilar Llop, Tontxu Rodríguez, le acusó de intentar inferir en las negociaciones sobre la ley de amnistía mediante la imputación de Carles Puigdemont por terrorismo.

"No tengo ni idea de si tiene una razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser en este día, oye (...). Tiene que ser justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir, que venga Dios y lo vea...", dijo en entrevista radiofónica. Por su parte, la portavoz del Govern le acusó directamente de prevaricar y de actuar por su animadversión hacia el independentismo catalán (lawfare).

El CGPJ le defiende

La Comisión Permanente responde que del relato de hechos del juez se entiende que existen fundamentos suficientes para admitir a tramite su petición. De esta manera la admite a trámite y da un plazo de diez días a los dos cargos políticos para que efectúen las alegaciones que estimen pertinentes. Tras ello, el asunto se someterá entonces de nuevo a la Comisión Permanente para la adopción de una resolución definitiva.

El acuerdo de admisión ha salido adelante con los votos favorables del presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, y de los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart.

Las vocales Mar Cabrejas y Pilar Sepúlveda han votado en contra. Al respecto la primera de ellas ha justificado su voto en un escrito en el que explica que en su opinión no concurren los requisitos para admitir a trámite la petición de amparo del magistrado García Castellón porque las actuaciones de terceros referidas por el magistrado no solo deben lesionen el valor de la independencia judicial, sino que además tienen que influir en el proceso de toma de decisiones judiciales.

No obstante, ha propuesto una declaración de la Comisión en la que se ponga de manifiesto que las declaraciones puestas en conocimiento del CGPJ resultan "inadmisibles" y han de calificarse en los términos justos que se merecen, esto es, un exceso no justificado de crítica de las decisiones judiciales que cuando proceden de representantes públicos, como es el caso, "adquieren perfiles de especial gravedad".

Cabe recordar que en la misma entrevista radiofónica, el número dos de Justicia arremetió contra los vocales conservadores del CGPJ por sacar adelante una declaración institucional contra la amnistía. Les acusó de actuar en funciones, de pronunciarse sobre una ley cuyo contenido entonces no se conocía y les tildó de 'okupas'.