Un informe docente carga contra Educación y las CCAA: "Son expertos en crear protocolos"

El último informe del Defensor del Profesor del sindicato ANPE no solo alerta del aumento de los casos de ansiedad y depresión entre los docentes durante el curso 2021/2022 por culpa de padres y alumnos, sino que también acusa a las administraciones educativas de "falta de sensibilidad y de responsabilidad" por encasquetarles un sinfín de protocolos. "Se han vuelto 'expertas' en producirlos", ironizan.

A continuación, el texto recoge algunos de los últimos documentos dirigidos al profesorado como el de 'Prevención y actuación ante el acoso, ciberacoso y maltrato entre iguales'; 'Ideación suicida y autolisis'; 'Maltrato Infantil y abusos sexuales'; 'Violencia de Género Acoso Diversidad Funcional'; 'Acoso LGTBIfóbico, transfóbico y diversidad sexual y acompañamiento LGTBI+'; 'Odio y discriminación'; 'Agresión Personal Docente'; 'Problemas de conducta'; 'Igualdad – coeducación'; 'Mutilación femenina'; 'Alumnos recién llegados' y, por último, 'Protocolo de drogas en centros'.

"Todos estos documentos, en mayor o menor medida, son absorbidos por los centros educativos a coste cero para las administraciones públicas, pero basta sólo con su lectura para apreciar la gravedad de los casos que pueden recaer sobre los docentes y la gran responsabilidad que supone para los mismos el desarrollo de estos, sin olvidar la carga burocrática que implica el iniciar los mismos", sostienen los autores del informe.

El informe señala que los centros educativos tienen la percepción de que la responsabilidad de la educación recae sólo sobre ellos

El informe señala que los centros educativos tienen la percepción de que la responsabilidad de la educación recae sólo sobre ellos. "Estamos firmemente convencidos de que si la sociedad y sus gobernantes no le dan a la Educación el valor que tiene en una sociedad de progreso y la ponen en el centro de sus políticas, ésta está abocada al fracaso", vaticinan. Según el Defensor del Profesor, los docentes llevan demasiado tiempo sufriendo continuos cambios normativos que no dan solución a los problemas reales de todos los días.

"Parece que los gobernantes creen que para solucionar los problemas de convivencia presentes en los centros basta con establecer protocolos sobre el papel, sin tener en cuenta las realidades de los centros y sin invertir en recursos materiales y humano", critican.

Cerca de 2.000 actuaciones

En total, el número de profesores que se han puesto en contacto este curso con el servicio del Defensor asciende a 1.994 en todo el territorio nacional. La cifra representa un incremento -aunque no muy significativo- con respecto al curso pasado, en el que se atendieron 1.960 incidentes. Un 42% de las actuaciones están relacionadas con profesores de ESO y Bachillerato, lo que supone una subida respecto al curso anterior de un 4%. Por el contrario, en
Primaria descienden del 44% al 39% y en Infantil se mantienen en un 6%.

La mayoría de las quejas están relacionadas con los problemas para dar clase; las faltas de respeto de los alumnos; acoso y falsas acusaciones por parte de los padres y, además, con los problemas con las administraciones.

El informe tampoco deja en buen lugar algunos aspectos de la llamada 'ley Celaá' y sus consecuencias para el profesorado. "La publicación en el mes de noviembre de 2021 del Real Decreto de evaluación, promoción y titulación, por el que el Ministerio de Educación generó controversia y polémica, propone eliminar los exámenes de recuperación para la ESO que las CCAA antes hacían en septiembre y ahora realizan mayoritariamente a finales de
junio", recuerdan.

El Defensor del Profesor insiste en la falta de sensibilidad y responsabilidad de las administraciones educativas hacia los docentes

La nueva norma -explican- no solo permite titular con asignaturas suspensas en la ESO y Bachillerato, sino que fulmina también las pruebas de carácter extraordinario en la ESO desde el mismo curso 2021-2022. "El Ministerio atribuye toda la responsabilidad sobre la promoción y titulación al profesorado, dejando a los docentes en una situación de inseguridad jurídica en la toma de decisiones sobre la promoción y titulación del alumnado a menos de un mes de la primera evaluación y con el curso ya empezado", advierten.

El Defensor del Profesor insiste en la falta de sensibilidad y responsabilidad de las administraciones educativas hacia los docentes, "a los que dejan toda la responsabilidad de las decisiones sin tener en cuenta a los expertos en la materia". "Esta medida es un mensaje contrario a la cultura del esfuerzo, del rigor y del mérito en el que la ausencia de incentivos para lograr la excelencia académica resulta desmotivadora para el profesorado y el alumnado", argumentan.

Además, los autores comentan que la decisión de promoción no recae en un especialista de área, sino que se diluye en el equipo docente y puede generar controversia en los claustros porque, de alguna manera, esta medida menoscaba el principio de autoridad académica del propio profesorado, generando problemas de convivencia entre los docentes.

"Esta nueva normativa sobre evaluación puede generar graves consecuencias sobre el alumnado con menos recursos, que en su práctica totalidad está en la enseñanza pública, ya que no pueden compensar fuera del centro educativo los déficits de aprendizaje que acumularán al pasar de curso y titular con materias suspensas, cercenando las posibilidades que ofrece a este alumnado el sistema educativo como compensador de desigualdades y ascensor social", concluye el documento.