Iberdrola pide ahora que se interrogue al exdirectivo que denunció pagos a Villarejo

Iberdrola vuelve a la carga contra su exdirectivo de Funciones Corporativas tras el giro de 180 grados que ha vivido el caso Villarejo. La decisión de la Audiencia Nacional de volverle a otorgar la condición de perjudicada por la actuación de José Antonio del Olmo, ha hecho que la defensa de la eléctrica mueva ficha y pida que comparezca en sede judicial. En concreto solicita al magistrado que investiga el caso Villarejo, Manuel García Castellón, que le cite por delito de falsedad documental.

Se trata de un capítulo más en una guerra que tiene como telón de fondo los encargos que la compañía efectuó al comisario jubilado entre 2004 y 2017. Del Olmo se convirtió en testigo clave de la causa tras la aparición, hace ahora dos años, de un informe redactado por él mismo en el que denunciaba un sistema de pagos irregular al espía. El exempleado aportó a la causa no solo su informe -elaborado en 2004- sino también las supuesta facturas irregulares que demostrarían los pagos encubiertos al Grupo Cenyt.

Su irrupción en esta pieza decimoséptima del caso Tándem hizo que la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán respondiera querellándose contra él en varios juzgados por supuesta falsedad y por el robo de la documentación. Una de esas querellas recayó en un juzgado de Bilbao, pero éste acabó inhibiéndose en favor de la Audiencia Nacional al considerar que era la competente para investigarlo. De este modo, García Castellón asumió la querella en la que Iberdrola figuraba como perjudicada pero no acordó diligencias ya que priorizó la investigación por los encargos a Villarejo.

Ya en julio de este año decidió dar la razón al exempleado y le libró de su condición de querellado de Iberdrola dando carpetazo a este asunto. No obstante, esta misma semana la Sala de lo Penal ha revocado su criterio devolviendo de nuevo a la multinacional vasca su condición de perjudicada por la actuación de Del Olmo. Además, acordó su imputación por falsedad documental toda vez que considera que se debe esclarecer si los papeles que el exalto cargo sustrajo de la empresa y llevó ante notario en 2004 son veraces bien, como sostiene la compañía, son falsos.

Parálisis de la investigación

Por ese motivo su defensa ha pedido que se le interrogue en sede judicial para poner blanco sobre negro sobre este documento que se ha convertido en prueba estrella del caso. En un escrito remitido al juzgado, adelantado por Vozpópuli, la compañía pide al magistrado que se pronuncie sobre si investigará este asunto dentro de la macrocausa de espionaje de Villarejo, o bien lo apartará dando lugar a que se instruya en un procedimiento separado. Una salida por la que siempre ha optado la compañía.

Además, su abogado reprocha al magistrado que en todo el tiempo que estuvo vivo el asunto no acordara ninguna diligencia. "La consecuencia que tuvo dicha aceptación fue precisamente la parálisis de la investigación de los hechos. Ni tan siquiera se llamó a declarar como investigado a D. José Antonio del Olmo, sino que, más bien al contrario y por motivos que desconocemos, se le llamó a declarar con carácter urgente en calidad de testigo justo cuando mi mandante presentó la denuncia por falsedad", reza el escrito.

Lo cierto es que Del Olmo obtuvo esta condición a finales de 2019 llegando a declarar a puerta cerrada hasta en tres ocasiones en aquel momento. Sin embargo, meses después, el instructor le tuvo que imputar precisamente porque, en su condición de alto cargo de la eléctrica, fue uno de los que visó las facturas que reportó como irregulares. Del Olmo, por su parte, defiende que llevó estos documentos ante notario ante el temor de que en un futuro se reclamasen responsabilidades y dijo también que la cúpula de la compañía, con el presidente a la cabeza, estaba enterada de las irregularidades.

Su testimonio fue determinante en el avance de la causa en la cual tiene pendiente declarar Sánchez Galán y otros altos cargos de la compañía, además de la propia Iberdrola Renovables como persona jurídica. Esto es así porque, aunque la Audiencia dio la razón a la firma en lo que respecta a Del Olmo, se la quitó en lo concerniente a la imputación de la filial, ya que ha decidido mantenerla. De este modo, serán llamados a declarar para explicar su grado de conocimiento en los encargos que costaron 1,1 millones de euros.

Aristas de la guerra Iberdrola-Olmo

Con todo, la guerra Iberdrola-Olmo no termina en la Audiencia Nacional. La firma ya ganó una primera batalla en un juzgado de Bilbao que concluyó que Del Olmo sustrajo todos estos papeles "ilícitamente" y le condenó a devolverlos. El fallo recogió que se llevó a su casa las facturas y no las puso a disposición de las autoridades. Además, existe otra causa abierta en el juzgado de Instrucción número 9 de Madrid a tenor de una denuncia interpuesta por Iberdrola y en el marco de la cual se ha citado a declarar al exempleado para el próximo 18 de enero.

En paralelo, el juzgado acaba de incorporar dos oficios policiales en los que se detalla el conocido como proyecto Front y se analizan más audios del comisario jubilado y el entonces jefe de seguridad, Antonio Asenjo. Los informes, avanzados por este medio, dan respuesta a un requerimiento del pasado mes de septiembre del juez que quería acreditar si Villarejo se valió de medios irregulares para sacar adelante sus encargos. Del análisis de los audios y el material, Asuntos Internos concluye que, en al menos tres de ellos, se interceptó el tráfico de llamadas de los espiados vulnerando sus derechos.

Así, destaca el proyecto Arrow, primer encargo de Cenyt, en el que el comisario jubilado vigiló a los líderes de movimientos vecinales y medioambientales que se oponían a la construcción de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz). Los otros dos proyectos señalados en el oficio policial son BB Blackboard (relativo al espionaje a Manuel Pizarro entre 2004 y 2006, mientras ejerció como presidente de Endesa) y proyecto Gipsy, de 2009.

Este último tenía como fin espiar al exdirector de servicios generales, José María Álvarez (Chema), ante la sospecha de que estaba desviando comisiones y también ante el temor de que filtrara información perniciosa a un tercero para que éste se la hiciera llegar a Florentino Pérez. El resultado de este proyecto, que se desarrolló en 2009, no arrojó ninguna prueba concluyente. No obstante, la Policía cuestiona la naturaleza ilícita de estos trabajos mientras Iberdrola se desliga de los métodos que el comisario empleó para sacarlos adelante.