El Servicio Marítimo de la Guardia Civil dispondrá de tres nuevas embarcaciones para luchar contra el narcotráfico que estarán equipadas con un sistema de armas lanzagranadas idéntico al que emplean las Fuerzas Armadas españolas. El Instituto Armado estudia la posibilidad de que la empresa armamentística Santa Bárbara, contratista habitual del Ejército de Tierra o de la Armada -entre otros- integre estas capacidades en sus nuevas lanchas. El procedimiento de contratación se celebra en un momento marcado por el asesinato de dos agentes en Barbate, embestidos en el mar por los criminales de la droga.
Como adelantó Vozpópuli el pasado mes de enero, la Guardia Civil ha salido al mercado en busca de tres nuevas embarcaciones para reforzar las capacidades de su Servicio Marítimo. En la memoria justificativa del procedimiento se detalla que una tercera parte de los barcos que componen esta unidad tienen más de 20 años y superan con creces su vida útil estimada.
El documento también informa de que las embarcaciones de la Guardia Civil “se ven en ocasiones envueltas en persecuciones con embarcaciones empleadas para el tráfico ilícito de sustancias, las cuales realizan maniobras de embestida”. Una descripción que recuerda inequívocamente a los acontecimientos que se vivieron el pasado viernes en Barbate y en los que fueron asesinados dos agentes del Instituto Armado.
Sistemas lanzagranadas
Por eso desde la Guardia Civil destacan que “la violencia de estas acciones hace necesario que los cascos y la estructura de las futuras embarcaciones sean de materiales más resistentes que las de la flota actual, que son de PRFV (Poliéster reforzado con fibra de vidrio)”, por lo que requieren una fabricación en aluminio.
Pero la Guardia Civil incluye otro documento de prescripciones técnicas donde detalla las capacidades específicas que deberán tener las nuevas embarcaciones. En concreto, solicitan que el casco tenga una eslora que iría entre los 16,5 y los 17,5 metros, con una manga de entre 3,5 y 5 metros. También se deberán instalar sendos motores de gran cilindrada que permitirán la persecución de los narcos y de cualquier otro criminal aun en las condiciones meteorológicas más adversas.
La batería de especificaciones -radares o comunicaciones, entre otros- incorpora un apartado dedicado al armamento. Es en este punto donde se indica que “la patrullera dispondrá de un lanzagranadas automático Santa Bárbara Lag-40 SB de 40 mm o similar suministro del Armador”.
Guardia Civil, Ejército y Armada
Este sistema de armas es de sobra conocido por las Fuerzas Armadas españolas. Tanto el Ejército de Tierra como la Infantería de Marina, de la Armada, disponen de los lanzagranadas que ahora incorporará el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, y que habitualmente emplean a bordo de vehículos Hummer o con un trípode terrestre. También se ha suministrado a las fuerzas armadas brasileñas, colombianas, portuguesas o filipinas.
El operador del lanzagranadas cuenta con la posibilidad de hacer disparos únicos o en ráfaga, y puede disparar cualquier tipo de munición del calibre 40x53 mm a una distancia efectiva de 1.500 metros. La cadencia alcanza los 215 disparos por minuto.
El procedimiento discurre en un momento particularmente crítico, después de que una narcolancha embistiera el pasado viernes a una embarcación de la Guardia Civil
El procedimiento de contratación de estas patrulleras arrancó el pasado mes de octubre, cuando se firmó la memoria con las razones que justifican la compra de las embarcaciones. Vozpópuli ya informó en enero de las informaciones recogidas en la documentación anexa a la licitación, para la que se reserva un presupuesto total de 7,5 millones de euros.
La Guardia Civil, no obstante, se vio obligada a ampliar el plazo para la adquisición de las embarcaciones, toda vez que se incorporó nueva documentación a la licitación. Así, el Instituto Armado ofrece un plazo de presentación de ofertas que expirará el próximo 11 de marzo. La apertura del sobre con las ofertas se celebrará el 19 del mismo mes.
El procedimiento discurre en un momento particularmente crítico, después de que una narcolancha embistiera el pasado viernes a una embarcación de la Guardia Civil, asesinando a David Pérez, agente del GAR, de 43 años, nacido en Barcelona, con mujer y dos hijos, y a Miguel Ángel González, agente del GEAS, de 39 años, natural de San Fernando (Cádiz), con pareja y una hija a su cargo.
