La Guardia Civil investiga el uso de fondos UE en contratos por valor de 21,4 millones en el 'caso Koldo'

Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil avanzan en sus pesquisas en el marco del caso Delorme -también conocido como caso Koldo por la implicación Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos-, relacionado con el presunto cobro de mordidas en la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia. Según ha sabido Vozpópuli, sobre la mesa de los agentes está el supuesto uso de fondos de la Unión Europea en una batería de licitaciones que supusieron un desembolso total de 21,4 millones de euros por parte de la Administración.

Los contratos en los que se recurrió a fondos de la Unión Europea fueron adjudicados por el Ministerio de Transportes, a través de ADIF, así como por los gobiernos autonómicos de Islas Baleares e Islas Canarias, entonces dirigidos respectivamente por Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados, y por Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

De acuerdo a la información a la que ha tenido acceso este diario, al menos en cinco contratos asignados por estos órganos públicos se anunció el empleo de fondos procedentes de Bruselas. La Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud firmó dos contratos con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL: uno para la adquisición de mascarillas FFP2, por 4.775.500 euros, y otro para el “servicio de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte” del material fitosanitario, por 417.814,71. La documentación adjunta en ambos procedimientos indica que se financió “con fondos de la UE”.

Del mismo modo, el Servicio de Salud de Islas Baleares adjudicó otros dos contratos a esta misma empresa, indicándose en ambos procedimientos que se emplearían partidas procedentes de Bruselas. En este caso, se contrató el suministro de mascarillas FFP2 por un valor total de 3,7 millones de euros, mientras que los “servicios de gestión necesarios para adquisición y trámites aduaneros de pedidos de material sanitario” supusieron un desembolso de 46.872,10 euros para el Gobierno autonómico balear.

El quinto contrato y más cuantioso es el suscrito por el Consejo de Administración de ADIF, dependiente del Ministerio de Transportes -entonces en manos de José Luis Ábalos-, para el suministro de cinco millones de mascarillas, por un valor total de 12,5 millones de euros. “Financiación con fondos de la UE”, describe, igualmente, el expediente de licitación.

Procedimiento de emergencia

Los cinco contratos supusieron un desembolso total de 21.441.686,21 euros para las arcas públicas. Todos ellos se tramitaron mediante procedimiento de emergencia, negociándose sin publicidad y concurriendo únicamente la empresa adjudicataria. O lo que es lo mismo, los gobiernos balear y canario, así como ADIF, negociaron directamente con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL las condiciones económicas de los acuerdos, así como las condiciones administrativas de los mismos.

Se trata de un procedimiento que permite una aceleración de los trámites de contratación pública, justificado en la emergencia pandémica que atravesaba España debido a las embestidas del coronavirus. No obstante, está exento de algunos de los controles más rigurosos a los que están sometidas las adjudicaciones por parte de la administración.

El 'caso Koldo'

La investigación de la Guardia Civil se enmarca en unas diligencias que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y que se coordinan con la Fiscalía Anticorrupción, en las que se investiga el supuesto cobro de mordidas de representantes públicos o intermediarios en la adjudicación de una serie de contratos suscritos por la administración con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL para la adquisición o gestión de material fitosanitario.

Dentro de esta investigación se detuvo, este martes, a veinte personas y se practicaron 29 registros. Entre los detenidos figura Koldo García Izaguirre, exasesor de José María Ábalos, quien después ocupó un puesto de responsabilidad en Renfe. Tras prestar declaración ante el juez, este jueves fue puesto en libertad con medidas cautelares. Se adoptó la misma decisión para otros tres detenidos: su hermano Joseba, el empresario y presidente del Zamora C.F., Víctor de Aldama, y el empresario vasco, Íñigo Rotaetxe.

Cabe recordar que la empresa adjudicataria de estas licitaciones pasó de tener unos ingresos mínimos a facturar más de 50 millones en plena pandemia: los contratos más cuantiosos llegaron, precisamente, del Ministerio de Transportes, entonces dirigido por Ábalos, con sendos acuerdos por valor de 24,2 y 12,5 millones de euros.