Así intentará Griñán evitar su ingreso en prisión antes de que se tramite el indulto

José Antonio Griñán estudia ya todas las posibilidades para evitar su ingreso en prisión tras la condena en firme por el caso de los ERE. La defensa del expresidente de Andalucía se plantea interponer un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo contra el fallo que confirma su condena a seis años de cárcel.

Se trata de un paso previo antes de acudir al Tribunal Constitucional por presunta vulneración de derechos y con el que el exdirigente socialista ganaría tiempo mientras, en paralelo, se tramita su petición de indulto. La solicitud que formularon su esposa y sus hijos (respaldada por los expresidentes del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González) no se podía gestionar dado que la condena de la Audiencia Provincial de Sevilla no era firme.

Ahora, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, el Ejecutivo puede iniciar los trámites de esta medida de gracia regulada por Ley en el siglo XIX. Fuentes del Ministerio de Justicia explican a este medio que el procedimiento todavía no se ha iniciado. Ahora toca estudiar la densa sentencia y los dos votos particulares emitidos contra la condena de Griñán por malversación. Tras ello se iniciará formalmente el expediente.

¿Celeridad en el trámite del indulto?

Lo primero que hará el Ejecutivo será recopilar los informes preceptivos como marca la Ley. El Gobierno recabará el dictamen del órgano que les juzgó (la Audiencia Provincial de Sevilla), la Fiscalía y la defensa de Griñán, ya que el indulto no lo solicita él directamente. Los informes no son vinculantes pero su criterio debería pesar en la respuesta que se dé a la solicitud.

A falta de que el Gobierno de Pedro Sánchez aclare si aplicará para su compañero de filas la misma medida que acordó para los condenados con cárcel del procés, lo cierto es que todo apunta a que la respuesta será favorable. El Ejecutivo tendría que acelerar con la tramitación del indulto si no quiere que se haga efectivo en plena campaña electoral.

Con la pena tan elevada y la gravedad de los delitos lo normal sería que se activaran los mecanismos para el ingreso en prisión de Griñán, sin esperar a la respuesta del Supremo o del TC

Sin embargo, sería sorprendente que se diera prioridad a esta petición de indulto teniendo en cuenta que el Ministerio de Justicia aglutina centenares de peticiones similares. ¿Qué razón habría para darle a este indulto una resolución acelerada frente al resto?", se preguntan fuentes jurídicas de alto nivel consultadas por Vozpópuli.

Agotar las vías hasta llegar al TC

Mientras tanto, la cuenta atrás para su ingreso en prisión ha comenzado. El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de los ERE para una veintena de personas a quienes, en un duro fallo, les acusa de vilipendiar cerca de 700 millones de euros con las ayudas del subsidio por desempleo. Los magistrados sostienen que actuaron con "absoluto descontrol" y "total discrecionalidad" haciendo uso de los fondos como si fueran privados.

De Griñán argumentan que, en su condición de consejero de Hacienda primero y después presidente de la Junta, tuvo conocimiento de todo lo pasaba. Es más, aseguran que dictó "resoluciones prevaricadoras" a sabiendas de "todas las irregularidades" que se estaban produciendo y que no actuó para evitar estas ilegalidades pese a haberlo podido hacer. "Dictó resoluciones que eran manifiestamente injustas por transgredir de forma patente y grosera la Ley", recoge la sentencia.

Ahora, tras conocerse el contenido íntegro de un fallo avanzado antes de verano, su abogado planteará casi con total probabilidad un incidente de nulidad ante el Supremo. La Ley exige que se agoten en la vía jurisdiccional todas las posibilidades antes de interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. De no hacerlo, el tribunal de garantías se lo podría inadmitir y eso supondría un duro revés para su defensa.

Pendientes de la Audiencia de Sevilla

Con todo, ninguna de las medidas que adopte su abogado frenan la ejecución de la condena. Así se recoge en el artículo 241.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que estipula que, aunque se admita a trámite la petición de nulidad, no queda en suspenso "la ejecución ni la eficacia" de la sentencia.

De hecho, el siguiente paso ahora es que el Tribunal Supremo notifique a la Audiencia Provincial de Sevilla el fallo emitido. Ésta, en su condición de órgano que juzgó los ERE, incoará una ejecutoria para aplicar el contenido íntegro de lo dispuesto por el Tribunal Supremo. Las fuentes consultadas explican que, con la pena tan elevada y la gravedad de los delitos que afronta Griñán, "lo normal" sería que se activaran los mecanismos para su ingreso en prisión.

No obstante, no contemplan esa posibilidad a corto plazo. Tratándose de un asunto sobre el que ya se plantea un indulto, es probable que el órgano que le condenó por una de las mayores causas de corrupción, aguarde a la espera de ver cómo evoluciona la vía administrativa. Ésta no ha comenzado su tramitación pero es cuestión de tiempo.

Las bazas del indulto

El Gobierno tendrá que argumentar los motivos por los que considera que José Antonio Griñán no debe entrar en prisión. Su indulto sería parcial (y no total), de contar con informes desfavorables que debe recabar el Ministerio. Ello implica que no le podrían anular la pena de seis años de prisión, pero sí reducirla para evitar su ingreso en la cárcel.

La principal baza a la que se podría aferrar es a los dos votos particulares que las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo han formulado contra la condena de Griñán por malversación. Las dos miembros del tribunal entienden que no se contaban con suficientes indicios para atribuirle este delito y que la resolución ha sido un "arriesgado salto al vacío".

El Ministerio atenderá estos reclamos para defender que el expresidente socialista desconocía las ilegalidades que se cometieron durante diez años. Sin embargo las fuentes consultadas inciden en que el argumento de que no se quedaron con los cerca de 700 millones de euros malversados no quiere decir que no se beneficiaran políticamente de la actuación. Además, insisten en que, a diferencia de otras situaciones de indulto, en este caso los delitos por los que han sido condenados generan rechazo de la sociedad; máxime tratándose de fondos que provienen de los impuestos de todos los ciudadanos, no solo de Andalucía.