El “reposicionamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Euskadi” es una amenaza. Al menos, así lo define un informe presentado por el Gobierno vasco donde se analiza las líneas maestras en su plan general de seguridad para los próximos años. Y que estos cuerpos -Policía Nacional y Guardia Civil- buscan una mayor “visibilidad” con unas “interpretaciones sesgadas” de sus competencias. Definiciones que ya han provocado el rechazo desde esferas sindicales.

El estudio, al que ha tenido acceso Vozpópuli, cuenta con 139 páginas y está bautizado con el nombre de Plan general de Seguridad Pública de Euskadi, 2020-2025. Lleva el membrete del Gobierno vasco y fue presentado por el vicelehendakari Josu Erkoreka en el Parlamento vasco este mismo lunes.

El plan “actualiza y realiza una nueva valoración de los riesgos y amenazas a los que se enfrenta la sociedad vasca en la actualidad”, así como “los medios y recursos de los que dispone en materia de seguridad y los nuevos retos, líneas, iniciativas y acciones para los próximos años”. Cuenta con varios episodios que abordan desde la seguridad en materia sanitaria hasta el narcotráfico, pasando por los accidentes de tráfico o las “acciones violentas asociadas al islamismo radical”.

Las competencias policiales

En el capítulo dedicado al estado de la seguridad en la región, el Gobierno vasco hace un “análisis integrado” en los que detalla las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas frente a los “grandes retos en materia de seguridad integral que afronta la Comunidad Autónoma de Euskadi”.

Es en el apartado de “amenazas” donde se da cuenta de las “interpretaciones sesgadas del marco competencial vasco”. A su juicio, “se está produciendo un reposicionamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Euskadi que buscan tener visibilidad”. En concreto, acusa a Guardia Civil y Policía Nacional de atribuirse materias como “seguridad ciudadana, el tráfico o las emergencias” que no les corresponden.

Una interpretación que ha provocado la reacción del Sindicato Unificado de Policía (SUP): “Resulta demencial que, en el año 2021, el vicelehendakari del Gobierno Vasco presente un estudio en el que se adjetiva como una ‘amenaza para la seguridad pública’ la adaptación de la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma”.

Desde el sindicato denuncian que mientras desde el Estado “se hacen avances en la integración de las policías autonómicas en los órganos de coordinación y cooperación”, el Gobierno vasco “trata de obviar” las competencias que los cuerpos policiales “tienen fijadas” mediante Ley Orgánica y el Estatuto de Guernica. En un comunicado, el SUP considera “sectario” y “retrógado” el análisis que el ejecutivo regional hace en su plan de seguridad.

Decreciente "presencia del Estado"

Este sindicato, junto a otros tres representativos del cuerpo -la Confederación Española de Policía (CEP), el Sindicato Profesional de Policía (SFP) y la Unión Federal de Policía (UFP)- firmaron el pasado mes de octubre una carta conjunta en la que denunciaban la decreciente “presencia del Estado” en el País Vasco, en una estrategia que salpicaba directamente a los agentes policiales.

Pese a estas denuncias, el Gobierno vasco asevera en el prólogo de su informe que “el Plan General de Seguridad Pública de Euskadi 2020-2025 se construye desde un enfoque de seguridad
integral” y “que recoge las iniciativas de todas las entidades implicadas en la seguridad de la Comunidad Autónoma del País Vasco”.

El SUP, por su parte, apunta a la “campaña de oscurecimiento e invisibilidad” que, a su juicio, sostienen desde el Gobierno vasco contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: “Somos corresponsables, junto con el resto de cuerpos policiales, de la seguridad pública, dentro de la que se incluye la de todos los ciudadanos vascos”.