El Gobierno usa una vieja traducción del Tratado de la UE para colar catalán, euskera y gallego en Bruselas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado a sus socios europeos una propuesta escrita de modificación del Reglamento Nº 1 de la Unión Europea para reconocer el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales en las instituciones europeas. El borrador, al que ha tenido acceso Vozpópuli, utiliza una justificación sorprendente. En lugar de mencionar su uso en algunas regiones de España y los millones de personas que lo hablan, el documento presentado por el Gobierno argumenta que el Tratado de la Unión Europea (carta fundacional del bloque) está traducido oficialmente a estos idiomas.

El Consejo de Asuntos Generales de la UE (CAG) abordará el martes de la semana que viene (19 de septiembre) una propuesta de España para que catalán, euskera y gallego se unan a las 23 lenguas -incluida el castellano- reconocidas como oficiales por Bruselas. Esta petición es un compromiso adoptado por Sánchez a cambio del apoyo de los diputados de Carles Puigdemont a la socialista Francina Armengol como presidenta de la Congreso de los Diputados.

Para el reconocimiento las lenguas cooficiales españolas, el Gobierno ha enviado a sus socios una modificación del Reglamento Nº 1 por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea. Es uno de los textos legales más antiguos del bloque, que se ha modificado a lo largo de los años para sumar nuevos idiomas a medida que la Unión Europea iba creciendo en número de países.

Lo que ha hecho el Gobierno es añadir al Reglamento un "considerando" previo: "Considerando que, con arreglo a lo previsto en el art. 55.2 Tratado de la Unión Europea, los Tratados han sido traducidos al catalán, al euskera y al gallego".

El Tratado de la UE está traducido

Es decir, evita el argumento del número de personas que lo hablan y el uso cooficial de estas lenguas en España. La razón es que una petición así abriría la puerta a otros muchos idiomas que se usan en diversas provincias de varios países de la Unión y que tampoco gozan de reconocimiento oficial.

El artículo 55.2 del Tratado de la UE al que se refiere el Gobierno establece que cualquier Estado miembro podrá traducir a cualquier lengua cooficial que tenga dicho Tratado y depositar una copia en el Consejo. La estrategia del Gobierno es centrarse precisamente en este formalismo de escaso valor como el de una traducción oficial del Tratado a estos idiomas. Con esa percha, se plantea una nueva redacción del Artículo 1 del Reglamento para añadir el catalán, el euskera y el gallego a los 23 idiomas ya reconocidos.

En ese sentido, tal y como ha admitido el Gobierno, una modificación del régimen lingüístico que afecta a la Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea debe ser aprobado por la unanimidad de los miembros del Consejo. El reconocimiento de un idioma oficial en el seno de la UE supone, por un lado, avalar su uso en la Eurocámara y, por otro, que cualquier ciudadano tendría derecho a dirigirse a las instituciones en dicha lengua y ser respondido en ella.

Alemania, en contra

Este diario ya ha informado de que es casi imposible sacar adelante la iniciativa. Algunos países como Alemania o Eslovaquia han sugerido públicamente que se opondrán a un cambio en el Reglamento por ser exclusivamente una cuestión de política interna española. Entienden que no es una propuesta de España, sino de Sánchez, que necesita esa modificación para sacar adelante su investidura. Uno de los medios de referencia en Bruselas, el diario Politico, también ha informado de que los Veintisiete han recibido con escepticismo la propuesta española.

El CAG reúne al menos una vez al mes a los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete y es algo así como una reunión preparatoria de los Consejos europeos de jefes de Estado y de Gobierno. La agenda del 19 de septiembre incluye el cambio de régimen lingüístico planteado por España, que tiene la iniciativa por ostentar la presidencia de turno de la Unión.

Además se abordará la situación del Estado de Derecho en los países de la UE y la preparación del Consejo de octubre. España albergará una reunión informal de presidentes y primeros ministros el 6 de octubre en La Alhambra de Granada. El Consejo europeo propiamente dicho será los días 26 y 27 de octubre en Bruselas.